Más de 3.000 firmas piden que la Legislatura investigue el Decreto 915 por Península de Magallanes

Esta mañana fue presentada ante la Mesa de Entradas de la Legislatura Provincial, en Río Gallegos, una petición respaldada por más de 3.000 firmas de vecinos de El Calafate, de otras localidades de Santa Cruz y visitantes, para que la Cámara de Diputados constituya de manera urgente una comisión que investigue el procedimiento que terminó con la firma del Decreto Provincial 915/2026.

Durante las últimas semanas se realizaron en El Calafate distintas actividades públicas y jornadas de recolección de firmas en rechazo al Decreto 915.

La novedad es que esas adhesiones fueron convertidas ahora en una presentación institucional formal ante la Legislatura.

La iniciativa fue promovida por los vecinos de El Calafate Fernanda Nogueira, Alexis Casandra Valdez, Ángel Serra y Alberto Chaile, quienes impulsaron durante las últimas dos semanas la recolección de adhesiones. La presentación fue acompañada por más de 200 planillas firmadas.

Los impulsores invocan el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y solicitan que las más de 3.000 adhesiones sean consideradas por la Cámara como fundamento para activar una herramienta de control parlamentario. 

El pedido apunta específicamente a la Comisión Investigadora de la Administración Pública, prevista en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La nota presentada solicita que esa comisión analice de manera integral tanto el Decreto 915/2026 como el Expediente del Consejo Agrario Provincial N.º 495.894/2023, además de todas las actuaciones y antecedentes relacionados con la autorización para transferir las parcelas G2 y G3 de Península de Magallanes. 

El Decreto 915, firmado el 1° de septiembre por el gobernador Claudio Vidal, autorizó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una operación que permite la transferencia de esas tierras desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad cuyo capital pertenece íntegramente a ASB Hospitality LLC, constituida en Dubái.

Los firmantes piden a la Cámara que investigue la pertinencia y legalidad del procedimiento y determine si corresponde adoptar medidas legislativas, judiciales o de otra naturaleza.

Qué es la Comisión Investigadora

La presentación se apoya en los artículos 47 y 53 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Allí se contempla a la Comisión Investigadora de la Administración Pública como una comisión no permanente y se establece que puede intervenir ante denuncias sobre posibles irregularidades administrativas que la propia Cámara le encomiende investigar. También puede proponer las medidas que considere necesarias una vez realizado ese análisis. 

Los vecinos sostienen que el caso Península de Magallanes reúne las condiciones para que ese mecanismo sea activado.

En la presentación solicitan que la comisión sea convocada “con carácter urgente” y que realice un análisis completo del expediente administrativo.

El argumento ambiental y territorial

La nota también pone énfasis en dónde están ubicadas las tierras. Las parcelas se encuentran dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en un sector lindero con el Parque Nacional Los Glaciares y en el entorno del Glaciar Perito Moreno.

Por esa razón, los vecinos fundamentan la urgencia no solamente en los aspectos administrativos de la operación sino también en la especial sensibilidad ambiental y territorial del lugar. 

El pedido pretende que la Legislatura pueda intervenir antes de que se consoliden actos de disposición sobre los inmuebles o se produzcan intervenciones materiales que puedan resultar difíciles de revertir.

Una tercera vía contra el Decreto 915

La presentación ciudadana se suma a otras dos acciones que ya se encuentran en marcha. Una es la judicial. Como viene informando Ahora Calafate, diputados provinciales y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) presentaron un amparo ante la Justicia Federal cuestionando, entre otros puntos, la aplicación del Decreto 915 y el marco nacional surgido de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

La semana pasada el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez ordenó que no se inscriban transferencias, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3, como medida conservatoria, y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine si debe intervenir originariamente en la causa.

La segunda vía es legislativa. Ahora Calafate dio a conocer que en la Cámara de Diputados existe un proyecto que propone directamente derogar el Decreto 915, presentado por legisladores opositores.

Ahora aparece un tercer camino: una petición impulsada por ciudadanos para que la propia Legislatura investigue cómo se desarrolló el expediente y qué fundamentos administrativos y jurídicos llevaron al Poder Ejecutivo a otorgar la excepción.

A partir de ahora será la Legislatura provincial la que deberá definir qué trámite otorga al pedido y si efectivamente convoca a la Comisión Investigadora de la Administración Pública.