ES LEY. Una plataforma para explicar las leyes de Santa Cruz en lenguaje sencillo para adolescentes y jóvenes

El proyecto de Carlos Alegría establece que debe crearse el “Digesto Joven Santacruceño”, una plataforma digital pública y gratuita que presentará en lenguaje sencillo las normas relacionadas con derechos, educación, salud, ambiente, empleo, convivencia digital, consumidores y otros temas de interés cotidiano. El objetivo es que adolescentes y jóvenes puedan conocer qué derechos tienen, qué obligaciones existen y cómo funcionan las instituciones sin tener que interpretar textos jurídicos complejos.
Santa Cruz19/10/2026Guillermo Pérez LuqueGuillermo Pérez Luque

digesto jovenImagen Ilustrativa IA Ahora Calafate

La Legislatura de Santa Cruz convirtió en ley una iniciativa del diputado por El Calafate Carlos Alegría que busca acercar las normas provinciales a adolescentes y jóvenes mediante una herramienta diferente a los tradicionales compendios jurídicos.

Se trata del Digesto Joven Santacruceño, una plataforma digital que deberá ser pública, gratuita, accesible e inclusiva. Su función será explicar en un lenguaje comprensible leyes y otras normas provinciales relacionadas con situaciones que forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes.

El proyecto había obtenido previamente despacho favorable sin modificaciones y por unanimidad en un plenario de seis comisiones. Posteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados en la 12ª sesión ordinaria, realizada el 24 de septiembre.

¿Qué es un “Digesto Joven”?

La palabra digesto suele utilizarse para denominar una recopilación organizada de normas. Pero la ley sancionada en Santa Cruz propone algo diferente a un simple archivo donde buscar textos legales.

La idea es que el joven que quiera saber, por ejemplo, cuáles son sus derechos laborales, qué normas existen frente a la violencia digital o cuáles son sus derechos como consumidor, no tenga que comenzar leyendo una ley redactada con terminología jurídica.

La plataforma deberá tomar esa normativa vigente y presentarla mediante lenguaje claro, explicaciones sencillas y herramientas pedagógicas, evitando tecnicismos jurídicos innecesarios. 

En los fundamentos de su proyecto, Alegría señala justamente que publicar una ley no garantiza por sí mismo que la ciudadanía pueda comprenderla.

Según plantea, para numerosos adolescentes y jóvenes el lenguaje jurídico tradicional resulta “distante, complejo y ajeno” a sus experiencias cotidianas. Por eso sostiene que el objetivo es crear un puente entre las instituciones y las nuevas generaciones. 

Desde derechos laborales hasta violencia digital

La ley define una lista amplia de temas que deberán estar contemplados. Entre ellos figuran los derechos de niñas, niños y adolescentes; educación; salud integral; ambiente y desarrollo sostenible; participación ciudadana; violencia digital y convivencia en entornos virtuales; igualdad y no discriminación; empleo joven y derechos laborales.

También deberán incorporarse contenidos relacionados con seguridad vial, deportes, actividades culturales, acceso a la vivienda y programas sociales, derechos de consumidores y usuarios y prevención de consumos problemáticos.

La enumeración no es cerrada, por lo que podrán sumarse otras materias.

carlos alegria

Pensado para el celular

Otro de los aspectos centrales es el formato. El Digesto deberá desarrollarse como una plataforma adaptable a teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de acceso masivo.

Además del texto explicativo podrá contener videos, infografías, guías prácticas, contenidos interactivos y materiales didácticos que puedan ser utilizados para formación ciudadana y democrática. 

También deberá cumplir condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Los jóvenes también podrán participar

La nueva ley no plantea a adolescentes y jóvenes solamente como receptores de información.

La autoridad de aplicación deberá generar mecanismos para que puedan participar en la elaboración, evaluación y actualización de los contenidos del Digesto.

El Consejo Provincial de Educación podrá además incorporar sus herramientas a propuestas pedagógicas relacionadas con formación ética, ciudadanía y construcción democrática.

De esta manera, el material podría tener utilización no sólo individual sino también dentro del ámbito educativo.

Explicar la ley no reemplaza a la ley

Hay una diferencia importante que la iniciativa busca dejar clara. El Digesto Joven no reemplazará los textos legales oficiales ni modificará su contenido. Tampoco será una nueva fuente normativa.

Será una herramienta para facilitar su comprensión. En sus fundamentos, Alegría señala que la propuesta “no pretende reemplazar la educación formal ni simplificar indebidamente el sistema jurídico”, sino facilitar un primer acercamiento de las nuevas generaciones a las instituciones, los derechos, las obligaciones y los mecanismos de participación ciudadana. 

Ese punto resulta relevante porque una explicación en lenguaje sencillo no tendrá el mismo valor jurídico que el texto de una ley. Ante una cuestión legal concreta, seguirá siendo necesario recurrir a la norma oficial.

Un antecedente nacional, aunque diferente

En Argentina existe desde hace varios años un Digesto Joven vinculado al Voto Joven, elaborado a nivel nacional. Ese material reúne legislación nacional y provincial relacionada principalmente con el derecho electoral de las personas de 16 y 17 años. 

La herramienta sancionada en Santa Cruz tiene un alcance diferente y mucho más amplio: no está limitada al voto ni a las normas electorales, sino que pretende abarcar diferentes áreas de derechos y obligaciones que atraviesan la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes.

Existen también provincias que cuentan con digestos jurídicos digitales para ordenar y consultar su legislación, pero son instrumentos generales destinados a la búsqueda normativa y no necesariamente plataformas pedagógicas concebidas específicamente para juventudes.

Qué falta para que pueda utilizarse

La sanción de la ley crea el programa, pero la plataforma todavía deberá ser desarrollada.

El Poder Ejecutivo determinará qué organismo será la autoridad de aplicación. Esa dependencia deberá trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial de Educación, las áreas de juventud, municipios, comisiones de fomento, universidades, institutos y organizaciones de la sociedad civil. 

La norma establece además que el Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 120 días posteriores a su promulgación. Los gastos para su implementación deberán ser atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes.

Recién a partir de esa etapa podrá conocerse cómo será concretamente la plataforma, qué organismo se encargará de mantenerla actualizada y cuándo estará disponible para los jóvenes de toda Santa Cruz.

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