Pablo Perret
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) salió en defensa de la periodista Marina Pacheco, del medio Mar y Pesca de Puerto Deseado, tras recibir dos cartas documento enviadas por el abogado Fabricio Carbone Miele, quien se presenta como asesor legal del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), delegación Puerto Deseado.
La entidad calificó las intimaciones como inconstitucionales, intimidantes y violatorias de la libertad de expresión y de prensa. Según planteó, las comunicaciones buscan limitar el trabajo periodístico de Pacheco en torno a una investigación sobre despidos y presuntos acuerdos entre representantes sindicales y una empresa pesquera de la localidad.
El conflicto se originó a partir de una visita de la periodista a la sede del sindicato, donde mantuvo una entrevista con David Neira, integrante o colaborador del gremio, en el marco de su investigación.
Según explicó FOPEA, el abogado sostuvo en la primera carta documento que durante esa conversación Pacheco habría realizado comentarios que lo involucraban en supuestos acuerdos y actuaciones clandestinas relacionados con trabajadores despedidos.
Sin embargo, la periodista negó haber formulado las expresiones que se le atribuyen. FOPEA indicó, además, que Pacheco no había mantenido contacto con el abogado durante su visita a la sede gremial y que tampoco había publicado información sobre esos supuestos dichos.
En esa primera comunicación, Carbone Miele exigió a la periodista que ratificara o rectificara las afirmaciones atribuidas en un plazo de 48 horas. También le reclamó que cesara y se abstuviera de reproducir, transmitir, publicar o difundir esas imputaciones o expresiones equivalentes.
En septiembre llegó una segunda carta documento. En ella, el abogado dio por agotada la instancia extrajudicial ante la falta de respuesta dentro del plazo establecido y reiteró la exigencia de que la periodista no difundiera las afirmaciones cuestionadas. También mantuvo la reserva de iniciar acciones civiles y penales.
Para FOPEA, las intimaciones constituyen una forma de censura previa, al intentar impedir anticipadamente la difusión de determinada información bajo advertencia de eventuales consecuencias judiciales.
La organización recordó que la legislación argentina protege la investigación periodística sobre asuntos de interés público, el derecho a informar y la reserva de las fuentes. También señaló que la Constitución Nacional y los tratados internacionales prohíben la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades posteriores que pudieran corresponder de acuerdo con las leyes vigentes.
A partir de este caso, FOPEA se solidarizó con Marina Pacheco, instó al abogado a respetar el marco jurídico que ampara la libertad de expresión y reclamó a las autoridades judiciales de Santa Cruz que garanticen el normal ejercicio de la actividad periodística.
La entidad concluyó que la protección legal del periodismo no representa un privilegio para quienes ejercen la profesión, sino una garantía para toda la sociedad, que tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre los asuntos de interés público.
Por Pablo Perret
X: @VascoPerret
