Guillermo Pérez Luque
El proyecto de la empresa francesa Huttopia para desarrollar alojamientos turísticos dentro del Parque Nacional Los Glaciares sigue levantando reclamos y nuevos planteos legislativos. A los pedidos de información realizados desde El Calafate se agregan dos iniciativas presentadas en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que buscan conocer las condiciones del emprendimiento y las decisiones adoptadas por la Administración de Parques Nacionales (APN).
Por un lado, la diputada nacional Ana María Ianni, junto a su par bonaerense Sabrina Selva, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, información sobre la propuesta de Huttopia Argentina SRL. El planteo comprende los cuatro parques incluidos en la iniciativa: Los Glaciares, Los Alerces, Iguazú e Iberá.
Por su parte, el diputado provincial Carlos Alegría presentó un proyecto que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Legislatura santacruceña. Además de requerir información a APN, solicita un informe detallado y un pronunciamiento de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares.
El pedido nacional busca acceder al expediente completo de la iniciativa privada, incluyendo los dictámenes jurídicos, los informes técnicos y la resolución de APN que declaró de interés público la propuesta. También solicita las actas de la reunión del Directorio del 25 de septiembre y precisiones sobre el estado administrativo del trámite.
Uno de los interrogantes centrales es cómo se seleccionaría al operador y bajo qué condiciones se otorgaría la explotación. Ianni y Selva preguntan si habrá una licitación pública nacional o internacional, un concurso u otro procedimiento.
También requieren conocer si los cuatro emprendimientos se contratarían en conjunto o mediante procesos separados. En caso de una contratación conjunta, piden justificar esa decisión y explicar cómo se evitaría que las exigencias económicas y técnicas excluyan a pequeñas y medianas empresas locales o regionales.
El proyecto consulta, además, cómo se garantizará que las características de las instalaciones y los requisitos de solvencia permitan la competencia entre oferentes, sin favorecer exclusivamente a la empresa que presentó la iniciativa.
Otro punto es el plazo mínimo de explotación de 29 años mencionado en la presentación. Las diputadas piden que se explique su fundamento y el encuadre legal de las obras previstas dentro de las áreas protegidas.
El emplazamiento en Los Glaciares aparece entre los aspectos que requieren mayores precisiones. El proyecto cita informes catastrales que, según sus autoras, señalarían que los sectores identificados como Camping Bajo Las Sombras, en Los Glaciares, y Portal Pellegrini, en Iberá, estarían solo parcialmente bajo titularidad o jurisdicción de APN.
A partir de esa referencia, solicitan planos, coordenadas y documentación que permita determinar los límites y la situación de los terrenos. También preguntan qué consultas se realizaron a las provincias de Santa Cruz y Corrientes y cuál sería el fundamento jurídico para incluir superficies que no fueran de titularidad exclusiva del Estado nacional.
Se trata de un punto planteado en el pedido de informes, sobre el que se reclama documentación y una respuesta oficial.
La evaluación ambiental ocupa otro tramo importante de la iniciativa. Las legisladoras solicitan conocer la zonificación de cada emplazamiento y su compatibilidad con los objetivos de conservación de los parques.
Entre las cuestiones mencionadas figuran la disponibilidad de agua, el tratamiento de efluentes, la capacidad de carga turística y los efectos del ruido y la iluminación sobre la fauna. También preguntan si habrá una evaluación de los impactos acumulativos antes de aprobar los pliegos definitivos y qué instancias de participación pública están previstas.
En el ámbito provincial, el proyecto de Carlos Alegría concentra sus preguntas en Los Glaciares. De acuerdo al proyecto al que accedió Ahora Calafate, el diputado reclama precisar la ubicación, la superficie y la categoría de protección del sector previsto para Huttopia, además de identificar los permisos, concesiones o convenios que pudieran haberse tramitado.
La presentación solicita los estudios ambientales y técnicos disponibles, sus conclusiones y los mecanismos de seguimiento y control. También pregunta por la participación de la comunidad y de instituciones científicas, y por los beneficios económicos y laborales que el emprendimiento podría generar en la región.
Un aspecto particular del planteo es el pedido a la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares para que informe su posición institucional. Alegría busca conocer qué intervención tuvo, qué comunicaciones recibió o emitió y qué condiciones considera necesarias para resguardar los objetivos de conservación.
El proyecto aclara que su propósito no es expresar una oposición general a la inversión privada o al turismo, sino reclamar transparencia, evaluación técnica, participación y reglas claras.
Pedidos de información anteriores
Los nuevos proyectos se suman a la resolución que el Concejo Deliberante de El Calafate aprobó sobre tablas el jueves pasado, expresando su “profunda preocupación” por el proceso administrativo para habilitar infraestructura de alojamiento en el sector conocido como Bajo la Sombra o Bahía Escondida.
Como informó Ahora Calafate el cuerpo deliberativo solicitó el expediente completo de la iniciativa privada y la convocatoria a la Comisión Asesora Local del Parque Nacional Los Glaciares, para que el proyecto pueda ser conocido y analizado en ese ámbito. Durante el tratamiento, el concejal Leonardo Mardones cuestionó el emplazamiento y reclamó información y participación de la comunidad.
Otra inversión extranjera apunta a Los Glaciares y fue declarada de interés por el Gobierno NacionalEl caso fue dado a conocer localmente a través de un informe de Ahora Calafate. Posteriormente, ACATEC, la entidad que agrupa a alojamientos turísticos de la localidad, presentó un pedido de información pública sobre la ubicación, la selección del operador y el impacto ambiental.
Con las iniciativas ingresadas ahora en el Congreso y la Legislatura provincial, se amplía el reclamo para que las autoridades nacionales documenten qué propone Huttopia, qué decisiones se tomaron y qué evaluaciones y autorizaciones siguen pendientes.
