Novedades sobre la causa por la muerte de dos bebés en el Hospital SAMIC

La investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que fallecieron dos bebés internados en el Servicio de Neonatología del Hospital SAMIC de El Calafate registró una nueva resolución procesal.

Ahora Calafate supo que el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, a cargo del juez Carlos Albarracín, rechazó el recurso de revocatoria presentado por el Hospital SAMIC, que pretendía dejar sin efecto la resolución mediante la cual había sido apartado de la causa en su carácter de querellante.

Con esta decisión, queda firme el criterio del magistrado, quien entendió que el hospital no puede intervenir como acusador particular en una investigación cuyo objeto es precisamente determinar si existieron o no irregularidades ocurridas dentro del propio hospital o vinculadas con su funcionamiento.

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No obstante, el rechazo de la revocatoria no agota las posibilidades procesales del SAMIC, que ahora podrá insistir mediante el recurso de apelación ya interpuesto en subsidio. En ese caso, será la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos la que deba resolver si confirma o revoca la decisión adoptada por el juez de primera instancia.

Por qué fue apartado el Hospital

Como informó oportunamente Ahora Calafate, el Hospital SAMIC había solicitado intervenir como querellante al iniciarse la investigación, petición que inicialmente fue admitida.

Sin embargo, posteriormente la representación de una de las familias denunció que esa participación resultaba incompatible con el desarrollo de la causa, ya que el establecimiento constituye el ámbito donde ocurrieron los hechos que se investigan y donde desempeñan funciones muchos de los profesionales que serán objeto de distintas medidas probatorias.

El juez hizo lugar al planteo del Dr. Ignacio Alcántara y resolvió excluir al Hospital como parte querellante, al considerar que no reúne la condición de víctima directa exigida por la legislación procesal y que su permanencia en ese rol podría afectar la objetividad de la investigación.

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En la nueva resolución, el magistrado concluyó que los argumentos expuestos por el SAMIC no lograron desvirtuar los fundamentos de aquella decisión, motivo por el cual rechazó la revocatoria.

Continúa la investigación

Recordemos que la causa se inició a partir de denuncias formuladas por familiares de los bebés fallecidos, quienes solicitaron la intervención de la Justicia ante la sospecha de posibles irregularidades en la atención brindada durante las internaciones.

Desde entonces, el juzgado viene desarrollando una amplia producción de prueba. Entre las principales medidas ya ordenadas figuran el secuestro de las historias clínicas de los recién nacidos y de sus madres, la preservación de registros de enfermería, protocolos asistenciales, estudios complementarios, imágenes diagnósticas y demás documentación médica y administrativa relacionada con los casos.

También interviene el Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia, cuyos especialistas deberán elaborar pericias destinadas a establecer si los fallecimientos obedecieron exclusivamente a la evolución clínica de los pacientes o si existieron eventuales deficiencias asistenciales.

Declaran médicos, enfermeros y directivos

Una de las próximas etapas de la investigación está centrada en la recepción de declaraciones testimoniales.

El juzgado convoca a médicos neonatólogos, obstetras, pediatras, enfermeros, licenciados en enfermería y demás integrantes del equipo de salud que participaron en la atención de los bebés.

También serán citados directivos y responsables del Hospital SAMIC, quienes deberán brindar información sobre la organización del Servicio de Neonatología, los protocolos vigentes, la disponibilidad de recursos humanos y materiales y las circunstancias registradas durante el período investigado.

Todos esos testimonios serán confrontados con la documentación secuestrada y con los futuros informes periciales.

La causa por la muerte de dos bebés en el SAMIC permanece en una etapa preliminar y no hay personas imputadas. Todas las medidas adoptadas tienen como finalidad reunir evidencia objetiva antes de resolver si existen responsabilidades penales.