Guillermo Pérez LuqueImagen Ilustrativa IA Ahora Calafate
El futuro de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena provocó este miércoles un fuerte cruce entre diputados nacionales de Santa Cruz durante el plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El debate se originó a partir del proyecto presentado el pasado 20 de mayo por José Luis Garrido (Por Santa Cruz), que propone derogar completamente la Ley 27.154, sancionada en 2015 y mediante la cual se creó la Cámara Federal con jurisdicción sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Frente a esa iniciativa, Unión por la Patria, acompañado por otros bloques opositores al oficialismo, presentó un dictamen de rechazo y puso sobre la mesa otra alternativa: si el inconveniente es instalar el tribunal en Comandante Luis Piedra Buena, evaluar su asiento en Río Gallegos o Ushuaia.
El intercambio tuvo como protagonistas a tres de los diputados nacionales por Santa Cruz: Garrido, Juan Carlos Molina y Ana María Ianni.
Garrido: “Lo mejor sería dar de baja esta ley”
Garrido fue el encargado de fundamentar la iniciativa que presentó en mayo y cuyo artículo primero establece directamente: “Derógase en todos sus términos la Ley 27.154”.
Ante las comisiones recordó que el tribunal fue creado en 2015 con asiento en Comandante Luis Piedra Buena y con la intención de abarcar las jurisdicciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Su argumento central fue que, transcurridos once años, la Cámara nunca pudo ser puesta en funcionamiento.
“Hoy la Cámara de Apelaciones funciona en Comodoro Rivadavia, por consiguiente no ha habido problemas”, afirmó Garrido, quien sostuvo que la falta de infraestructura en Piedra Buena hace inviable la puesta en marcha del nuevo tribunal.
El legislador de Ser Santa Cruz defendió la conveniencia de mantener la estructura actual. “Lo mejor sería dar de baja esta ley, esta iniciativa, y que siga funcionando como hasta el día de la fecha, que no ha traído ningún tipo de inconvenientes ni ningún problema”, expresó.
Garrido vinculó además su propuesta con la necesidad de administrar los recursos públicos y reasignar las partidas previstas para una Cámara que todavía no funciona hacia otros sectores del Poder Judicial.
Ese planteo coincide con los fundamentos escritos de su proyecto, donde afirma que el tribunal nunca fue puesto en funcionamiento y que “no existen inmuebles habilitados a tales fines” en Piedra Buena.
Molina: “Lo que tenemos que discutir no es cerrarla, es hacer que funcione”
Aunque no integra ninguna de las dos comisiones que participaron del plenario, el diputado santacruceño Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) pidió intervenir para responder a Garrido.
Su primera diferencia estuvo centrada en la baja densidad poblacional de la región como uno de los argumentos utilizados para cuestionar la creación de la Cámara
“Si la baja densidad demográfica se convierte en argumento para retirar instituciones nacionales, entonces la Patagonia siempre va a perder”, afirmó.
Para Molina, las grandes extensiones territoriales y la baja cantidad de habitantes son precisamente razones para garantizar presencia institucional.
“El federalismo existe, entre otras cosas, para evitar que esa desigualdad demográfica se transforme en desigualdad institucional”, sostuvo. Y agregó que garantizar derechos institucionales a los habitantes de la Patagonia constituye también “una cuestión de soberanía”..
“Lo que hoy tenemos que discutir no es cerrarlo, no es bajarla, es hacer que funcione”, enfatizó Molina, quien admitió sin embargo, que pueden existir dificultades vinculadas con la ubicación, infraestructura o conectividad de la Cámara.
Pero sostuvo que esos inconvenientes deberían resolverse sin eliminar el tribunal. “Si existen problemas con la sede, veamos cómo resolverlos. Si hace falta estudiar alternativas para su funcionamiento, estudiemos alternativas. Pero no confundamos una dificultad de implementación con la inexistencia de una necesidad institucional”, señaló. Y explicitó que las alternativas podrían ser Ushuaia o Río Gallegos”.
Garrido endureció el debate
La intervención de Molina provocó una segunda participación de Garrido, que esta vez llevó la discusión desde los argumentos presupuestarios y de infraestructura contenidos en su proyecto hacia el terreno político y la conformación del tribunal.
Primero rechazó que la continuidad de la Cámara pudiera plantearse como una cuestión de soberanía.
Garrido preguntó además si existían cuestionamientos concretos al funcionamiento de la actual Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y afirmó que con la derogación “no se le saca ningún recurso ni ningún privilegio” a Santa Cruz.
