Guillermo Pérez Luque
La Cámara de Diputados de Santa Cruz celebrará el próximo jueves 23 de julio, a las 11:00, una sesión extraordinaria convocada exclusivamente para analizar un proyecto de ley que propone declarar el Estado de Emergencia Habitacional en toda la provincia. La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución Nº 291/2026, firmada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Javier Jara, y el secretario general Diego Castro.
La iniciativa fue presentada por el bloque Por Santa Cruz, con la firma de su presidente, Santiago Aberastain Zubimendi, y plantea que la emergencia tenga una vigencia de dos años, con posibilidad de ser prorrogada por un año más si persisten las condiciones que la motivan.
Agilizar soluciones habitacionales
El proyecto establece que el objetivo central de la declaración de emergencia será acelerar la construcción de soluciones habitacionales, regularizar situaciones dominiales y dotar de infraestructura básica a las distintas localidades santacruceñas.
Para ello, propone otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, permitiéndole implementar herramientas administrativas, financieras y operativas destinadas a atender la crisis habitacional.
Entre las principales medidas previstas se encuentran la reasignación de partidas presupuestarias para planes de vivienda e infraestructura, la implementación de procedimientos simplificados de contratación, la firma de convenios con municipios, Nación, entidades financieras y organizaciones, la regularización dominial de inmuebles y la creación de un Banco Provincial de Tierras destinado a identificar, adquirir o expropiar terrenos para futuros loteos sociales.
Comisión de seguimiento y reglamentación
La propuesta también contempla la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Habitacional, integrada por tres diputados representativos de las mayorías y minorías parlamentarias.
Además, el Ejecutivo debería remitir informes semestrales sobre el avance de las obras, la ejecución presupuestaria y los resultados de los programas implementados. La eventual ley fija además un plazo de 60 días para su reglamentación una vez promulgada.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, el bloque oficialista sostiene que la iniciativa responde a una "realidad ineludible y urgente" que afecta a miles de familias santacruceñas y atribuye la situación al crecimiento demográfico de las localidades, los vaivenes económicos y la paralización de obras públicas de los últimos años.
El texto al que accedió Ahora Calafate argumenta que los mecanismos administrativos ordinarios resultan insuficientes para afrontar la magnitud del problema y sostiene que el Gobierno necesita herramientas extraordinarias para actuar con mayor rapidez, aunque remarca que el proyecto incorpora mecanismos de control legislativo y rendición de cuentas. También señala que el objetivo es avanzar hacia un desarrollo urbano planificado y garantizar el acceso a una vivienda digna.
