El Intendente vetó la ordenanza sobre el destino de las tasas y el Concejo volvió a aprobarla

La ordenanza que establece un destino específico para determinados recursos que recauda la Municipalidad de El Chaltén atravesó en los últimos dos meses un contrapunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante que tuvo este jueves un nuevo capítulo.

La norma había sido aprobada el 25 de junio, tal como informó entonces Ahora Calafate. Posteriormente, durante el receso legislativo, el intendente Néstor Ticó decidió vetarla en su totalidad.

Pero este jueves el Concejo Deliberante decidió insistir con la ordenanza y lo hizo por unanimidad de sus cinco integrantes, dejando sin efecto la objeción del Ejecutivo.

La sesión fue presidida por Estefanía Leyes (Encuentro Vecinal) y participaron Ignacio Moreno Hueyo (Cambia Chaltén), Carlos Ticó, Elizabeth Romanelli y Heber Zella (Unión por la Patria).

Qué había vetado el Ejecutivo

La iniciativa, presentada originalmente por Ignacio Moreno Hueyo, establece un régimen de asignación específica de fondos y creación de fondos afectados.

En términos simples, busca que determinados ingresos obtenidos a través de tasas y derechos municipales queden identificados y sean destinados a las áreas y servicios vinculados con el concepto por el cual fueron cobrados.

La norma crea seis fondos específicos vinculados a Servicios Urbanos, Espacio Público y Protección Ambiental; Desarrollo Urbano e Infraestructura; Fiscalización, Control y Ordenamiento Económico; Movilidad y Seguridad Vial; Salud Pública y Protección Sanitaria; y Promoción y Desarrollo Turístico.

No se trata de crear nuevas tasas ni de aumentar las existentes, sino de establecer cómo se registran y utilizan determinados recursos que ya ingresan a las arcas municipales.

Aprobaron una ordenanza para garantizar el destino de las tasas municipales

Por qué Ticó decidió vetarla

El intendente firmó el 16 de julio el Decreto N.º 169/2026, mediante el cual dispuso el veto total.

El argumento central del Ejecutivo es que la afectación específica de esos recursos reduce la flexibilidad financiera del Municipio, al limitar la posibilidad de utilizar los ingresos de acuerdo con las distintas necesidades que puedan surgir durante la ejecución presupuestaria.

En los fundamentos del veto al que accedió Ahora Calafate se mencionan principios de la administración financiera pública como los de universalidad, no afectación, unidad presupuestaria, unidad de caja, flexibilidad y sostenibilidad financiera.

Desde esa perspectiva, el Ejecutivo considera que las tasas y derechos constituyen recursos ordinarios del Municipio y que concentrarlos en una caja común permite atender las obligaciones según las prioridades y necesidades de cada momento.

El decreto sostiene, entre otros argumentos, que el mecanismo aprobado por los concejales “restringe indebidamente la capacidad de gestión” de los recursos municipales.

El Concejo sostuvo el criterio contrario

La discusión regresó este jueves al recinto y los cinco concejales votaron por insistir con la ordenanza, superando así el veto del Ejecutivo.

La decisión resulta particularmente significativa porque la insistencia no quedó limitada al espacio político del autor de la iniciativa, sino que reunió nuevamente a representantes de los diferentes bloques que integran el cuerpo.

Durante el tratamiento, Moreno Hueyo volvió a defender el objetivo central de la propuesta y sostuvo que el mecanismo busca dar claridad sobre qué se hace con el dinero público.

El criterio que sostiene la ordenanza es que el vecino pueda conocer con mayor precisión cuánto se recauda mediante determinados conceptos y cuál es posteriormente el destino de esos recursos.

Una herramienta ante situaciones excepcionales

La ordenanza también contempla una excepción destinada a evitar que la afectación de los fondos se convierta en un impedimento ante una situación financiera extraordinaria.

El Ejecutivo puede disponer transitoriamente de hasta un 30% de los recursos afectados cuando exista una emergencia financiera o contingencia debidamente fundamentada.

En ese caso deberá informar al Concejo Deliberante dentro de los cinco días hábiles y los recursos utilizados tendrán que ser restituidos antes de finalizar el ejercicio fiscal.

Este punto había sido incorporado precisamente para compatibilizar el objetivo de dar un destino determinado a los recursos con la necesidad de conservar cierto margen de acción frente a situaciones excepcionales.