En Santa Cruz, la mamá de Ema narró su lucha contra la violencia digital en las escuelas

Laura Sánchez, madre de Ema

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió este martes 20 de octubre a Laura Verónica Sánchez, madre de Ema Bondaruk, en el marco del tratamiento del proyecto de ley conocido como “Ley EMA”, que propone crear un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

La iniciativa fue presentada el 8 de septiembre de 2025 por el diputado Daniel Román Peralta (Santa Cruz Somos Todos), tomando como referencia una propuesta impulsada a nivel nacional y la Guía EMA, elaborada para orientar a las instituciones educativas ante situaciones de difusión no consentida de contenido íntimo.

Invitada a participar de la reunión, Sánchez brindó un fuerte testimonio sobre la experiencia que atravesó su familia y cómo esa historia la llevó a impulsar una iniciativa destinada a evitar que otros niños, niñas y adolescentes queden desprotegidos frente a situaciones de violencia digital.

“No sabía que existía hasta que llegó a mi casa”, expresó al comenzar su exposición, en referencia a la violencia digital de género.

La historia de Ema y el origen de una lucha

Ema Bondaruk vivía en Longchamps, provincia de Buenos Aires, y asistía al colegio Mariano Moreno. En agosto de 2024 sufrió la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, que comenzó a circular entre estudiantes y grupos de WhatsApp de la institución.

Durante su exposición, Laura reconstruyó lo ocurrido. Contó que el material pasó de un compañero a otro y que rápidamente llegó a numerosos estudiantes. En las horas siguientes, su hija recibió una gran cantidad de mensajes, tanto de personas conocidas como desconocidas.

“En diez minutos el video recorría distintos grupos de WhatsApp del colegio”, relató. Según su testimonio, esa exposición dejó a Ema en una situación de profunda vulnerabilidad.

El sábado 24 de agosto de 2024, un día después de la difusión del material, Ema murió por suicidio. Tenía solo 15 años.

Su madre recordó que, hasta entonces, desconocía la dimensión que podía alcanzar la violencia digital y que tampoco su hija contaba con herramientas suficientes para reconocer y afrontar lo que estaba sucediendo.

“Si Ema hubiera tenido las herramientas, si Ema hubiera tenido el conocimiento, si Ema hubiera sabido que era víctima de una situación y no culpable, definitivamente hoy la historia de Ema sería otra”, expresó Sánchez ante los diputados.

Fue a partir de esa experiencia que comenzó a trabajar con organizaciones especializadas y conoció a Olimpia Coral Melo, activista mexicana e impulsora de la Ley Olimpia, una referencia internacional en la lucha contra la violencia digital de género.

De ese trabajo colectivo surgieron la Guía EMA y una propuesta legislativa que busca transformar lo ocurrido en herramientas concretas para las comunidades educativas.

“No hay protocolos claros de acción”

Uno de los momentos centrales de la reunión se produjo cuando la diputada Fabiola Loreiro, también docente, le preguntó a Laura cómo había actuado la escuela de su hija.

Loreiro explicó que las instituciones educativas enfrentan situaciones similares y que, muchas veces, los docentes deben intentar resolverlas sin orientación suficiente.

“Es una lucha que llevamos adelante de manera aislada, porque muchas veces no sabemos los docentes cómo actuar o no tenemos las respuestas por parte de quien corresponde”, señaló.

La legisladora preguntó si Ema y su familia habían recibido acompañamiento, cómo reaccionaron los directivos y qué herramientas se utilizaron.

La respuesta de Sánchez fue contundente. “La guía justamente nace como respuesta al vacío”, afirmó.

Según relató, la escuela reunió a los estudiantes involucrados, los reprendió y los envió a sus casas. Cuestionó especialmente que su hija recibiera un llamado de atención al igual que el adolescente que había difundido el material.

Explicó que, después de la muerte de Ema, la institución tampoco supo cómo continuar trabajando con los estudiantes. Según su testimonio, el alumno que había difundido el video fue expulsado, pero no se desarrolló un abordaje colectivo de lo sucedido. “La escuela en ese momento no tuvo herramientas”, sostuvo.

