En noviembre de 2001, semanas antes de que el país entrara en uno de sus peores colapsos en democracia, el Congreso argentino encontró tiempo para discutir el precio de los libros. Visto desde hoy parece una excentricidad, casi un chiste de época: el Estado se derrumbaba y los legisladores debatían cuánto debía costar una novela. Pero aquella discusión respondía a una urgencia precisa. Un supermercado que siempre se instala en encrucijadas había empezado a vender los títulos de mayor rotación con descuentos que ninguna librería podía igualar, y el sector entero, editores grandes y chicos, cadenas y libreros de barrio, entendió lo que estaba en juego. Cuando el supermercado usa el bestseller como señuelo, como gancho para vender detergente, lo que se destruye no es el margen de un comerciante: es la trama que hace posible que existan todos los otros libros, los que no se venden solos, los que necesitan tiempo de mesa, recomendación, paciencia. De esa lucidez improbable, en medio del incendio, nació la Ley 25.542, la ley de defensa de la actividad librera. Que un país en llamas haya legislado para proteger sus librerías dice algo sobre lo que ese país creía valioso. Que un cuarto de siglo después, sin incendio a la vista, un gobierno quiera derogarla dice algo mucho mas contundente y mas preocupante aún.
El mecanismo de la ley es de una sencillez engañosa: el editor o el importador fija un precio uniforme de venta al público para cada título, y ese precio rige en todo el territorio y en todos los canales. El mismo libro cuesta lo mismo en una cadena de Palermo, en una librería de Villa Gesell y en otra de Resistencia. La norma prevé sus propias excepciones, que son reveladoras: permite descuentos en ferias y exposiciones, y precios especiales para bibliotecas, escuelas e instituciones sin fines de lucro. Es decir: flexibiliza el precio exactamente allí donde el descuento produce lectores, y lo sostiene allí donde el descuento produce concentración. Durante casi veinticinco años la ley funcionó con algo rarísimo en la vida pública argentina: el consenso unánime del sector que regula. Nadie pidió jamás tocarla.
El pedido llegó de afuera. El anteproyecto de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, un borrador de ciento cuarenta y cuatro páginas que propone derogar y modificar decenas de normas, incluye en su artículo 15 la derogación lisa y llana de la 25.542. Y hace algo más, que se está discutiendo menos y que importa igual o más: su artículo 14 desarma piezas centrales de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, entre ellas los artículos que crean el Fondo Nacional con el que se sostienen los programas públicos de lectura. Es el tercer intento: la misma derogación viajaba en el DNU 70/23 y en la primera versión de la Ley Bases, y en ambos casos naufragó. La insistencia es el dato. Porque el mercado del libro no mueve ninguna aguja macroeconómica; derogar esta ley no baja el riesgo país ni engrosa el superávit. La medida no es económica: es doctrinaria. Afirma que el libro es una mercancía como cualquier otra y que el Estado no tiene nada que hacer entre un lector y una góndola.
Conviene tomar en serio el argumento oficial, porque tiene un atractivo inmediato: ¿Quién puede estar en contra de que los libros sean más baratos? La promesa de la desregulación es siempre la misma, competencia, descuentos, beneficio para el consumidor, y durante unos meses sería incluso verdad. Las cadenas y las plataformas venderían el fenómeno editorial de la temporada más barato que hoy. El problema es lo que ocurre después. Y para saber lo que ocurre después no hace falta imaginación: hace falta memoria, porque el experimento ya se hizo, con grupo de control y todo.
El Reino Unido abandonó su acuerdo de precio fijo, el Net Book Agreement, a mediados de los años noventa, con los mismos argumentos que hoy se escuchan en Buenos Aires. Los bestsellers se abarataron en los supermercados, tal como se había prometido. En las dos décadas siguientes cerró más de la mitad de las librerías independientes británicas, el mercado se concentró primero en un par de cadenas y después en Amazon, y los precios promedio, una vez raleada la competencia, no bajaron: subieron. Francia hizo el camino inverso. La Ley Lang de 1981 —el modelo explícito de la norma argentina— fijó el precio único partiendo de una definición que Jack Lang enunció entonces y que sigue siendo el corazón del asunto: el libro no es un producto como los demás. Francia conserva hoy una de las redes de librerías independientes más densas del mundo; Alemania, con su Buchpreisbindung, otro tanto. No hace falta que la Argentina repita el experimento para conocer el desenlace: los libreros ya miran lo que Amazon hizo con los mercados de Brasil y de México, donde ninguna ley lo frenaba.
