Guillermo Pérez Luque
La realidad de las cárceles federales de la Patagonia presenta un panorama diverso. Mientras algunos establecimientos funcionan cerca de su capacidad o avanzan con ampliaciones para alojar más personas privadas de la libertad, la Unidad 15 de Río Gallegos continúa entre las pocas del país que no registra sobrepoblación, de acuerdo con el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
El documento al que accedió Ahora Calafate, analiza el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Permite conocer cómo se encuentran las unidades de la región dentro de un sistema que, a nivel nacional, volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y ya presenta una sobrepoblación del 6,8%.
Río Gallegos, con margen de capacidad
Según el relevamiento, la Unidad 15 de Río Gallegos alojaba 110 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad informada de 114 plazas, lo que la ubica entre los establecimientos que aún mantienen margen operativo.
El informe señala que se trata de una unidad de mediana seguridad, destinada principalmente a personas condenadas que transitan las etapas finales del cumplimiento de la pena.
Sin embargo, la Procuración Penitenciaria advierte que el edificio presenta limitaciones propias de su antigüedad.
Entre otras falencias, el informe indica que las celdas de la U-15 no cuentan con sanitarios individuales, que los pabellones carecen de acceso directo a patios exteriores y que el establecimiento requiere tareas permanentes de mantenimiento.
A la vez, destaca que la unidad dispone de talleres de panadería, carpintería, herrería, electricidad y tapicería, además de gimnasio, huerta y una casa de pre-egreso destinada a internos próximos a recuperar la libertad.
El organismo también señala que buena parte de las consultas recibidas en Río Gallegos están vinculadas con el acceso al régimen progresivo de ejecución penal, como salidas transitorias y otros beneficios previstos para quienes cumplen condena.
Internos trasladados desde Buenos Aires
Otro aspecto que vuelve a señalar la Procuración Penitenciaria es la situación de personas detenidas lejos de los tribunales donde tramitan sus causas.
En la Unidad 15 permanecen 34 personas cuyos expedientes corresponden a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, pero cumplen su detención a más de 2.500 kilómetros de distancia.
El organismo recuerda que este tipo de traslados ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por su impacto sobre el contacto familiar y el acceso a la defensa, al dificultar las visitas y el vínculo con el entorno social de las personas privadas de libertad.
Distintas realidades en el resto de la Patagonia
El informe muestra que las demás unidades federales patagónicas presentan escenarios diferentes.
En Neuquén, el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa aloja 618 personas, muy cerca de las 627 plazas habilitadas luego de una reciente ampliación.
La Procuración valoró parte de las mejoras edilicias incorporadas durante los últimos años, aunque cuestionó que varias ampliaciones del sistema federal prioricen el aumento de plazas antes que la construcción de espacios educativos, laborales y recreativos.
En Chubut, la Unidad 14 de Esquel también atraviesa un proceso de ampliación.
Según el organismo, el proyecto original contemplaba nuevas aulas, biblioteca, gimnasio y espacios para visitas familiares. Sin embargo, durante la ejecución esas obras fueron modificadas para incorporar alrededor de 80 nuevas plazas de alojamiento, reduciendo parte de los espacios destinados a actividades educativas y recreativas.
La Procuración advierte que este tipo de decisiones puede generar dificultades futuras, ya que el incremento de la población penitenciaria no siempre es acompañado por infraestructura adecuada para el desarrollo de programas de educación, trabajo y reinserción.
Por su parte, las unidades federales de General Roca, Viedma y Rawson mantienen niveles de ocupación cercanos a su capacidad, aunque sin registrar los niveles de hacinamiento observados en otras regiones del país.
El contexto nacional
La situación de las cárceles patagónicas se inscribe en un sistema penitenciario federal que continúa creciendo.
De acuerdo con el último informe semestral elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), al cierre de junio de 2026 había 12.319 personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, 153 más que al finalizar 2025.
Ese incremento llevó nuevamente al sistema por encima de su capacidad declarada, con una sobrepoblación de 785 personas, equivalente al 6,8%.
Actualmente, el 64,4% de las personas detenidas cuenta con condena firme, mientras que el 35,6% permanece con prisión preventiva.
El informe también señala que las mujeres representan el 8,5% de la población alojada en cárceles federales y que las personas extranjeras constituyen el 15,9% del total.
Desafíos que persisten
Más allá de las diferencias entre establecimientos, la Procuración Penitenciaria sostiene que el sistema penitenciario federal continúa enfrentando problemas estructurales.
Entre ellos menciona la necesidad de mejorar la infraestructura de las unidades más antiguas, garantizar el acceso a programas de trabajo y educación, reducir el uso de traslados que alejan a las personas de sus lugares de origen y asegurar condiciones de detención compatibles con los estándares de derechos humanos.
En ese contexto, la situación de la Unidad 15 de Río Gallegos aparece como una excepción en cuanto a ocupación, aunque el propio informe advierte que la ausencia de sobrepoblación no elimina los desafíos vinculados con el mantenimiento edilicio, el acceso a derechos y el funcionamiento cotidiano de la unidad.