Laura reconoció que el tiempo transcurrido entre la difusión del video y la muerte de su hija fue muy breve, pero insistió en que una institución educativa necesita contar con procedimientos para intervenir inmediatamente y también para acompañar a la comunidad después de una situación de violencia.

En otro tramo de su intervención resumió uno de los principales problemas que busca resolver la iniciativa: “No hay herramientas, no hay protocolos claros de acción, no hay políticas públicas que protejan”.

Diputado Daniel Peralta, autor del proyecto provincial 

Qué propone la Ley EMA para las escuelas de Santa Cruz

El proyecto presentado por Daniel Peralta propone que el Consejo Provincial de Educación implemente un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital, destinado a todos los niveles y modalidades del sistema educativo santacruceño.

Su objetivo es que estudiantes, docentes, directivos y familias cuenten con conocimientos y herramientas para prevenir situaciones de violencia, detectarlas tempranamente y actuar cuando ocurran.

Entre sus principales medidas se encuentran la incorporación de contenidos sobre ciudadanía digital, privacidad, consentimiento, protección de datos personales y uso responsable de las tecnologías.

También establece que esos contenidos se articulen con la Educación Sexual Integral (ESI), incorporando específicamente el respeto a la intimidad en los entornos digitales.

El proyecto contempla la creación de un equipo itinerante de capacitación para docentes, directivos y personal auxiliar de las escuelas, así como talleres y campañas de sensibilización para las familias y los estudiantes.

Otro punto importante es la promoción de protocolos de actuación que permitan saber cómo proceder ante situaciones de violencia digital, junto con mecanismos de acompañamiento psicológico y pedagógico para quienes resulten afectados.

La propuesta comprende distintas formas de violencia, desde el ciberacoso, las amenazas y la extorsión hasta la difusión de material íntimo sin consentimiento, incluyendo imágenes manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial.

De aprobarse, el Consejo Provincial de Educación tendría un plazo máximo de 90 días desde la promulgación para reglamentar la ley.

La Guía EMA, una herramienta que ya existe

Durante su exposición, Laura Sánchez destacó que la propuesta legislativa está vinculada con una herramienta que ya fue elaborada y difundida: la Guía EMA para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento en ámbitos educativos.

El documento fue desarrollado con la participación de la familia de Ema y organizaciones como Faro Digital, Gentic, Ley Olimpia Argentina, Defensoras Digitales de México y Fundación Encuentro, entre otras.

Su finalidad es orientar a las instituciones sobre cómo escuchar y proteger a la persona afectada, detener la reproducción del daño, trabajar con los estudiantes involucrados y acompañar a las familias.

La guía advierte especialmente sobre la importancia de evitar que la propia intervención escolar termine exponiendo nuevamente a quien sufrió la violencia.

La diferencia es que la Guía EMA ya está disponible como material de consulta, mientras que el proyecto provincial busca establecer un programa permanente que incluya su utilización, capacitación, prevención y mecanismos institucionales de actuación.

El texto presentado en Santa Cruz propone que la guía sea distribuida obligatoriamente en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Por qué la propuesta no se limita a castigar

Otro aspecto que Laura Sánchez desarrolló ante los legisladores fue el enfoque de justicia restaurativa, especialmente porque muchas situaciones de violencia digital ocurren entre adolescentes.

“La ley es un programa de prevención y abordaje, pensado para el ámbito escolar, no tiene mirada punitivista, apostamos a la justicia restaurativa”, explicó.

Esto significa que la intervención no debe agotarse en una sanción al estudiante responsable. También debe buscar que comprenda el daño provocado, asuma su responsabilidad y pueda modificar su conducta.

La madre de Ema aclaró que eso no implica eliminar las consecuencias de los actos.

“Si no se sanciona, queda impune”, expresó, pero agregó que las respuestas deben trabajarse con toda la comunidad educativa.

En ese sentido, destacó que no solamente debe intervenirse con quien inicia la difusión de un contenido, sino también con quienes contribuyen a que siga circulando. “Como se aprendió la violencia, se puede desaprender”, sostuvo.

La propuesta apunta a que los adolescentes comprendan que lo que ocurre en Internet tiene consecuencias reales sobre otras personas y que la responsabilidad por una agresión no desaparece por el hecho de utilizar una pantalla.

