Pablo Perret
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada fue devuelto por la Cámara de Diputados al Senado, con la modificación respecto a la restitución de la Ley de Tierras, motivada a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo logró aprobar la iniciativa con 124 votos positivos, 119 negativos y 6 abstenciones. Precisamente las abstenciones fueron clave, de lo contrario, se hubiera impuesto el rechazo: así votaron cinco diputados del cordobesismo -Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti- y el diputado del Pro Álvaro González.
En la votación en particular, el Capítulo IV, referido a tierras, fue el único que se votó de manera nominal y salió con más de dos tercios de los votos: 239 a favor, 4 en contra (de las tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes) y 6 abstenciones de los cuatro diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Juan Carlos Giordano; Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Marcela Pagano, de Coherencia.
La semana pasada, el texto -que además contiene cambios en desalojos, expropiaciones y el Registro de Propiedad Inmueble- se dictaminó de manera exprés en comisiones, convocadas de urgencia por La Libertad Avanza en un intento de salvar el DNU 70/23 (fin que también consiguió), el cual la oposición había llamado a rechazar ante el primer fallo del máximo tribunal.
A través de las modificaciones incorporadas, mediante el proyecto devuelto a la Cámara alta se contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto originalmente la derogación total de la Ley de Tierras (26.737), sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner en 2011, y que prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También, se prevé “restituir la plena vigencia” de dicha norma.
El capítulo sobre tierras había provocado un amplio rechazo durante su tratamiento en el Senado: originalmente, en el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger se proponía eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, en línea con lo dispuesto por el DNU fundacional de Javier Milei, cuyo artículo 154 la Justicia había declarado inconstitucional.
En medio de un clima mundialista y frente a una gran campaña y presión social, la jefa de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, anunció dos días antes de la sesión que incluirían un tope del 25%, sin embargo, no alcanzó para salvar el capítulo y finalmente se sacó.
Dos meses después de eso, la Corte Suprema de Justicia provocó un cimbronazo con una resolución en contra del CECIM La Plata -organización de excombatientes de Malvinas-, al sostener que carecían de "legitimidad procesal" para presentar el reclamo y revocó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la ley.
La medida fue duramente cuestionada, tanto que el máximo tribunal salió -en un hecho inusual- con una “aclaratoria2 el día posterior. Mientras que, en el Congreso, la oposición más dura reaccionó rápido y llamó a derogar definitivamente el mega DNU. Algo que no logró en la sesión que no tuvo quórum el pasado 15 de octubre.
Sin embargo, antes que se realice el plenario de comisiones para tratar la iniciativa (que en Diputados había estado en el freezer desde su media sanción), la Corte volvió a sacar otro fallo, en el que suspendió la derogación de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina, con el voto dividido y la participación de conjueces. Fue en el marco del reclamo de una organización ambiental. No obstante, no resolvió aún sobre el fondo de la cuestión.
A pesar de la nueva resolución del máximo tribunal, el oficialismo llevó adelante el plenario de comisiones y plasmó en el dictamen los cambios que ya había negociado puertas adentro con sus aliados: la restitución de la Ley de Tierras, una decisión contradictoria con el DNU de Milei y la propuesta original de inviolabilidad de la propiedad privada.
El proyecto ahora vuelve al Senado, donde tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto. Otros capítulos que ya habían quedado afuera allí tenían que ver con la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de Barrios Populares.
El debate en el recinto
Miembro informante del oficialismo, el diputado Santiago Santurio arrancó su intervención con una larga introducción sobre la doctrina de Santo Tomás de Aquino. “Esta es ley muy importante”, expresó y recordó que “la discusión sobre la propiedad privada viene de los griegos” y violar la propiedad privada “está mal, no importa si lo haga un individuo, un grupo de individuos o desde el aparato estatal”.
“El límite del Estado es importante para los goces de derechos del ciudadano”, consideró y opinó que “el socialismo ataca la propiedad privada” mientras “la democracia la garantiza y la promueve”.
En alusión al capítulo de expropiaciones, el oficialista subrayó que “el Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde”, por eso se busca que, en caso de expropiación, se realice con “el menor daño” y “que el lucro cesante sea resarcido al propietario”. También, en alusión a los cambios en desalojos, Santurio dijo que “es importante que cuando haya una ocupación, rápidamente ese derecho sea resarcido al dueño de la propiedad”.
A continuación, fue el turno del diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, quien le remarcó al libertario: “En esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales”.
“Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo y lo dio en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra, que ustedes han planteado desde que llegaron al Gobierno”, remarcó el massista, que hizo un repaso por todo lo sucedido en torno al tema, incluyendo las idas y vueltas de la Corte Suprema.
Por otra parte, el santafesino observó que “el concepto de propiedad privada, de la manera absoluta que ustedes lo plantean, ni los romanos, que fundaron el derecho civil, lo plantean en esos términos. Ustedes se basan en el código napoleónico”. Y agregó que el artículo 17 de la Constitución Nacional ya establece que la propiedad es inviolable. En cuanto a las expropiaciones, opinó que “las encarecen”, mientras que en desalojos “aceleran el proceso sin ningún análisis empírico”.
A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que este “es un proyecto que pretendía avanzar sobre leyes muy sensibles desde el punto de vista social para muchísimos argentinos, pero también las provincias”. “Fracasaron en el Senado, quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger y no porque el Gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero sobre todo no hubiese sido posible sin la presión de la sociedad”, señaló.
