Guillermo Pérez Luque
Senadores nacionales de cinco provincias patagónicas presentaron este miércoles el proyecto de ley denominado Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), que propone recuperar el anterior Régimen de Zona Fría e incorporar nuevos mecanismos de protección tarifaria para las familias de ingresos bajos y medios.
La iniciativa fue elaborada por Alicia Kirchner (Santa Cruz), Ana Marks y Martín Soria (Río Negro), Carlos Linares (Chubut), Cristina López (Tierra del Fuego) y Daniel Bensusán (La Pampa). La presentación se realizó en el Bloque Justicialista del Senado de la Nación y contó con el acompañamiento del presidente de esa bancada, José Mayans.
El proyecto al que accedió Ahora Calafate contiene 58 artículos y dos anexos técnicos, mediante los cuales se propone modificar distintas leyes nacionales, establecer nuevas bonificaciones y crear mecanismos de financiamiento.
La presentación ocurre apenas dos días después de que el Gobierno nacional reglamentara los cambios al Régimen de Zona Fría, que mantienen el descuento nominal del 50% para la Patagonia, pero modifican su forma de cálculo, reduciendo el alcance económico del beneficio.
Uno de los aspectos centrales de ABRIGAS es que propone derogar las modificaciones introducidas por la reciente Ley 27.828 y restablecer las disposiciones anteriores del Régimen de Zona Fría, incluida la ampliación territorial aprobada en 2021.
De esta manera, los senadores buscan recuperar para Santa Cruz y las demás regiones históricamente comprendidas en el sistema una tarifa diferencial equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el organismo regulador.
La diferencia con el régimen recientemente reglamentado es importante.
Hasta la reforma de octubre, el beneficio comprendía los distintos componentes tarifarios del servicio, incluidos el precio del gas, el transporte y la distribución. Con la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, la bonificación del 50% quedó limitada al precio del combustible.
ABRIGAS propone revertir esa modificación y recuperar el alcance anterior del beneficio, que también comprende a determinados usuarios del Servicio General P abastecidos con propano indiluido por redes.
Además, la iniciativa plantea restablecer las disposiciones de la Ley 27.637 que habían ampliado el régimen a otras zonas frías del país.
Pero el proyecto va más allá de recuperar la legislación anterior.
También propone crear un sistema de bonificaciones adicionales, aplicable en todo el país, que contemple los ingresos de las familias y las necesidades de consumo de gas según las condiciones climáticas. Para ello establece dos categorías de beneficiarios.
Los hogares de ingresos bajos, definidos principalmente por ingresos familiares de hasta una vez y media el valor de la Canasta Básica Total para un hogar tipo 2 del INDEC, accederían a una bonificación del 70% sobre el componente correspondiente al precio del gas incluido en un volumen de consumo protegido.
Los hogares de ingresos medios, con ingresos superiores a ese límite y de hasta tres Canastas Básicas Totales, tendrían una bonificación del 50% sobre ese mismo componente.
El proyecto también contempla criterios sociales especiales para incluir a beneficiarios de asignaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, junto con determinadas condiciones de exclusión patrimonial.
Una particularidad es que estas nuevas bonificaciones serían compatibles y acumulables con las del Régimen de Zona Fría.
El articulado establece que primero debe aplicarse el beneficio territorial y luego el descuento adicional de ABRIGAS sobre el importe correspondiente. Por lo tanto, no se trata de sumar directamente los porcentajes.
Otra de las novedades es la creación de un mecanismo que vincula el costo del consumo esencial de gas con los ingresos.
El artículo 13 propone que el importe mensual del consumo comprendido en el bloque protegido, sin impuestos, no pueda superar el 10% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los hogares de ingresos bajos ni el 15% para los de ingresos medios.
Cuando ese importe supere los límites previstos, se aplicaría una bonificación adicional en la misma factura.
Es importante aclarar que estos topes no comprenden necesariamente la totalidad de la factura, sino el consumo esencial definido por el sistema.
También se plantea que el costo unitario de ese consumo protegido no aumente por encima de determinados indicadores de evolución salarial.
