Guillermo Pérez Luque
La autorización del Gobierno de Santa Cruz para que una sociedad controlada por capitales extranjeros pueda adquirir tierras dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes generó una fuerte reacción de Oscar Alfredo Bellini, quien envió a Ahora Calafate una extensa carta dirigida al gobernador Claudio Vidal.
Bellini no habla del tema como un observador reciente. Fue guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, diputado provincial por El Calafate y participó durante décadas en las discusiones por la protección de la península.
Por eso, su planteo parte de una idea central: los proyectos turísticos e inmobiliarios frente al glaciar Perito Moreno no son nuevos y tampoco lo es el debate sobre hasta dónde deben permitirse.
“Usted no descubrió una oportunidad de desarrollo que nadie había visto”, le dice directamente a Vidal.
Y agrega: “La protección de la península no cayó del cielo ni fue un regalo de ningún gobierno: nació de discusiones, presiones y luchas muy duras”.
Una historia personal ligada a la protección del área
La relación de Bellini con ese debate tiene varias décadas. Durante su paso por la Legislatura, entre fines de los años 90 y comienzos de los 2000, participó de las discusiones que terminaron modificando el esquema de protección de Península Magallanes.
La Ley Provincial 2662, sancionada en 2003, reorganizó el área y estableció categorías diferenciadas de Reserva Provincial y Parque Provincial. Esa estructura continúa formando parte del régimen vigente y fue posteriormente incorporada al Plan de Gestión aprobado en 2022.
Bellini ya había expresado entonces objeciones a determinados desarrollos turísticos dentro de las zonas más sensibles.
Esa postura se mantuvo con el paso de los años y volvió a aparecer en diferentes discusiones sobre centros de esquí, alojamientos y otros emprendimientos en la península.
El decreto que encendió la discusión
La reacción de Bellini se produce después de que Ahora Calafate revelara el contenido del Decreto 915/26, mediante el cual el Gobierno provincial autorizó de manera excepcional una compraventa entre Lacustre del Sud SA y ASB Hospitality Calafate SAU, controlada desde Dubai.
La operación está vinculada al denominado Master Plan Ecocentro, previsto para una parcela dentro de Península Magallanes. El decreto aclara que la excepción se otorga “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”.
“Queremos el expediente completo”
Uno de los ejes centrales de la carta de Bellini es la falta de información pública detallada sobre el emprendimiento.
“¿Habrá caminos nuevos? ¿De dónde saldrá el agua? ¿Cómo se tratarán los residuos? ¿Qué superficie se intervendrá?”, pregunta.
Y reclama: “No queremos promesas vagas de sustentabilidad. Queremos el decreto, el expediente completo, los planos y los estudios ambientales”.
El actual Plan de Gestión de Península Magallanes establece que concesiones, habilitaciones y permisos deben ajustarse a sus disposiciones y contar con autorización de la autoridad de aplicación.
“El empleo no termina la discusión”
Bellini también cuestiona que la eventual generación de puestos de trabajo sea utilizada como argumento suficiente para justificar el proyecto.
El gobernador Vidal mencionó públicamente una inversión turística extranjera superior a los 90 millones de dólares y alrededor de 300 empleos, aunque hasta ahora no identificó formalmente ese anuncio con el emprendimiento de Península Magallanes.
Para Bellini, aun si esos números correspondieran al proyecto, deberían analizarse junto con sus efectos sobre el territorio.
“Cientos de empleados, junto con huéspedes, proveedores y vehículos, implican circulación y actividad permanentes. El impacto no se detiene en la puerta del hotel”, advierte.
También plantea que la conservación del paisaje forma parte de la propia economía turística de El Calafate.
“¿Cuántos empleos existentes se ponen en riesgo si comenzamos a degradar aquello por lo que los visitantes vienen?”, pregunta.
La crítica adquiere su tono más fuerte cuando Bellini plantea que el área no debe ser analizada solamente desde la lógica de una inversión privada.
“La Península de Magallanes y el glaciar Moreno son parte fundamental de ese patrimonio (...) y no un negocio de pocos”, sostiene.
También reclama que la comunidad de El Calafate tenga participación antes de que el proyecto avance.
“Abra una discusión real en El Calafate, y permita que los legisladores y organismos de control intervengan antes, no después de que haya obras o daños irreversibles”, plantea.
Pide suspender la operación
Bellini concluye su carta con un pedido concreto al gobernador: suspender el avance de la operación y transparentar toda la documentación.
“Todavía puede retirar esta excepción. Si no lo hace, deberá asumir ante los santacruceños la responsabilidad política de haber puesto en peligro un patrimonio que recibió protegido y que tiene la obligación de entregar protegido”, afirma.
La discusión vuelve así sobre un tema que atraviesa la historia reciente de El Calafate: cómo compatibilizar inversiones turísticas con la protección de un área natural que funciona como entorno directo del Parque Nacional Los Glaciares y del glaciar Perito Moreno.
El Plan de Gestión aprobado en 2022 reconoce precisamente a Península Magallanes como un área destinada a la conservación de ecosistemas, paisaje y biodiversidad, pero también contempla usos compatibles bajo zonificación y control provincial.
La carta de Bellini plantea ahora que, antes de avanzar con una excepción de esta magnitud, esa discusión debe volver a hacerse pública.
