Guillermo Pérez Luque
La Legislatura de Santa Cruz comenzó a analizar un proyecto que propone prohibir los cortes de energía eléctrica, gas natural y agua potable por falta de pago a usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad, desde la entrada en vigencia de la eventual ley y hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa, presentada por la diputada Elba Lorena Ponce, de Unión por la Patria, tomó estado parlamentario en la sesión del jueves 10 de septiembre. En los fundamentos, la legisladora vincula la iniciativa con la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida y sostiene que existen familias que no pueden afrontar regularmente las tarifas.
El alcance es amplio. El proyecto impediría, para los usuarios comprendidos, el corte, la suspensión o interrupción del suministro y también el retiro de conexiones, medidores o equipos de medición por falta de pago.
Sin embargo, aclara expresamente que la protección no elimina la obligación de pagar ni implica la condonación de las deudas acumuladas.
Quiénes quedarían protegidos
El proyecto al que accedió Ahora Calafate establece un listado extenso de situaciones consideradas vulnerables. Incluye, entre otras, a personas que reciben programas sociales; jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos.
También abarca a hogares cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos; personas con discapacidad; familias con niños o adolescentes cuando exista vulnerabilidad socioeconómica; electrodependientes y personas con enfermedades crónicas.
También incorpora a beneficiarios de tarifa social, comedores, merenderos, centros de jubilados, clubes de barrio y otras entidades sociales sin fines de lucro.
Y agrega una particularidad vinculada a habitantes de comunidades rurales, parajes y zonas aisladas que tengan dificultades especiales para garantizar la continuidad de esos servicios.
La propuesta intenta evitar también que la burocracia se convierta en una barrera. El acceso al régimen podría tramitarse mediante declaración jurada, en forma presencial o digital y sin costo. La situación de vulnerabilidad podría acreditarse con diferentes documentos o registros públicos, y la falta de uno de ellos no impediría necesariamente acceder al beneficio si la situación puede demostrarse por otros medios.
La deuda no desaparece
Ponce dedica una parte importante del proyecto a dejar en claro que la prohibición de cortes no significa dejar de pagar los servicios.
“Este proyecto no promueve el no pago ni la condonación de deudas”, afirma en los fundamentos. Por el contrario, plantea un mecanismo para que quienes atraviesan dificultades económicas puedan regularizar su situación sin perder servicios considerados esenciales.
Las empresas deberían ofrecer planes de pago de no menos de 12 meses, con un anticipo que no podría superar el 10% de la deuda.
Además, la cuota mensual de esos planes no podría ser mayor al 20% del importe de la factura de mayor valor correspondiente al consumo habitual del usuario.
Durante el período de protección quedarían suspendidos los intereses compensatorios y punitorios y no podría aplicarse capitalización de intereses sobre las deudas comprendidas.
La propuesta parlamentaria también contempla que una vez acreditada su condición de beneficiario o suscripto el plan de regularización, la prestadora tendría que restablecer el suministro dentro de las 48 horas, sin cobrar reconexión, habilitación ni supervisión.
El proyecto ahora deberá recorrer siete comisiones: Asuntos Constitucionales; Desarrollo Social y Salud; Recursos Naturales; Familia; Asuntos Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Legislación General.
En caso de aprobarse en la Legislatura, el Poder Ejecutivo tendría 30 días para reglamentar la eventual ley y los municipios y comisiones de fomento serían invitados a adherir en aquellos servicios que dependan de sus jurisdicciones.
