Guillermo Pérez Luque
El debate por el Decreto 915/26 llegó este jueves al Concejo Deliberante de El Calafate. Durante la sesión ordinaria, el concejal Leonardo Mardones planteó una cuestión de privilegio para referirse a la decisión del Gobierno de Santa Cruz de habilitar, de manera excepcional, la venta de una parcela de Península Magallanes a una sociedad controlada por capital extranjero.
La intervención de Mardones se convirtió en la primera expresión pública de una autoridad política local sobre el tema, después de los cuestionamientos formulados en los últimos días por sectores empresariales y referentes vinculados a la protección de la península.
El eje principal de su planteo estuvo puesto en la falta de participación de la comunidad de El Calafate en el procedimiento ambiental mencionado en el propio decreto.
“¿En qué parte algún vecino se enteró de que había un estudio de impacto ambiental desarrollándose con respecto a una intervención en Península de Magallanes?”, preguntó en el recinto.
Mardones sostuvo que la normativa ambiental provincial contempla mecanismos de participación ciudadana y cuestionó que ese proceso no haya sido visible para los vecinos.
“Al menos la comunidad de El Calafate no participó ni tuvo la facilidad ni la posibilidad de opinar siquiera”, afirmó.
El concejal se refirió al hecho de que el Decreto 915 menciona un estudio de impacto ambiental vinculado al proyecto y plantea una categorización de impacto para la intervención prevista en la zona cercana al glaciar Perito Moreno.
Según sostuvo, esa situación obliga a conocer con claridad qué procedimiento se siguió, qué instancias de consulta existieron y qué organismo tomó cada una de las decisiones.
Mardones aclaró que su posición no implica rechazar de manera general nuevas inversiones o desarrollos turísticos.
“Estamos de acuerdo con el desarrollo, pero dentro del marco de la ley y dentro de las áreas que sean óptimas para desarrollar esas actividades”, señaló.
Recordó además que desde el Concejo Deliberante se habían realizado pedidos anteriores al Consejo Agrario Provincial para avanzar en esquemas de uso, visitación y planificación de Península Magallanes, sin haber obtenido respuestas.
Ese antecedente fue utilizado por el edil para reforzar su reclamo actual de mayor información y participación local.
Otro tramo de su intervención estuvo dirigido a la decisión del Ejecutivo provincial de exceptuar la restricción vigente para la compra de tierras por extranjeros dentro de áreas protegidas.
“¿El Estado tiene que motivar a que esa tierra se extranjerice?”, preguntó.
Y agregó: “¿Tiene que el Estado violentar esquemas que tienen que ver con la preservación ambiental?”. Mardones
Mardones remarcó que esas limitaciones habían sido establecidas precisamente como un resguardo sobre sectores estratégicos de la geografía provincial.
El concejal amplió el cuestionamiento más allá del proyecto puntual y pidió que el Gobierno provincial explique qué política turística y económica piensa para El Calafate y Península Magallanes.
“Queremos que se clarifique la situación, que se exponga ante los vecinos de la comunidad organizada de Calafate cuál fue el procedimiento general que se desarrolló para poder tomar esta decisión”, expresó.
También pidió conocer “cuál es el horizonte de desarrollo económico” planteado para la zona y “cuál es la política turística real que tiene el Estado provincial con respecto a El Calafate”.
Sobre el final resumió su posición en tres conceptos: “transparencia, seriedad y fundamentalmente claridad en el proceso de toma de decisiones y el respeto de la ley”.
La intervención de Mardones incorpora así una dimensión política local a una discusión que hasta ahora venía siendo impulsada principalmente por entidades empresariales y voces vinculadas a la protección ambiental.
El debate ya no se concentra solamente en la autorización excepcional para la operación con capitales extranjeros, sino también en qué participación tendrá El Calafate en las decisiones sobre el futuro de Península Magallanes.