¿Por qué funciona el precio fijo? Porque desplaza la competencia del precio hacia el catálogo. Si nadie puede vender más barato, las librerías compiten por lo único que les queda: el criterio. La curaduría, la mesa de novedades donde la poesía convive con la historia y con la primera novela de un desconocido, el librero que escucha lo que uno leyó y arriesga lo que uno debería leer. El descuento agresivo, en cambio, solo es posible para quien compra volumen, y el volumen solo existe para lo que ya se vende. La desregulación no abarata el libro: abarata veinte libros y encarece, o directamente hace desaparecer, todos los demás. A eso los editores lo llaman bibliodiversidad: la posibilidad de que el catálogo de un país no lo escriba un algoritmo de rotación.
La ley tiene, además, una dimensión de la que casi no se habla: es una ley federal. El precio uniforme significa que un lector de Tartagal, de Esquel o de la costa atlántica paga por un libro exactamente lo mismo que un lector de Recoleta. Sin la ley, la lógica del volumen haría el resto: el libro sería marginalmente más barato en cinco barrios de Buenos Aires y más caro, o sencillamente inexistente, en el resto del territorio. Las librerías de provincia, que operan con márgenes mínimos, serían las primeras en caer. Una norma que jamás usa la palabra federalismo resulta ser una de las pocas políticas de federalismo cultural efectivo que tiene el país.
Y aquí conviene volver al artículo 14, y el que marca la idea de mundo que tiene que tener alguien para derogar esta ley. Junto con el precio único, el anteproyecto desarma el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y pone en riesgo, por vía indirecta, mecanismos como el programa Libro % de la CONABIP, que permite a las mas de 1500 bibliotecas populares del país abastecerse en la Feria del Libro pagando hasta la mitad del precio de tapa, una rebaja que la propia ley del precio único habilita como excepción. Las bibliotecas populares son una institución específicamente argentina: las inventó Sarmiento en 1870 y son, desde entonces, una sociedad entre el Estado y los vecinos. Eso es la gestión cultural del Estado cuando funciona bien: una tecnología institucional fina, barata y probada que garantiza que la cultura circule donde el mercado no llega, porque el mercado solo llega donde hay demanda solvente. La Feria, la CONABIP, el precio uniforme: tres piezas de una misma máquina que costó décadas calibrar y que puede desarmarse en una tarde.
Queda la pregunta de fondo: ¿para qué proteger al libro y no al lavarropas? Porque la lectura no es un consumo entre otros. La escuela, la biblioteca, la librería, el mediador que pone el libro justo en la mano justa, esa trama es precisamente lo que la ley sostiene y lo que la derogación se llevaría puesto.
Oscar Wilde definió al cínico como el hombre que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. En noviembre de 2001, un país que se caía a pedazos decidió que sus libros valían una ley. Veinticinco años después, un gobierno con las cuentas ordenadas decide que solo tienen precio. Entre esas dos decisiones no hay una diferencia de política económica. Hay una diferencia de idea de país: uno que entendía, incluso quebrado, que las librerías son parte de su riqueza, y otro que está dispuesto a rematarlas para demostrar una tesis. La ley del libro no necesita modernización, no la pidió nadie del sector, no le cuesta un peso al Tesoro. Solo molesta como símbolo. Y quizás por eso haya que defenderla también como símbolo: porque un Estado que renuncia a distinguir entre un libro y cualquier otra mercancía ya decidió, aunque no lo diga, qué clase de ciudadanos valora, qué clase de cultura merece y el lugar que le da a la cultura como el espacio de refugio, creación y progreso de un país.
PorFlavia Pittella - Infoabe
