CONFLICTO POLICIAL. Denuncia penal contra quienes ocuparon el acceso a la Casa de Gobierno

La Fiscal de Estado de Santa Cruz, Natalia Linardi, presentó una denuncia penal por los hechos ocurridos ayer martes en la Casa de Gobierno, cuando un grupo de manifestantes vinculados al reclamo salarial policial ocupó los jardines del edificio, y habría bloqueado el acceso y la salida de vehículos oficiales.

La presentación judicial fue realizada horas atrás ante la Fiscalía de Instrucción y apunta contra "todas aquellas personas que resulten ser autores, coautores, cómplices, instigadores y/o partícipes necesarios" de los hechos ocurridos alrededor de las 11 de la mañana.

"Una irrupción ilegítima"

En el escrito al que accedió Ahora Calafate, Linardi sostiene que un grupo de personas, identificadas en su mayoría como personal policial en actividad y retirado, realizó "una irrupción ilegítima en los jardines del edificio, bloqueando de manera arbitraria el acceso y el egreso por el portón principal".

Según la presentación, los manifestantes ocuparon el sector de ingreso a la sede gubernamental y bloquearon la circulación de vehículos oficiales, afectando el normal funcionamiento de la administración provincial.

Si bien reconoce que los hechos se produjeron en el marco de reclamos salariales que son de público conocimiento, la denuncia sostiene que las acciones realizadas excedieron el ejercicio del derecho a la protesta.

La Fiscal de Estado considera que los hechos configuraron "una invasión ilegítima a un edificio que es centro de la administración del Estado" y “una afrenta directa a la libertad ambulatoria y al libre ejercicio de la función pública".

La denuncia sostiene además que el accionar reviste una “gravedad institucional inusitada” debido a que habría sido protagonizado por personas vinculadas a la fuerza policial.

Junto con la denuncia se incorporó diversa documentación y material probatorio, como imágenes, publicaciones en redes sociales, y actas de constatación

Intervención de fuerzas federales

Uno de los aspectos más relevantes de la presentación judicial es el pedido de una medida cautelar urgente para garantizar el normal funcionamiento de la Casa de Gobierno.

Linardi solicitó que se ordene a la Jefatura de Policía adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad del edificio, el acceso y egreso de funcionarios y trabajadores, y el normal funcionamiento institucional.

Sin embargo, el escrito va más allá y contempla un escenario excepcional en caso de que la Policía provincial informe que no está en condiciones de garantizar esas medidas. 

En ese caso, la Fiscal de Estado solicita expresamente "la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación para la intervención de las Fuerzas Federales con asiento en esta jurisdicción".

La presentación fundamenta ese pedido en la necesidad de "salvaguardar la integridad de los agentes del Estado y el normal funcionamiento institucional, ante la omisión o ineficacia del organismo policial provincial".