Responsabilidad de los adultos

Durante la audiencia también se discutió la necesidad de incorporar a las familias y revisar las prácticas de los propios adultos en los entornos digitales.

Laura señaló que uno de los pilares de la iniciativa es enseñar ciudadanía digital y trabajar sobre el consentimiento desde edades tempranas. “El consentimiento en el territorio digital lo es todo”, afirmó.

La diputada Rocío García resaltó la importancia de que niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y sepan dónde pedir ayuda. También consideró fundamental la Educación Sexual Integral y ofreció colaborar para que la asociación que impulsa la Ley EMA pueda desarrollar actividades en escuelas santacruceñas.

Por su parte, el diputado Pedro Muñoz destacó que una agresión digital puede vulnerar derechos y provocar daños tan reales como una situación de violencia presencial. Reconoció además las dificultades que enfrentan muchos adultos para comprender las formas de interacción de las nuevas generaciones.

La diputada Agostina Mora puso el acento en la necesidad de una transformación cultural. Advirtió que la violencia digital suele subestimarse porque se considera que permanece únicamente en el ámbito virtual, cuando puede afectar profundamente la salud mental y la vida cotidiana.

También planteó la necesidad de trabajar sobre el bienestar digital y de revisar los comportamientos adultos que funcionan como modelos para niños y adolescentes.

En uno de los pasajes más reflexivos de la audiencia, Laura Sánchez señaló que “estamos siempre muy preocupados en lo que nuestros hijos e hijas consumen en Internet y no en lo que construyen en Internet”.

Hacia el final del intercambio, se planteó la posibilidad de promover acuerdos de trabajo entre familias, escuelas y otras instituciones, sin reducir las respuestas a la prohibición de celulares o dispositivos electrónicos.

Laura coincidió en que la prevención requiere una responsabilidad compartida. “No va a poder la escuela sola ni la familia sola, ni el Estado solo, ni las organizaciones de la sociedad civil. Creo que hay que articular”, afirmó.

Las herramientas que ya existen en Santa Cruz

El debate se produce en una provincia que cuenta con antecedentes recientes en materia de prevención y abordaje de conflictos escolares.

En abril de este año, el Consejo Provincial de Educación presentó la guía “Escuelas que acompañan en comunidad”, aprobada mediante el Acuerdo 717/2025.

Esta herramienta contempla procedimientos de intervención frente a distintas situaciones de vulneración de derechos, incluyendo acoso, ciberhostigamiento y otras formas de violencia en ámbitos educativos.

La Provincia también desarrolló jornadas de socialización y capacitación sobre su utilización. Una de ellas tuvo lugar en la Escuela Provincial Primaria N.º 80 de El Calafate, con participación de equipos educativos locales.

La existencia de esta guía provincial constituye un antecedente importante para el tratamiento de la Ley EMA.

La diferencia principal es que el proyecto presentado por Peralta busca crear un programa específico y permanente sobre violencia digital, con capacitación, contenidos curriculares, participación de estudiantes y familias, y utilización de la Guía EMA como material de referencia.

Una de las cuestiones que queda abierta es cómo se articularían ambas herramientas y qué medidas adicionales serían necesarias para garantizar su aplicación efectiva en las escuelas.

El proyecto quedó pendiente

La participación de Laura Sánchez permitió profundizar el debate sobre el proyecto de Ley EMA en la Legislatura santacruceña.

Durante la reunión, los diputados expresaron su acompañamiento a la iniciativa y destacaron la necesidad de brindar respuestas educativas frente a una problemática que afecta cada vez más espacios de convivencia.

Sin embargo, la Comisión de Educación no emitió despacho sobre el proyecto. Al momento de repasar los expedientes tratados, se dejó constancia de que la iniciativa presentada por Daniel Peralta continuaría pendiente.

La audiencia, por lo tanto, representó una instancia de exposición y debate, pero no una aprobación legislativa.

Para Laura Sánchez, la continuidad de este trabajo constituye una manera de mantener presente el nombre de su hija y contribuir a que otros adolescentes dispongan de las herramientas que Ema no tuvo.

En su intervención insistió en que la escuela sigue siendo uno de los principales espacios para construir vínculos, reconocer derechos y aprender a convivir también en el mundo digital.