La formación en Discapacidad y Neurodiversidad será obligatoria en las escuelas de Santa Cruz

Las escuelas de Santa Cruz deberán incorporar de manera obligatoria la capacitación sobre discapacidad, neurodiversidades y diversidades cognitivas para docentes y personal no docente de todos los niveles del sistema educativo provincial.

La ley fue aprobada por unanimidad en la sesión del 24 de septiembre, con 20 diputados presentes, y establece que la formación deberá ser gratuita, permanente, actualizada y con puntaje. El objetivo es que quienes trabajan en las instituciones educativas cuenten con más herramientas para comprender distintas formas de aprender, acompañar trayectorias escolares y reducir situaciones de discriminación o exclusión.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Rocío García (UPP) y obtuvo despacho favorable, sin modificaciones, de las comisiones de Educación, Desarrollo Social, Presupuesto y Legislación General.

A quiénes alcanza

El texto de la norma incluye a docentes, personal técnico-administrativo, profesionales, auxiliares y trabajadores de servicio, tanto de establecimientos de gestión pública como privada.

La intención es que la inclusión no dependa solamente de lo que ocurre dentro del aula, sino que atraviese a toda la comunidad educativa.

Ahora Calafate accedió al despacho de comisión aprobado por unanimidad. Entre los objetivos de la ley aparecen el respeto por la diversidad, la igualdad, la empatía, los derechos humanos y la participación efectiva de todos los estudiantes. También se plantea la elaboración y distribución de materiales pedagógicos accesibles y adecuados para cada nivel educativo.

Una capacitación obligatoria y permanente

La ley establece que la formación deberá ser obligatoria, gratuita, permanente y con puntaje.

El contenido estará orientado a discapacidades, neurodiversidades y diversidades cognitivas, de acuerdo con la normativa educativa vigente.

En términos prácticos, la norma busca que el sistema educativo disponga de mejores herramientas para reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni necesitan los mismos apoyos.

En los fundamentos, García sostiene que la capacitación resulta necesaria para avanzar hacia un sistema educativo “verdaderamente inclusivo” y para que las diferencias no terminen transformándose en barreras que dificulten la permanencia escolar.

También plantea que incorporar estos contenidos en la formación de docentes y no docentes puede ayudar a evitar prácticas de discriminación o exclusión y favorecer una convivencia más respetuosa dentro de las instituciones.

También será requisito para ascender

Uno de los efectos más concretos de la nueva ley aparece en la carrera docente.

La formación permanente en discapacidad y neurodiversidad será requisito obligatorio para promociones, ascensos por concurso o avances dentro de la carrera docente en todos los niveles obligatorios.

De esta manera, la capacitación deja de ser una actividad optativa o complementaria y pasa a formar parte de las condiciones necesarias para progresar profesionalmente dentro del sistema educativo.

Más herramientas para acompañar distintas formas de aprender

Los fundamentos del proyecto señalan que la diversidad debe ser comprendida y valorada desde edades tempranas.

La iniciativa parte de la idea de que mejorar la preparación de quienes trabajan en las escuelas no beneficia únicamente a estudiantes con discapacidad o neurodivergencias, sino a toda la comunidad educativa.

La ley apunta a que las prácticas pedagógicas puedan adaptarse mejor a la singularidad de cada proceso de enseñanza y aprendizaje, evitando que una diferencia cognitiva, sensorial o de desarrollo derive en aislamiento, exclusión o dificultades para continuar escolarizado.

En ese sentido, el proyecto también vincula la medida con los compromisos asumidos por Argentina a través de tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad.

En caso de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley deberá ser reglamentada dentro de un plazo de 90 días.

A partir de esa reglamentación deberán definirse cuestiones prácticas como el contenido de las capacitaciones, su carga horaria, modalidad, sistema de puntaje y la forma en que el requisito será incorporado a concursos y ascensos.