Pablo Perret
Después de cuatro horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El dictamen logró el apoyo mayoritario de todos los bloques, con la excepción de un sector de cordobeses y la abstención del Frente de Izquierda. Ahora, el texto seguirá su tratamiento en la Cámara alta.
Tras una extensa como intensa discusión en los pasillos del Palacio Legislativo, La Libertad Avanza concedió la incorporación de ratificar la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y la coexistencia de esa mensualidad con otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Asimismo, el proyecto de ley garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o la denominación que adopte en el futuro. También incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes y habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Además, establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas. Del mismo modo, incorpora un mecanismo de notificación fehaciente ante eventuales suspensiones de beneficios, asegurando un plazo de 60 días para que el beneficiario pueda efectuar su descargo y una posterior revisión por parte de la autoridad competente.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados y de la oposición dialoguista, el proyecto fija un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores. En ese sentido, establece que dicho esquema deberá ser informado dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y que la cancelación de las deudas no podrá exceder los 90 días desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad.
Otros puntos del texto
Al igual que el proyecto de prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el dictamen impulsado por La Libertad Avanza ratifica la compatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Discapacidad y una actividad laboral remunerada, siempre que los ingresos percibidos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Asimismo, la iniciativa incorpora al marco normativo la obligación de otorgar una pensión inembargable a toda persona mayor de 70 años que no se encuentre comprendida en un régimen previsional y cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, establece que el beneficio tendrá un valor equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Por otra parte, la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad encomienda al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Discapacidad y del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), el seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas al sector.
A pedido de los bloques aliados, se incorporó un artículo que establece la realización de capacitaciones orientadas a promover una atención no discriminatoria, respetuosa, accesible y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad, basada en el reconocimiento de su autonomía y adecuada a las funciones que desempeñe cada agente.
El dictamen oficialista también contempla la realización de auditorías periódicas destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el derecho a percibir la pensión no contributiva por invalidez laboral y la pensión por discapacidad. En ese marco, la Secretaría de Discapacidad quedará facultada para suspender beneficios cuando se constate el incumplimiento de las condiciones vigentes.
Finalmente, la iniciativa obliga al Ministerio de Salud a publicar información estadística vinculada con las partidas asignadas y la ejecución presupuestaria de los programas bajo su órbita; los aranceles vigentes del sistema de prestaciones básicas; y la cantidad de beneficiarios y montos correspondientes a las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
El debate
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen destacó la construcción de consensos alcanzada durante el tratamiento de la iniciativa y agradeció la “buena voluntad de los bloques dialoguistas que participaron en la elaboración del dictamen”.
“Hay algo que debemos decir con absoluta claridad: no podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de utilización política. Las personas con discapacidad no son una bandera partidaria, una foto para las redes sociales ni un eslogan. Son ciudadanos argentinos con derechos, familias y necesidades concretas, y estamos trabajando para dar respuestas a esas demandas”, enfatizó.
El legislador oficialista sostuvo además que el Gobierno recibió “un sistema con enormes problemas estructurales” y remarcó que la administración libertaria está asumiendo la responsabilidad de abordarlos. En ese sentido, afirmó que uno de los objetivos centrales del proyecto es transformar mecanismos transitorios en reglas permanentes. “Este dictamen incorpora algo que durante mucho tiempo estuvo ausente: previsibilidad. Y eso también es libertad”, concluyó.
Luego fue el turno de la diputada oficialista Giselle Catelnuovo, quien destacó que el debate representa una oportunidad para avanzar en consensos duraderos en materia de discapacidad. “Hoy tenemos una oportunidad histórica de reconocernos unidos en este punto de inflexión. Podemos admitir que existe una deuda de muchos años y, al mismo tiempo, reafirmar los derechos consagrados en la Ley 27.793. También debemos enviar un mensaje contundente: queremos una verdadera política de Estado que no deba revalidarse cada diciembre”, sostuvo.
Más adelante, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) solicitó una interrupción al diputado Juan Marino para anticipar una serie de modificaciones destinadas a garantizar la aprobación del dictamen de mayoría. “Desde nuestro bloque tuvimos profundas diferencias con este texto, pero entendimos el espíritu superador de la propuesta. Consideramos que faltaban muchas precisiones, certezas y definiciones. La palabra que necesitaba este debate era previsibilidad, además de atender algunos aspectos grises que contiene la ley de emergencia”, explicó.
