El Chaltén adhirió a la Ley Yolanda: los funcionarios deberán capacitarse en ambiente

Los funcionarios y empleados públicos de El Chaltén deberán incorporar conocimientos sobre protección ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Yolanda, una normativa nacional que establece la capacitación obligatoria en temas ambientales para quienes trabajan en el Estado.

El proyecto fue presentado por la concejal Elizabeth Romanelli (Unión por la Patria) y recibió los cinco votos favorables durante la sesión del jueves 8 de octubre.

La iniciativa busca que quienes toman decisiones en la administración municipal conozcan las consecuencias ambientales que pueden tener sus acciones, especialmente en una localidad como El Chaltén, rodeada de áreas naturales protegidas y donde la conservación del ambiente ocupa un lugar central.

Qué es la Ley Yolanda

La Ley Nacional 27.592, sancionada en noviembre de 2020, establece la formación obligatoria en temas ambientales para todas las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, sin distinción de cargos o jerarquías.

Las capacitaciones deben abordar cuestiones como cambio climático, biodiversidad, protección de ecosistemas, eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, desarrollo sostenible y legislación ambiental.

La norma lleva el nombre de Yolanda Ortiz (1925-2019), una científica argentina nacida en Tucumán, especializada en química y toxicología, que fue pionera en la incorporación de las cuestiones ambientales a las políticas públicas.

En 1973 fue designada secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo público de gestión ambiental de esas características en América Latina.

Su trabajo estuvo orientado a promover una mirada integral del ambiente, vinculando la protección de la naturaleza con la salud, la producción y las condiciones de vida de las personas.

Santa Cruz adhirió a esta legislación en marzo de 2021, mediante la Ley Provincial 3739, que designó a la Secretaría de Estado de Ambiente como autoridad de aplicación en la provincia.

Ahora, El Chaltén decidió incorporar este régimen al ámbito municipal.

"Los funcionarios tienen que saber las implicancias de lo que están firmando"

Durante el debate, Romanelli explicó que una vecina le acercó la propuesta y consideró necesario aplicarla en El Chaltén. La concejal destacó que la protección ambiental debe formar parte de las políticas públicas y recordó la importancia que tienen los bosques, ríos y glaciares para las generaciones futuras.

"Creo importante que todos los funcionarios tengan una mirada ambiental que esté atravesada sus políticas públicas", expresó.

También señaló que la capacitación debe permitir comprender fenómenos relacionados con el cambio climático, como los ríos atmosféricos, y utilizar ese conocimiento al momento de planificar acciones de gobierno.

El concejal Ignacio Moreno Hueyo (Cambia Chaltén) acompañó la iniciativa y sostuvo que muchas decisiones administrativas pueden generar consecuencias ambientales por desconocimiento de las normas.

"Todos los funcionarios tienen que, antes de poner una lapicera en una hoja y firmar cualquier cosa, saber todas las implicancias de lo que están firmando", manifestó.

Para fundamentar su posición, mencionó las denuncias relacionadas con el enterramiento de residuos y cuestionó intervenciones urbanísticas realizadas en sectores que, según sostuvo, requerían evaluaciones de impacto ambiental.

Moreno Hueyo consideró que una formación adecuada podría contribuir a evitar errores y situaciones que luego derivan en conflictos administrativos o judiciales.

"El ambiente es un contenido transversal de la gestión pública en El Chaltén", afirmó, al destacar las particularidades de una localidad vinculada estrechamente con el Parque Nacional Los Glaciares y su entorno natural.

Una capacitación que deberá mantenerse en el tiempo

La presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes (Encuentro Vecinal), también respaldó la propuesta y destacó la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.

Señaló que muchas veces el Estado organiza actividades de capacitación y concientización dirigidas a la comunidad, cuando también es necesario que los propios funcionarios reciban formación sobre los asuntos en los que intervienen.

Leyes comparó la iniciativa con la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia contra las mujeres para quienes desempeñan funciones públicas.

Recordó que El Chaltén ya había adherido a esa legislación y remarcó que el desafío será sostener las capacitaciones ambientales a lo largo de las distintas gestiones municipales.

En el mismo sentido, Carlos Ticó (Unión por la Patria) consideró que todos los municipios de Santa Cruz deberían incorporar la Ley Yolanda.

El concejal relacionó la necesidad de formación ambiental con los problemas que enfrenta la provincia en materia de residuos y sostuvo que conocer mejor estas cuestiones puede contribuir a mejorar las decisiones públicas.

La adhesión fue finalmente aprobada por los cinco integrantes del Concejo Deliberante.

Cómo se aplicará en El Chaltén

La ordenanza a la que accedió Ahora Calafate establece la adhesión municipal a un régimen que contempla la capacitación obligatoria en ambiente y cambio climático.

La ley nacional dispone que los organismos públicos deben organizar la formación de su personal, adaptar los contenidos a sus funciones y utilizar información científica actualizada.

En El Chaltén, estos conocimientos resultan especialmente relevantes para áreas relacionadas con obras públicas, planificación urbana, tratamiento de residuos, servicios municipales y protección de los recursos naturales.

Sin embargo, todavía resta conocer cómo se organizará concretamente la implementación local.

Entre los aspectos que deberán precisarse se encuentran qué organismo coordinará las capacitaciones, cuándo comenzarán, con qué frecuencia se dictarán y cómo se acreditará su cumplimiento.

La norma nacional contempla responsabilidades y consecuencias ante el incumplimiento injustificado, pero el alcance de esos mecanismos en la administración municipal deberá verificarse en el texto definitivo de la ordenanza y sus disposiciones de aplicación.