Pero posteriormente cuestionó políticamente la creación de la Cámara y a uno de los magistrados designados para integrarla. Garrido afirmó que se trató de una Cámara creada “a medida” y acusó al kirchnerismo de haber impulsado una estructura judicial para obtener impunidad.
En ese contexto hizo referencia específicamente al juez designado Marcelo Hugo Bersanelli, al que vinculó familiar y profesionalmente con integrantes del kirchnerismo.
El diputado cerró su segunda intervención reafirmando su intención de avanzar con la derogación: “Yo voy a seguir trabajando por dar de baja esto porque quiero independencia en la Justicia de Santa Cruz”, afirmó.
Ianni: “Parece que no le gustan los jueces que están nombrados”
La última intervención santacruceña fue de Ana María Ianni (Unión por la Patria), quien comenzó marcando precisamente la diferencia entre los argumentos escritos por Garrido y los que había expresado minutos antes.
“Voy a rechazar categóricamente el proyecto de derogación de la Ley 27.154”, anticipó. Y agregó:
“Esto es lo que leo yo de los fundamentos, no de lo que acabo de escuchar, que parece que son los verdaderos fundamentos del diputado autor de este proyecto de ley, Garrido, que parece que no le gustan los jueces que están nombrados. Me voy a basar en los fundamentos que él escribió en su proyecto de ley”.
Ianni respondió entonces punto por punto. Sobre la falta de aeropuerto comercial en Piedra Buena, sostuvo que el argumento pierde relevancia frente a la utilización de expedientes electrónicos, audiencias virtuales y la digitalización del Poder Judicial.
También rechazó que la población de la localidad pueda utilizarse para medir la necesidad de la Cámara. “Esta Cámara Federal de Apelaciones no es sólo para Piedra Buena”, remarcó, explicando que su función es actuar como tribunal de alzada para una jurisdicción que comprende una extensión territorial mucho mayor.
Ianni confirmó durante su exposición el contenido del dictamen presentado por Unión por la Patria. Además de rechazar la derogación de la Cámara, explicó que propone “buscar la posibilidad de su asiento en la ciudad de Río Gallegos o en la ciudad de Ushuaia”.
Y agregó un dato relevante: según afirmó durante el plenario, esa posibilidad está respaldada por expedientes que ya obran en el Consejo de la Magistratura para analizar alternativas de localización.
De esta manera, el debate plantea ahora tres escenarios: mantener la Cámara en Comandante Luis Piedra Buena y finalmente ponerla en funcionamiento, trasladar su asiento a otra ciudad o directamente derogar la ley, como pretende Garrido.
Los tres jueces ya están designados
Otro aspecto que atravesó la discusión es que la Cámara Federal ya tiene designados sus tres jueces.
Se trata de Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli, quienes atravesaron el procedimiento constitucional de selección y obtuvieron acuerdo del Senado en 2022.
Ianni hizo especial hincapié en este punto. “Los jueces de la Cámara, le guste la cara o no, ya fueron nombrados como determina la ley; sus pliegos y designaciones institucionales fueron aprobadas por el Senado de la Nación”, expresó.
Según la diputada, derogar ahora la norma que creó el tribunal podría dejar a esos magistrados en un “limbo jurídico” y generar consecuencias para el Estado Nacional.
Pese a que los tres jueces fueron nombrados en 2022, la Cámara continúa sin estar habilitada para iniciar su actividad jurisdiccional.
Mientras Diputados discute su futuro, buscan al Fiscal General
El cruce ocurrido este miércoles en Diputados se produce, además, mientras otro organismo nacional avanza en la integración de la misma Cámara cuya continuidad está en discusión.
Como informó Ahora Calafate en julio, la Procuración General de la Nación abrió el Concurso Nº 140 para cubrir una vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena.
La convocatoria fue realizada mediante la Resolución PGN 45/2026, del 13 de julio, y establece que ese cargo actualmente conforma la Unidad Fiscal Río Gallegos. El período de inscripción permanece abierto hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 16 horas.
Por lo tanto, mientras la Cámara de Diputados comenzó a discutir si debe derogarse la ley, mantener el tribunal en Piedra Buena o trasladarlo a Río Gallegos o Ushuaia, la Procuración continúa con el procedimiento para seleccionar al Fiscal General que deberá actuar ante esa Cámara.
La situación resume una historia institucional que lleva más de una década: la Cámara fue creada por ley en 2015, tiene sus tres jueces designados desde 2022 y ahora está en marcha el concurso para cubrir su Fiscalía General, pero todavía no fue habilitada para funcionar.
