Cables en desuso: las empresas deberán retirarlos y pagar el costo si no cumplen

Los cables que una empresa deja de utilizar después de renovar una red o cambiar de tecnología ya no podrán quedar indefinidamente colgados de los postes o abandonados en otros espacios de uso común. Una nueva ley provincial establece la responsabilidad de las prestadoras sobre esa infraestructura y fija mecanismos para exigir su retiro.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz convirtió este jueves en ley, por unanimidad, el proyecto presentado en 2024 por Carlos Alegría, diputado por el Pueblo de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos.

La iniciativa fue tratada en las comisiones de Recursos Naturales, Ambiente, Producción Agropecuaria, Pesca, Desarrollo Sustentable, Energía, Combustibles y Minería; Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. Llegó al recinto con modificaciones y con un nuevo nombre: “Régimen de identificación, regularización y remoción de infraestructura y material en desuso de servicios públicos y privados de la provincia de Santa Cruz”.

La sesión era además una instancia decisiva para la iniciativa. Presentada en 2024 si no se aprobaba iba a cumplir dos años de trámite y perder estado parlamentario.

Qué obliga a retirar la nueva ley

La norma a la que accedió Ahora Calafate alcanza a todas las empresas prestadoras, públicas o privadas, de energía eléctrica, telecomunicaciones, telefonía, internet, transmisión de datos, video, televisión y otros servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que posean infraestructura aérea o subterránea.

Todas ellas tendrán la obligación de identificar, regularizar y retirar del espacio público o de las áreas de uso común el material en desuso, respetando las competencias federales que existen sobre la prestación de determinados servicios.

La ley considera material en desuso no solamente a aquello que esté visiblemente abandonado. También incluye elementos que ya no prestan un servicio activo, quedaron fuera de operación, no tienen identificada su titularidad o fueron reemplazados sin ser retirados.

Y tampoco se limita a los cables. El régimen comprende la denominada infraestructura pasiva, donde se incluyen postes, soportes, tensores, ductos, cámaras, cajas de conexión y estructuras asociadas, además de los tendidos aéreos y subterráneos.

Cuando alguno de esos elementos haya dejado de prestar servicio, se encuentre abandonado, deteriorado o fuera de operación, deberá ser identificado, regularizado o retirado por su titular dentro de los plazos que determine la reglamentación.

Si no lo retiran, el costo será del responsable

Este es uno de los aspectos centrales de la nueva norma. Ante un incumplimiento, la autoridad competente podrá intimar a la empresa para que regularice o retire el material. También se contemplan apercibimientos y multas progresivas, que deberán graduarse de acuerdo con la gravedad de la infracción, la reincidencia y el riesgo generado para las personas, los bienes públicos o privados y el ambiente.

Pero la ley incorpora además la posibilidad de una “remoción subsidiaria”: si debe intervenir la autoridad competente para retirar la infraestructura abandonada, el costo será cargado al responsable.

Ese punto responde a una de las preocupaciones que había planteado Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) durante la discusión del proyecto.

El presidente de SPSE, Matías Cortijo, había concurrido en abril a la Cámara de Diputados para exponer la posición de la empresa provincial. Posteriormente, durante una entrevista realizada en junio por Ahora Calafate, explicó la dimensión práctica del problema.

Servicios Públicos posee gran parte de la infraestructura de postes existente en Santa Cruz y celebra acuerdos con otros prestadores para permitir que instalen allí sus redes.

Según Cortijo, esos convenios contemplan responsabilidades sobre el material instalado. El inconveniente aparece cuando una empresa cambia de tecnología pero no desmonta la red anterior. “Si ya no se usa más el coaxil y ahora se usa fibra óptica, hay que sacar el coaxil”, ejemplificó.

Pero aseguró que eso frecuentemente no sucede. “La mayoría de las empresas no lo hacen. Entonces nos van quedando colgados de los postes todos esos cables residuales. Muchas veces son los que terminan haciéndonos colapsar los postes”, afirmó.

Postes sobrecargados y guardias atendiendo cables ajenos

Cortijo señaló que la cantidad de tendidos que pueden observarse sobre un poste no significa que todos pertenezcan a la empresa provincial de energía.

“Cuando uno ve un poste que tiene 20 cables colgados, hay que entender que 15 seguro no son de Servicios Públicos”, graficó.

Además, cuando esos tendidos viejos quedan sin mantenimiento son más propensos a romperse o desprenderse.

Para el vecino que encuentra un cable caído resulta difícil determinar a qué empresa pertenece. Por esa razón, muchos avisos terminan siendo atendidos inicialmente por las guardias de SPSE.

“Gran parte de los llamados que tenemos de guardia, de cables caídos, son cables que no son nuestros, no son de energía”, explicó Cortijo.

Hay además un riesgo estructural. Cada nuevo tendido agrega tensión y carga sobre postes que pueden acumular redes de diferentes prestadores.

Que el costo no recaiga sobre la Provincia

Durante el análisis legislativo, SPSE planteó especialmente que la solución no debía trasladar a la empresa provincial la obligación económica de retirar infraestructura perteneciente a terceros.

Cortijo explicó a Ahora Calafate que Servicios Públicos mantiene alrededor de 30 convenios con distintas empresas por el uso de postes y que efectuar por su cuenta el desmantelamiento de redes completas demandaría una cantidad de personal y recursos que no posee.

“No traslademos a la Provincia un costo que debería ser de terceros, de privados”, resumió al explicar la postura que llevaron a la discusión del proyecto.

El texto finalmente sancionado establece justamente la responsabilidad de cada operador sobre sus elementos. Incluso cuando exista infraestructura compartida entre dos o más prestadores, cada uno será responsable de identificar, mantener y remover aquello que sea de su titularidad.

La reglamentación definirá plazos y multas

Hay aspectos importantes que todavía no están determinados y dependerán de la reglamentación.

La ley no fija directamente cuántos días tendrán las empresas para retirar los cables después de ser intimadas ni cuál será el monto de las multas. Esos puntos deberán ser establecidos por el Poder Ejecutivo.

La autoridad de aplicación también será determinada por el Ejecutivo, que dispondrá de un plazo máximo de 180 días desde la promulgación para reglamentar la norma.

Allí deberán definirse los procedimientos técnicos de remoción, condiciones de seguridad, plazos de retiro y regularización, mecanismos para identificar a los propietarios de la infraestructura y formas de coordinación con municipios y organismos competentes.

También deberán establecerse criterios para la reutilización, reciclado y disposición final de los materiales retirados.

Compartir infraestructura y reducir la cantidad de postes

La ley incorpora otro objetivo que apunta al futuro de las redes.

La autoridad de aplicación deberá promover mecanismos para que distintos operadores puedan realizar una utilización compartida de infraestructura pasiva, con la finalidad de optimizar el espacio público, disminuir el impacto visual y mejorar la seguridad y el ordenamiento territorial.

De esta manera, la norma no apunta solamente a retirar lo que ya quedó obsoleto, sino también a evitar que la expansión de nuevos servicios siga multiplicando innecesariamente soportes e infraestructura.

Hasta ahora, SPSE viene realizando intervenciones puntuales en sectores donde detecta postes particularmente sobrecargados. Según explicó Cortijo, se solicita a las empresas que identifiquen sus cables y se avanza con tareas de limpieza en función de los recursos disponibles.

La limitación, sostuvo, era la ausencia de un marco suficiente para trasladar claramente la responsabilidad sobre la infraestructura abandonada.

“Si esta ley nos da un marco legal para hacerlo, mucho mejor”, había señalado a Ahora Calafate.