Guillermo Pérez Luque
Fotos Policía de Santa Cruz
Una grave situación de amenazas y hostigamiento contra un adolescente de 14 años de El Calafate es investigada por la Justicia y este miércoles derivó en cinco allanamientos realizados en el marco de la causa.
Ahora Calafate pudo reconstruir que el caso se remonta varios meses atrás y que tuvo como víctima a un chico que comenzó a recibir intimidaciones de otros adolescentes, tanto de manera presencial como a través de medios digitales.
La situación fue creciendo con el paso del tiempo hasta alcanzar un punto especialmente preocupante: el adolescente comenzó a tener miedo de concurrir al colegio, mientras su familia temía que las amenazas pudieran transformarse en una agresión concreta.
Las intimidaciones denunciadas no se limitaron a insultos o discusiones entre adolescentes. Según el relato familiar, incluían amenazas de golpes, violencia sexual e incluso de muerte, algunas de ellas difundidas a través de grupos de WhatsApp.
A medida que las denuncias fueron avanzando, la Justicia comenzó a disponer medidas destinadas a proteger al menor. Una de ellas ordenar la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima, una disposición que fue notificada a su padre.
Este miércoles la investigación avanzó un paso más con allanamientos vinculados a la causa, orientados a reunir elementos que permitan establecer cómo se desarrolló el hostigamiento y determinar eventuales responsabilidades.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate, con el apoyo de las Divisiones Comisarías Primera y Segunda Local, Comando de Patrulla.
Como resultado de los operativos, los investigadores procedieron al secuestro de armas blancas, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis.
Asimismo, durante las inspecciones en los inmuebles, el personal policial ante el hallazgo de sustancias estupefacientes dio inmediata intervención al Ministerio Publico Fiscal Federal con asiento en la Ciudad Capital de Rio Gallegos.
Por tratarse de una investigación que involucra a menores de edad, las identidades de la víctima y de los adolescentes investigados permanecen bajo reserva.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es su duración. Según la reconstrucción realizada a partir del testimonio de la familia en la Justicia, las amenazas no fueron un episodio aislado sino una conducta reiterada que se extendió durante meses.
Ese hostigamiento terminó alterando la rutina del adolescente y generando temor no solamente en él sino también en su entorno familiar.
Los allanamientos realizados este miércoles marcan ahora una nueva instancia de una investigación judicial que busca establecer responsabilidades y, principalmente, impedir que una situación sostenida durante meses pueda derivar en un hecho aún más grave.