En ese marco, el legislador señaló que las observaciones formuladas por su bancada surgieron del trabajo conjunto con representantes de organizaciones y comunidades vinculadas a la discapacidad. “Nuestras diferencias son importantes y de fondo. Queremos expresarlas y pedir que sean incorporadas al dictamen. También quiero dejar en claro que, si estas sugerencias no son aceptadas, no vamos a acompañar la ley”, advirtió, antes de detallar los cambios propuestos. Posteriormente, el miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, adelantó que el bloque de La Libertad Avanza aceptaría todas las modificaciones planteadas.
Ahí sí tomó la palabra el diputado Juan Marino, quien destacó que el debate sobre la iniciativa es resultado de la movilización sostenida de las organizaciones vinculadas a la discapacidad. “Si hoy estamos teniendo este debate es gracias a la enorme y extraordinaria lucha del colectivo de personas con discapacidad de todo el país”, afirmó.
El legislador recordó que ese sector impulsó la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promovió la insistencia legislativa frente al veto presidencial y continúa reclamando el cumplimiento efectivo de la normativa. “Las organizaciones siguen luchando para que el Gobierno cumpla con la ley”, señaló.
Marino explicó además que meses atrás un grupo de diputados había planteado la necesidad de prorrogar la emergencia, aunque posteriormente advirtieron que no contaban con los votos necesarios para avanzar en ese sentido. “Conversamos con las organizaciones y vimos que el dictamen tenía muchas limitaciones, pero ellas nos pidieron que participáramos de la discusión para incorporar sus principales preocupaciones y evitar cualquier retroceso en materia de derechos”, relató.
Según detalló, buena parte de esos planteos fueron incorporados al texto final. Entre ellos, mencionó la imposibilidad de suspender preventivamente las pensiones por discapacidad sin garantizar previamente el derecho de defensa de los beneficiarios. En ese sentido, recordó que en el pasado se produjo una suspensión masiva de prestaciones que afectó a más de 100 mil personas. También valoró que se hayan contemplado reclamos vinculados con los talleres protegidos y la compatibilidad entre pensiones y empleo.
El diputado sostuvo además que el dictamen aprobado se diferencia sustancialmente de las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo. “Tal como quedó redactado, este dictamen es absolutamente contrario a lo que plantearon Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli en el Presupuesto. Allí proponían eliminar el nomenclador universal y restringir la cobertura de salud para quienes perciben una pensión. Era un avance contra los derechos de las personas con discapacidad, y este proyecto permite confrontar esa propuesta”, aseguró.
Finalmente, anticipó su acompañamiento en la votación general de la iniciativa y propuso que, una vez concluido el debate, la Cámara avance con una declaración para comprometerse a eliminar del proyecto de Presupuesto aquellas disposiciones que, a su entender, afectan al colectivo de personas con discapacidad. No obstante, advirtió que la problemática excede el alcance de una ley específica. Hay un problema de fondo: ninguna ley, por sí sola, va a superar la situación de emergencia”, concluyó.
En una encendida intervención, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria destacó la labor de Oscar Herrera Ahuad, pero también destacó la participación de todos los espacios. De todas maneras, afirmó que “el dictamen inicial de mayoría estaba incompleto”, y enfatizó que el resultado final es “el trabajo de escucha a las organizaciones con discapacidad que se comprometieron”.
Hizo un repaso por los cambios introducidos durante la jornada de este miércoles y expresó: “Modificamos a partir de la escucha activa respecto a la compatibilidad de la pensión con la AUH y garantizamos la norma presupuestaria garantizándolas en esta ley para evitar que llegue enero y el presidente no se haga el distraído quitando el crédito de esta ley”.
En el final, Tolosa Paz señaló: “No pueden volver a cometer el error de quitar 100.000 pensiones de un plumazo y es por eso que establecemos en el proyecto la notificación fehaciente de la incompatibilidad, con el derecho a 60 días de descargo por parte del beneficiario y la revisión del Ejecutivo”. “Bajar una pensión es un hecho administrativo, pero para la persona con discapacidad es una cuestión de vida o muerte”, concluyó.
