Formar jóvenes en el agro para que trabajen en Santa Cruz: el objetivo de la nueva ley de becas

La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves 10 de septiembre una modificación al régimen de becas del Consejo Agrario Provincial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los profesionales formados permanezcan y trabajen en la provincia.

La reforma corresponde al proyecto de la diputada Elba Lorena Ponce, y modifica la Ley 3121. El despacho había sido recomendado sin cambios por unanimidad en comisión y en el recinto fue aprobado por mayoría, con 22 votos afirmativos y uno negativo, de Luis Gallardo.

Uno de los cambios centrales es que se instituyen 15 becas anuales para estudiantes que quieran iniciar o continuar estudios superiores o de formación en áreas vinculadas con la actividad agropecuaria, veterinaria, ambiental o afines. La norma establece que la adjudicación deberá garantizar “criterios de transparencia, equidad e igualdad de oportunidades”.

La distribución también queda definida por ley. Dos de las becas serán para egresados de la Escuela Agropecuaria Provincial Nº 1 de Gobernador Gregores y una corresponderá a un egresado secundario por cada delegación del Consejo Agrario Provincial.

Diputada Lorena Ponce (UPP) autora del proyecto convertido en ley

El beneficio será equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por mes, o al índice que eventualmente lo reemplace, y se mantendrá durante el transcurso de la carrera elegida. Además, cada becario tendrá derecho a un pasaje aéreo anual, ida y vuelta, a su lugar de estudio.

Para acceder, los postulantes deberán haber egresado del nivel secundario en Santa Cruz, acreditar residencia en la provincia, estar admitidos o en condiciones de ingresar a una carrera comprendida por la ley, presentar certificación de su situación socioeconómica y no contar con otro beneficio estatal de características similares.

La selección ya no quedará librada únicamente al Consejo Agrario. La nueva norma crea una Comisión Evaluadora de Becas, integrada por un representante del CAP, uno del Consejo Provincial de Educación y otro del Poder Legislativo.

Ese cuerpo tendrá a su cargo la evaluación y adjudicación, y deberá emitir un dictamen fundado por mayoría simple. Además, la lista de beneficiarios tendrá que publicarse en el sitio oficial del Gobierno provincial dentro de los diez días hábiles posteriores a la adjudicación.

La ley fija además los criterios que deberán tenerse en cuenta para seleccionar a los becarios: situación socioeconómica, desempeño académico y vocación o elección de la carrera.

Pero uno de los aspectos más relevantes de la reforma aparece después de la graduación. El texto de la ley a la que accedió AHORA CALAFATE afirma que quienes reciban estas becas asumirán el compromiso de prestar servicios profesionales en Santa Cruz durante un mínimo de dos años, ya sea en organismos públicos o en el sector privado vinculado con su formación.

Además, durante la carrera deberán realizar prácticas formativas en el Consejo Agrario Provincial o en instituciones afines, preferentemente durante los períodos de receso académico.

De esta manera, la ley no busca solamente financiar estudios, sino también vincular esa formación con las necesidades productivas y profesionales de la provincia.

La reforma incorpora además otro componente: tres becas específicas para especialización o posgrado destinadas al personal del Consejo Agrario Provincial.

Estas tendrán un monto equivalente a dos salarios mínimos y medio y se extenderán durante el tiempo que demande la formación elegida, siempre que el beneficiario acredite regularidad académica.

Para acceder a esas becas, los agentes deberán tener al menos dos años de antigüedad en el organismo, contar con título de grado afín, acreditar la admisión o inscripción en el posgrado y presentar aval institucional.

También deberán comprometerse a continuar trabajando en el Consejo Agrario durante al menos dos años después de finalizar la especialización.

Con esta modificación, la Ley 3121 pasa a combinar tres objetivos: facilitar el acceso a estudios superiores, fortalecer la formación técnica y profesional vinculada al sector agropecuario y ambiental, y procurar que el conocimiento adquirido tenga luego aplicación concreta dentro de Santa Cruz.