Guillermo Pérez Luque
El Gobierno de Santa Cruz respondió oficialmente al reclamo formulado por la Fundación Valdocco y rechazó "en todos sus términos" la carta documento mediante la cual la institución había intimado al Ministerio de Desarrollo Social por la falta de envío de fondos destinados al comedor escolar de su sede de El Calafate.
A través de un comunicado difundido este viernes, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración sostuvo que las manifestaciones de la Fundación "carecen de sustento fáctico y jurídico" y aseguró que las obligaciones asumidas por el Estado se cumplen conforme a los convenios vigentes y a los procedimientos administrativos y presupuestarios correspondientes.
La cartera provincial negó haber incurrido en incumplimientos, mora o vulneración de derechos y afirmó que las rendiciones de cuentas y la documentación requerida forman parte de los mecanismos de control previstos por la legislación para la utilización de fondos públicos.
Confirman que las partidas ya fueron transferidas
Uno de los principales puntos del comunicado oficial es la confirmación de que este jueves fueron depositadas las partidas destinadas a los comedores escolares.
El Ministerio aclaró que no se trató de un pago exclusivo para Valdocco, sino de una transferencia realizada a la totalidad de las instituciones que mantienen convenios con el Estado provincial para brindar el servicio alimentario.
La información coincide con lo adelantado por fuentes gubernamentales a Ahora Calafate, que habían reconocido un retraso en la ejecución presupuestaria y anticipado que la situación se normalizaría durante esta semana.
Revisión del convenio
Además de rechazar la intimación, el Ejecutivo provincial planteó la necesidad de modificar el convenio vigente con la Fundación Valdocco.
Según explicó el Ministerio, la intención es incorporar mayores criterios de transparencia y trazabilidad en la asignación de los recursos públicos, de manera que las prestaciones alimentarias estén dirigidas específicamente a la población escolar en situación de vulnerabilidad, tal como ocurre con el resto de las instituciones que reciben financiamiento estatal.
El comunicado sostiene que la Provincia manifestó su voluntad de avanzar en esa revisión, pero afirma que la Fundación rechaza incorporar esas nuevas condiciones.
En ese sentido, el Ministerio recordó que el servicio de comedor es financiado íntegramente con recursos provinciales y que, por esa razón, los convenios deben ajustarse al marco legal, administrativo y presupuestario vigente.
Ratifican la continuidad del servicio
En el tramo final del comunicado, la cartera social reafirmó su compromiso con la continuidad de las prestaciones alimentarias destinadas a niñas, niños y adolescentes y expresó su disposición a mantener el diálogo institucional con la Fundación para regularizar el vínculo.
Al mismo tiempo, dejó planteada la posibilidad de impulsar acciones administrativas y legales que considere necesarias para resguardar el interés público y la correcta utilización de los recursos provinciales.
Un conflicto que se profundizó esta semana
La respuesta oficial llega después de varios días de fuerte tensión entre ambas partes.
Como informó Ahora Calafate, la Fundación Valdocco comunicó a las familias de su Casa Educativa de El Calafate que desde el lunes 27 de julio suspendería el servicio de almuerzo, al asegurar que el Ministerio de Desarrollo Social no había transferido las partidas correspondientes a los últimos tres bimestres del Programa de Comedores Escolares y que ya no contaba con alimentos para sostener el servicio.
Posteriormente, el abogado de la institución, Matías Solano, confirmó que la Fundación había enviado una carta documento intimando al Ministerio a regularizar los pagos. Sostuvo que el Estado incumplía tanto el convenio vigente como una sentencia de la Cámara de Apelaciones que, según la interpretación de la Fundación, obliga a la Provincia a continuar financiando el comedor escolar mientras se resuelve el conflicto judicial.
Solano incluso advirtió que la conducta del Ministerio podría configurar un incumplimiento de una orden judicial y anticipó que la institución evaluaría nuevas acciones legales si la situación no se resolvía.
