Guillermo Pérez Luque
Imagen archivo - Reclamo policial
Mientras en El Calafate comienza a avanzar la investigación penal contra efectivos policiales que participaron del conflicto salarial, un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que busca establecer una protección especial para policías, penitenciarios y bomberos frente a posibles represalias administrativas derivadas de aquellas protestas.
La iniciativa a la que accedió Ahora calafate lleva las firmas de José BODLOVIC, presidente del bloque Unión por la Patria; Eloy ECHAZU, Agostina MORA y Carlos SANTI, del mismo espacio, y Daniel PERALTA, del bloque Santa Cruz Somos Todos.
El proyecto tomó estado parlamentario durante la sesión del jueves pasado y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad; Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Legislación General, donde deberá comenzar su tratamiento.
Una protección por 18 meses
La propuesta apunta a establecer un régimen excepcional y transitorio durante 18 meses para el personal de la Policía de Santa Cruz, Servicio Penitenciario Provincial, Bomberos y otros organismos provinciales de seguridad pública que haya participado, adherido o acompañado los reclamos laborales y salariales desarrollados durante este año.
En su primer artículo se propone declarar la nulidad absoluta de aquellas decisiones administrativas que tengan como causa directa o indirecta la participación del trabajador en el conflicto.
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Daniel Peralta y Eloy Echazú, dos de los diputados firmantes del proyecto
Entre las medidas alcanzadas aparecen apercibimientos, suspensiones, cesantías, exoneraciones, disponibilidad, traslados, cambios compulsivos de destino, modificaciones de funciones u horarios, recargos de servicio, descuentos salariales, calificaciones desfavorables y perjuicios sobre ascensos o promociones.
Es decir, no solamente impediría futuras sanciones motivadas por las protestas, sino que permitiría revisar decisiones que ya hubieran sido adoptadas.
Devolución de descuentos y eliminación de antecedentes
Si se detectara alguna medida alcanzada por la futura ley, el proyecto establece la restitución de la situación administrativa, funcional, económica y profesional anterior del trabajador.
Esto incluye eliminar antecedentes desfavorables incorporados a los legajos, recomponer calificaciones y situaciones relacionadas con ascensos y reintegrar haberes que hubieran sido descontados como consecuencia de la participación en el conflicto.
El antecedente del acuerdo que puso fin al conflicto
En los fundamentos, los diputados recuerdan el extenso conflicto salarial atravesado por las fuerzas de seguridad, que incluyó quites de colaboración, acampes, movilizaciones y protestas frente a dependencias públicas, además de las negociaciones desarrolladas en el Consejo del Salario.
Uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la ley es el acuerdo alcanzado el 17 de julio, cuando se incorporó expresamente una garantía para evitar represalias contra quienes habían participado del reclamo.
Según recuerdan los autores, aquel entendimiento contemplaba que no se iniciaran ni continuaran actuaciones administrativas cuyo fundamento exclusivo fuera la participación en las medidas, incluyendo sanciones, traslados compulsivos, descuentos salariales o perjuicios en los ascensos, siempre que las conductas no configuraran delitos.
Ahora pretenden que aquella garantía deje de depender de un acuerdo y quede establecida por ley.
“La garantía de no represalia no puede quedar librada exclusivamente a acuerdos administrativos, instrucciones internas o compromisos de buena voluntad”, sostienen en los fundamentos.
El proyecto aparece cuando avanza la causa de El Calafate
La presentación adquiere particular relevancia en El Calafate, donde acaba de comenzar formalmente una investigación penal derivada del mismo conflicto.
Como informó Ahora Calafate, el jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, denunció a efectivos que continuaron con el denominado quite de colaboración pese a las órdenes impartidas por la conducción policial para normalizar el servicio.
La fiscal de Instrucción Natalia Mercado analizó la presentación y formuló requerimiento de instrucción por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 249 del Código Penal, sin perjuicio de otras calificaciones que puedan surgir durante la investigación.
La causa tramita ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de El Calafate, a cargo del juez Carlos Albarracín.
Como ya anticipo este medio Las primeras declaraciones testimoniales están previstas para los días 25, 26 y 27 de agosto. Serán convocados responsables de las Comisarías Primera y Segunda, Comando de Patrullas, Dirección General Regional Sudoeste y cuarteles de Bomberos de El Calafate y El Chaltén.
La Justicia buscará determinar cómo se desarrollaron las medidas, qué personal participó y qué incidencia concreta tuvo el quite de colaboración sobre el servicio de seguridad.
Entre los hechos invocados en la denuncia aparece la fuga de Nicolás Adrián Núñez Servín de la Comisaría Segunda, ocurrida mientras se desarrollaba el conflicto.
El propio Agüero explicó posteriormente a FM Dimensión que ese episodio fue uno de los hechos graves que llevaron a la Jefatura a efectuar la presentación judicial. La investigación deberá determinar ahora si la reducción de la capacidad operativa vinculada con el quite de colaboración tuvo incidencia en lo ocurrido.
La ley no frenaría la investigación penal
Este es un punto clave para entender el alcance de la iniciativa legislativa. Aunque el proyecto pretende proteger al personal frente a consecuencias administrativas originadas por su participación en las protestas, sus propios fundamentos aclaran que la protección no interfiere con investigaciones penales ni alcanza a posibles delitos u otras conductas ajenas al reclamo salarial.
Por lo tanto, una eventual aprobación de la ley no implicaría por sí misma detener ni cerrar la causa que actualmente tramita en El Calafate.
Los diputados firmantes también remarcan que la iniciativa “no procura desconocer el régimen jerárquico, disciplinario ni funcional propio de las fuerzas de seguridad”, sino establecer garantías frente a decisiones que pudieran constituir represalias por haber participado del conflicto.
Los 18 meses de vigencia fueron pensados, según los fundamentos, para atravesar el período posterior al conflicto y evitar posibles “represalias diferidas”, sin establecer una inmunidad permanente ni eliminar las facultades disciplinarias del Estado.
