La Jefatura de Policía denunció penalmente a efectivos de El Calafate y El Chaltén por el conflicto salarial

La Jefatura de Policía presentó una denuncia penal contra numerosos efectivos de El Calafate y El Chaltén que participaron del denominado "quite de colaboración", medida de fuerza que se extendió durante más de cincuenta días y concluyó en la madrugada del sábado con el levantamiento de los acampes frente a las dependencias policiales.

La presentación fue realizada en el Juzgado de Instrucción de El Calafate por el jefe de Policía, comisario general Diego Martín Agüero, junto al subjefe Luis Bordón. Según pudo saber Ahora Calafate, la denuncia solicita que la Justicia determine si la conducta de los efectivos denunciados encuadra en el delito previsto por el artículo 249 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Qué sostiene la denuncia

De acuerdo a la información recabada por Ahora Calafate, la presentación judicial sostiene que durante la protesta los policías concurrían a sus lugares de trabajo vestidos de civil, pero se abstenían de cumplir las tareas propias del servicio.

Entre otras conductas, la denuncia afirma que los efectivos no acudían a requerimientos, no realizaban patrullajes, no cubrían consignas y no desempeñaban las funciones asignadas en las guardias. Según la Jefatura, esta situación se mantuvo pese a las órdenes impartidas para retomar las tareas.

Fuentes consultadas mencionan que el escrito invoca la  Orden Pública N.º 001/2026, emitida el 13 de junio, y la Orden Interna N.º 001-2026, del 13 de julio. Son instrucciones que fueron desobedecidas por parte del personal involucrado, ahora denunciado.

Alto nivel de adhesión

La presentación judicial también sostiene que la medida de fuerza alcanzó un importante nivel de acatamiento en las dependencias de El Calafate.

Según los datos consignados, la adhesión habría sido del 70 % en el Comando de Patrullas, del 80 % en la Comisaría Primera y del 85 % en la Comisaría Segunda.

Los jefes policiales indicaron esa situación provocó una disminución de la capacidad operativa de la fuerza, obligando a redistribuir oficiales superiores y personal administrativo, además de solicitar el apoyo de fuerzas federales para sostener el servicio de seguridad.

Qué deberá analizar la Justicia

La denuncia no implica que los efectivos hayan cometido un delito. Será ahora la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.

Para ello, deberá analizar, respecto de cada uno de los denunciados, si existía un deber funcional concreto, si tenían la posibilidad material de cumplirlo y si efectivamente incurrieron en una omisión deliberada de esas obligaciones.

La presentación fundamenta esos deberes en la Ley Provincial N.º 746, la Ley de Seguridad Pública N.º 3.523 y en las órdenes internas impartidas por la conducción de la fuerza durante el conflicto.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción

La denuncia fue presentada el viernes, pocas horas antes de que los efectivos levantaran las carpas instaladas frente a las dependencias policiales y dieran por finalizadas las medidas de protesta.

Ahora Calafate pudo saber que el expediente fue remitido a la Fiscalía de Instrucción, que en esta semana deberá emitir su opinión sobre la eventual existencia de un delito antes de que el Juzgado resuelva si corresponde impulsar formalmente la investigación.

Fuentes consultadas por este medio indicaron además que una presentación de características similares fue realizada en Río Gallegos respecto del personal policial que participó de las medidas de fuerza en la capital provincial.

Una eventual condena por el delito previsto en el artículo 249 del Código Penal podría acarrear, además de la sanción penal correspondiente, consecuencias sobre la continuidad del funcionario dentro de la fuerza policial.