Guillermo Pérez Luque
En el día de hoy martes, un integrante de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Río Gallegos solicitando que se investiguen presuntas situaciones de intimidación y condicionamiento ocurridas durante las reuniones de negociación salarial mantenidas con representantes del Gobierno Provincial.
La presentación fue realizada por Víctor Cortés, integrante de la entidad reconocida oficialmente por el Ministerio de Trabajo provincial para participar en el Consejo del Salario. De acuerdo a la información recabada por Ahora Calafate, el denunciante pide que se investigue si durante los encuentros desarrollados en junio pudieron configurarse delitos como amenazas, coacciones, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cuestionamientos durante las reuniones
Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante las reuniones salariales realizadas en Río Gallegos mientras los efectivos policiales y penitenciarios mantenían medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia.
El documento señala que en la primera reunión, realizada el 10 de junio, se habrían impuesto restricciones a representantes de la MUPP que, según los denunciantes, no fueron aplicadas en igualdad de condiciones al resto de los participantes. También sostiene que se impidió el ingreso de Ramón Quipildor, uno de los asesores técnicos del grupo.
La situación, según denunció volvió a repetirse durante el encuentro del 12 de junio, pese a que existía un compromiso previo de permitir la participación de ese equipo técnico.
Cortés menciona como responsables al jefe de Policía de Santa Cruz, Comisario General Diego Agüero, y al subjefe de la fuerza, Comisario General Ramón Bordón.
El escrito sostiene que durante las reuniones se realizaron manifestaciones vinculadas a supuestas causas judiciales federales, eventuales sumarios administrativos y autorizaciones laborales de algunos representantes de la MUPP, circunstancias que los denunciantes interpretaron como presiones mientras ejercían funciones de representación en el ámbito salarial.
La denuncia menciona además la presencia de funcionarios políticos durante las negociaciones y señala que ninguno habría intervenido para detener las situaciones denunciadas.
Qué pide la investigación
Entre las medidas solicitadas a la Fiscalía figuran la toma de declaraciones testimoniales a los integrantes de la MUPP, la citación de funcionarios que participaron de las reuniones, la incorporación de las actas completas de las negociaciones salariales, registros de ingreso, filmaciones y material audiovisual vinculado a los encuentros.
También se solicita la adopción de medidas de protección para denunciantes y testigos, con el objetivo de evitar posibles represalias administrativas, laborales o disciplinarias derivadas de la presentación judicial.
La denuncia incorpora un componente judicial a un conflicto que hasta ahora se desarrollaba principalmente en el terreno salarial y sindical.
Mientras mañana miércoles se espera que continúen las negociaciones entre el Gobierno Provincial y los representantes policiales, la Fiscalía deberá ahora evaluar el contenido de la presentación y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación sobre los hechos denunciados.
