Reclamo por la suspensión de la Sala Acusadora: Alegría pidió respetar los procedimientos institucionales

La suspensión de la reunión de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, que este miércoles debía comenzar a analizar el pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición legislativa.

Uno de ellos fue el diputado por El Calafate, Carlos Alegría, integrante de la Sala Acusadora, quien expresó públicamente su malestar por la forma en que fue cancelado el encuentro y reclamó que se respeten los procedimientos institucionales previstos para el funcionamiento del órgano.

Suspendieron la reunión que iba a iniciar el tratamiento del juicio político contra cuatro vocales del TSJ

A través de sus redes sociales, Alegría sostuvo que la situación ocurrida este miércoles "no puede naturalizarse" y cuestionó que la suspensión se comunicara cuando varios diputados ya se encontraban en Río Gallegos para asistir a la reunión.

"Cuando un órgano constitucional convoca una reunión oficial y, una vez que los diputados ya se encuentran presentes, la suspensión se comunica de manera verbal y sin una notificación formal previa, no está en juego solamente una agenda. Está en juego el respeto por las instituciones", expresó.

El legislador explicó que, al llegar al recinto legislativo, fue informado verbalmente de que la reunión había sido suspendida, por lo que decidió presentar una nota formal dirigida al presidente de la Cámara de Diputados y de la Sala Acusadora.

En esa presentación solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano constitucional y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Alegría aclaró que su planteo no apunta a cuestionar los motivos de la suspensión, sino la forma en que se desarrolló el procedimiento. "Se trata de defender principios básicos que deben regir el funcionamiento de cualquier institución pública: previsibilidad, respeto por los procedimientos, seguridad jurídica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos", sostuvo.

Comienza a tratarse el pedido de juicio político contra cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia

También hizo referencia a las dificultades que enfrentan los legisladores del interior para cumplir con las convocatorias en la capital provincial.

"Quienes vivimos en localidades del interior conocemos el esfuerzo que implica trasladarse hasta Río Gallegos para cumplir con nuestras funciones. Cada convocatoria demanda tiempo, organización, recursos y compromiso", manifestó.

Finalmente, remarcó que el juicio político constituye uno de los principales mecanismos de control previstos por la Constitución Provincial, por lo que consideró indispensable preservar su correcto funcionamiento.

Comunicado de Unión por la Patria

La reunión suspendida había sido convocada para iniciar el tratamiento del pedido de juicio político promovido por el abogado Sergio Macagno contra cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia. Hasta el momento, la Legislatura no informó una nueva fecha para su realización.

Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria también difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la suspensión de la reunión secreta.

Los legisladores señalaron que la cancelación fue comunicada a último momento, cuando diputados de distintas localidades ya habían realizado los traslados para participar del encuentro, situación que generó inconvenientes institucionales y administrativos.

Asimismo, sostuvieron que el planteo responde a la necesidad de "resguardar la institucionalidad, la transparencia, el debido funcionamiento de los mecanismos de control previstos por la Constitución y el uso responsable de los recursos públicos", agregando que "las instituciones no pueden manejarse discrecionalmente".

En ese marco, solicitaron a la Presidencia de la Cámara de Diputados que adopte las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la Sala Acusadora, asegurar el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.