Por otra parte, el proyecto propone ampliar los volúmenes de gas subsidiado un 25% entre mayo y septiembre y un 10% entre octubre y abril, con criterios que contemplen las diferencias climáticas de cada región.
Durante la presentación, Alicia Kirchner destacó que el proyecto fue elaborado desde una perspectiva regional, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la Patagonia.
"Nos pareció necesario dar a conocer este programa que se hizo desde la mirada de la Patagonia con los problemas de la Patagonia", expresó la senadora.
Kirchner cuestionó los incrementos registrados en las tarifas del gas durante los últimos años y sostuvo que las decisiones nacionales deben considerar la realidad de las familias.
"Para nosotros el gas es fundamental. Todos queremos que las cuentas cierren, pero cierren con las familias argentinas adentro", afirmó.
La legisladora también se refirió a las dificultades de los jubilados para afrontar el costo de los servicios esenciales.
"Un jubilado no puede pagar el gas, tiene que elegir entre comprar el remedio o comprar los alimentos. Nosotros venimos con el problema y planteamos la solución", manifestó.
Y sintetizó su postura con otra frase: "Vivir en una zona fría no puede significar pagar el precio de una desigualdad geográfica".
Por su parte, la senadora rionegrina Ana Marks, quien explicó los aspectos técnicos de ABRIGAS, sostuvo que "el gas es un derecho, no un lujo".
Marks destacó que el sistema propuesto contempla bonificaciones diferenciadas, protección durante los doce meses del año y límites al costo del consumo esencial para las familias.
José Mayans también acompañó la presentación y cuestionó la política de precios energéticos, mientras que Cristina López advirtió sobre las dificultades que enfrentan numerosos hogares de Tierra del Fuego para pagar el servicio de gas.
ABRIGAS contempla la creación de un fondo fiduciario específico, con una duración inicial de veinte años, destinado a financiar bonificaciones complementarias y mecanismos de protección frente a incrementos extraordinarios.
Entre sus fuentes de recursos propone utilizar el 10% de lo efectivamente recaudado por determinados derechos de exportación de hidrocarburos, un cargo del 1% sobre el precio del gas destinado a grandes usuarios y el 15% de las regalías offshore correspondientes al Estado nacional.
El articulado excluye expresamente de ese cargo específico a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas que acrediten esa condición.
Las bonificaciones principales previstas por el nuevo sistema se financiarían mediante las partidas presupuestarias destinadas a subsidios energéticos residenciales, mientras que el nuevo fondo atendería mecanismos complementarios de protección.
La propuesta también incluye un Bono Gas por Volatilidad, que se activaría ante aumentos extraordinarios del precio de referencia del combustible, de acuerdo con condiciones y fórmulas establecidas en el proyecto.
Además, plantea modificaciones a la legislación nacional de hidrocarburos para recuperar el autoabastecimiento como uno de los objetivos prioritarios de la política energética.
Aunque ABRIGAS fue presentado públicamente este miércoles, todavía no es una ley ni establece beneficios que puedan aplicarse de inmediato a las facturas de los usuarios.
El texto deberá ingresar formalmente al Senado de la Nación, recibir un número de expediente y ser girado a las comisiones que correspondan para iniciar su tratamiento.
Su eventual aprobación requerirá completar el procedimiento legislativo en ambas cámaras del Congreso y su posterior promulgación. El propio proyecto contempla plazos para su entrada en vigencia y reglamentación.
Por lo tanto, los descuentos y mecanismos anunciados constituyen propuestas de los senadores patagónicos, que deberán ser debatidas antes de convertirse eventualmente en nuevas obligaciones para el Estado y las empresas prestadoras.
Mientras tanto, continúa vigente el Régimen de Zona Fría modificado por la Ley 27.828 y reglamentado esta semana por el Gobierno nacional.
La iniciativa ABRIGAS abre así una nueva instancia de debate parlamentario sobre el costo del gas, la protección de los hogares de ingresos bajos y medios y las diferencias de consumo que imponen las condiciones climáticas de Santa Cruz y el resto de la Patagonia.
