Guillermo Pérez Luque
Imagen Ilustrativa IA Ahora Calafate
La Justicia de El Calafate procesó al propietario de un perro en una causa iniciada a raíz de las graves lesiones que sufrió un niño de 10 años tras ser mordido por el animal en la vía pública.
Según pudo saber Ahora Calafate, el hecho ocurrió el 13 de abril de 2024, alrededor de las 11 de la mañana, en inmediaciones de la calle 25 de Mayo. El menor se encontraba en el exterior de una vivienda cuando fue atacado por un perro mestizo de color negro.
Como consecuencia de la mordedura sufrió una amputación parcial de la falange distal del dedo mayor de la mano derecha. Los informes médicos determinaron que se trató de una lesión de carácter grave, con un período de curación superior a los 30 días y secuelas permanentes de carácter estético y funcional.
Tras más de dos años de instrucción, el Juez en lo Penal de El Calafate, Dr. Carlos Albarracín, resolvió procesar sin prisión preventiva al propietario del animal, un hombre de alrededor de 60 años, por el delito de lesiones graves culposas.
El perro estaba suelto
Uno de los elementos que adquirió especial relevancia en la investigación fue lo ocurrido el mismo día del ataque.
Fuentes judiciales indicaron a Ahora Calafate que, durante una constatación policial realizada horas después del episodio en un domicilio de 25 de Mayo al 380, el propietario reconoció que su perro negro mestizo había salido de la propiedad porque no se encontraba amarrado.
Para la Justicia, esa circunstancia tiene importancia porque el análisis no se centra en una conducta intencional del propietario, sino en determinar si existió una omisión del deber de cuidado que corresponde a quien tiene un animal bajo su responsabilidad.
Durante su declaración, el imputado negó que su mascota hubiera atacado al niño.
Planteó que en el barrio había otros perros de color negro y sostuvo que el animal registrado en imágenes incorporadas a la causa tenía un tamaño diferente al suyo.
Sin embargo, según pudo conocer Ahora Calafate, el Juzgado consideró que esa explicación no alcanzaba, en esta instancia del proceso, para desvirtuar los restantes elementos reunidos durante la investigación.
Entre ellos se tuvo en cuenta que el niño conocía previamente al animal y lo identificó desde los primeros momentos posteriores al ataque, además de las declaraciones coincidentes recogidas en la causa.
Un niño con secuelas permanentes
La gravedad de las consecuencias quedó acreditada mediante la documentación médica incorporada durante la investigación.
El niño sufrió la pérdida parcial de la última falange del dedo mayor de la mano derecha y posteriormente una pericia médico-forense constató un debilitamiento permanente, con secuela estética y deformidad en la uña.
Para la Justicia, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, esas consecuencias aparecen relacionadas con el riesgo generado por la falta de control del animal.
El procesamiento no determina de manera definitiva la responsabilidad penal. Se trata de una etapa intermedia en la que la Justicia considera que existen elementos suficientes para sostener provisionalmente que ocurrió el hecho investigado y que el imputado pudo haber tenido responsabilidad en él.
La tenencia responsable, en el centro del análisis
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es el desarrollo que realiza sobre las obligaciones que implica tener un animal.
Fuentes judiciales explicaron que la tenencia responsable no se limita a alimentar, alojar o garantizar atención sanitaria a una mascota, sino que también comprende un deber permanente de custodia, vigilancia y control.
El tema de la tenencia responsable es motivo de constante debate y hasta polémica en la comunidad de El Calafate, que se caracteriza por tener en su vía pública una enorme cantidad de perros que tienen propietarios, pero éstos incumplen las ordenanzas vigentes.
En el expediente también fue incorporada una intervención de la Municipalidad realizada el mismo día del episodio, mediante la cual se notificó al propietario sobre medidas de resguardo que debía adoptar respecto de los animales existentes en el inmueble.
Finalmente, el Juzgado consideró reunidos los elementos suficientes para disponer el procesamiento sin prisión preventiva por lesiones graves culposas.
Además ordenó un embargo sobre dinero o bienes por hasta $10 millones, destinado a garantizar eventualmente costas judiciales y daños y perjuicios. Si no existieran bienes suficientes, está prevista la inhibición general.