“Hoy tenemos al propio oficialismo reculando en chancletas”, resaltó, al tiempo que cuestionó la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y lanzó: “¿De qué seguridad y previsibilidad jurídica hablan si este Gobierno incurre en contradicciones fundamentales todo el tiempo?”.
Luego fue el turno del radical Martín Lousteau, quien criticó una vez más los “títulos grandilocuentes” de los proyectos del Ejecutivo y apuntó que la protección de la propiedad privada “ya está garantizada por la Constitución Nacional desde el año 1853”. “Es raro que manden un proyecto para garantizar un derecho que ya existe”, manifestó y objetó los cambios en expropiaciones y desalojos que se proponen.
Además, el integrante del bloque Provincias Unidas advirtió que “el viraje de esta ley no basta” porque también se encuentra vigente el DNU 366/25, por el cual se modificó la Ley de Nacionalidad y “es un decreto que la Corte también debe resolver”. “¿Qué sentido tiene tener una Ley de Tierras si cualquiera puede ir y comprar un pasaporte por 350 mil dólares, y después comprar lo que quiere?”, planteó.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman enfatizó que “esta no es una ley cualquiera, es una ley para atacar conquistas sociales. Los ‘econochantas’ que la escribieron ponen las expropiaciones mucho más caras. Al Estado cuando tenga que realizar una expropiación para un bien común le va a salir mucho más caro. Pero lo que hacen a la par es acelerar los desalojos”.
En un discurso político, el diputado de UP Aldo Leiva cargó contra LLA: “Hablan de inviolabilidad ustedes, los violadores seriales, que todos los días violan los derechos de los discapacitados, los jubilados, violan el federalismo, la Constitución, las leyes que votamos en este Congreso”. Y acusó de que Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Javier Milei “generan inestabilidad” y “son los que todos los días parece que se levantan con la idea de generar todo lo que perjudica al pueblo argentino”.
Avanzado el debate, la exoficialista Marcela Pagano recordó la ley de intangibilidad de los depósitos en 2001 y que “tres meses después vino el corralito” para alertar: “No pongan a correr el reloj, porque cuando ustedes gobiernan de espaldas al bolsillo de la gente empiezan a aparecer en promesas con títulos como los de esta ley, pero esconden ‘corralitos’ en los artículos y esta vez el pueblo tampoco se los va a perdonar”.
Tras asegurar que la iniciativa “no tiene nada que ver con la propiedad”, la legisladora del monobloque Coherencia señaló que “estamos debatiendo esto porque es la excusa que encontraron para que algunos aliados no dieran quórum” en la sesión convocada la semana pasada por la oposición para derogar el DNU 70/23 y que no tuvo quórum. “Tan desesperados estaban que fueron a pedirle un favor a la Corte”, disparó y agregó que “les está saliendo muy bien esto de convertirse en la casta”.
Presidenta del bloque de la UCR, aliado de LLA, la mendocina Pamela Verasay no se refirió a la ley, sino más bien hizo una defensa de la postura de la bancada que conduce: “En esta Argentina de los extremos, donde parece que hay dos lugares posibles, nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil, pero también el más necesario, y es el que entiende que un Gobierno necesita herramientas para gobernar, pero esas herramientas deben estar bien construidas”.
“El Congreso no se mide por la cantidad de sesiones que tiene, sino por cuántos problemas resuelve”, expresó y opinó que ya se observa que “empezó la campaña, ya se está usando este recinto como una tribuna, cada sesión como un acto político y cada problema de la gente como un eslogan de campaña”, mientras que en su bloque eligen “un camino menos marketinero”.
En el tramo final, la diputada de UP Paula Penacca apuntó que en LLA “han dado un volantazo fenomenal” y esta “va a ser una sesión paradigmática para el bloque del oficialismo: va a estar levantando la manito a favor de una ley que su presidente Javier Milei quiso hacer pelota dos veces”. Al hacer alusión al programa de ciudadanía por inversión, la camporista advirtió que “lo que no puedan hacer porque la Ley de Tierras siga vigente lo van a hacer a través de la compra de la ciudadanía argentina, sin ningún límite” porque “son vendepatria”.
Sobre los otros capítulos, la legisladora remarcó que “le quitan herramientas al Estado” en cuanto a expropiar, al tiempo que generan “una situación de ultra debilidad para los inquilinos”. Y alertó que se iguala “a un inquilino que se demoró 10 días en el pago de su alquiler y a quien intrusa una vivienda”. “Nosotros creemos en la función social de la tierra, nosotros creemos en la vivienda como un derecho. Ustedes le aplican la lógica de un activo financiero”, cuestionó.
Último orador, el oficialista Nicolás Mayoraz comenzó: “Qué increíble que en pleno siglo XXI estemos hablando de la propiedad privada”. “No estamos en una situación en la que podamos decir que el derecho a la propiedad privada se respeta”, consideró e indicó que “hay 816 causas de expropiación en trámite” en la Justicia y “no son un caso aislado”, además de que los juicios duran alrededor de 18 años. “Díganme si se respeta el derecho cuando una persona demora 18 años para que le paguen una indemnización”, desafió y agregó: “Lo que queremos evitar es el abuso de poder. El Estado cuando priva a alguien de su propiedad lo tiene que hacer de modo fundado, dando razones de por qué lo está haciendo”.
En cuanto a desalojos, el santafesino informó que “solo entre 2020-2021 hubo más de 17 mil usurpaciones en la provincia de Buenos Aires”. “No es lo mismo el inquilino moroso que el usurpador, la ley lo trata con distinción”, aclaró.
Por Parlamentario
