Guillermo Pérez Luque
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a defender la llegada de inversiones privadas para desarrollar emprendimientos turísticos en la provincia y, en ese contexto, se refirió nuevamente a la polémica operación inmobiliaria en Península de Magallanes, que su gobierno autorizó excepcionalmente mediante el Decreto 915/2026.
Lo hizo durante su discurso en el acto de presentación de la Ley de Promoción Industrial, realizado en las instalaciones de Santa Cruz Puede, donde sostuvo que el turismo tiene un enorme potencial de crecimiento y que su administración continuará buscando inversores nacionales y extranjeros.
Luego de mencionar las posibilidades de desarrollo de la actividad turística y las gestiones para atraer capitales del exterior, Vidal se refirió a los cuestionamientos que recibió por la autorización de una operación inmobiliaria destinada a construir alojamientos de lujo.
“Nos cuestionan porque tomamos la decisión de acompañar a un privado que pueda vender su tierra para que venga un inversor a hacer un complejo de cabañas de lujo, y sí, es apostar al turismo, ¿Cuál es el problema?”, expresó.
Sus palabras estuvieron dirigidas a defender la operación de venta de tierras en Península de Magallanes a capitales extranjeros, algo que viene generando una fuerte controversia política, social y judicial en El Calafate.
El mandatario insistió en la necesidad de salir a buscar inversiones y recordó que Santa Cruz fue poblada históricamente por inmigrantes que llegaron con la intención de trabajar, producir y desarrollar sus actividades.
“Salimos al mundo a buscar inversiones y no le tenemos que tener miedo a esto, todo lo contrario, es la posibilidad que tenemos de poder crecer”, afirmó.
La defensa de las inversiones turísticas estuvo acompañada por duros cuestionamientos a las gestiones políticas que gobernaron Santa Cruz durante las décadas anteriores.
Vidal retomó acusaciones que ya había formulado públicamente contra el kirchnerismo por el manejo de grandes extensiones de tierras en la provincia.
Sostuvo que durante esos gobiernos existieron operaciones que perjudicaron a productores rurales y favorecieron la concentración de propiedades.
“Antes, desde el poder político provincial que duró muchos años en esta provincia, condenaban a los productores, les mataban las ovejas y se quedaban con los campos”, afirmó.
A continuación, aseguró que de esa manera determinados sectores llegaron a quedarse con casi 400.000 hectáreas.
Pero esta vez agregó otra referencia. Según el gobernador, en negociaciones entre sectores políticos y privados se habrían entregado 130.000 hectáreas a empresas extranjeras que posteriormente no cumplieron con sus compromisos de inversión.
También volvió a cuestionar la venta de tierras fiscales a precios reducidos y las posteriores operaciones inmobiliarias.
“Y nadie dice que en esta provincia se quedaron con tierras fiscales a un muy bajo precio y después generaron un negocio inmobiliario millonario que benefició solamente a un grupito pequeño de esta sociedad y perjudicó a todos los demás”, manifestó.
Las acusaciones del mandatario fueron formuladas durante su discurso, sin identificar en esta oportunidad las operaciones concretas ni presentar documentación que permita comprobarlas.
No es la primera vez que Vidal utiliza estos antecedentes para responder a las críticas por Península de Magallanes. El pasado 12 de octubre, durante una conferencia de prensa en El Chaltén, ya había cuestionado al kirchnerismo por las tierras adquiridas por Lázaro Báez y por las ventas de terrenos fiscales en El Calafate.
En esta nueva intervención incorporó la referencia a las 130.000 hectáreas presuntamente entregadas a empresas extranjeras.
El gobernador cerró esa parte de su exposición con una defensa de la actuación de su administración.
“Nosotros estamos trabajando por el bien común, acá no hay nada que esconder, yo lo único que pido es que no pongan palos en la rueda”, expresó.
Las declaraciones de Vidal se producen mientras continúa abierto el conflicto por el Decreto Provincial 915/2026, firmado el 1.º de septiembre, mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz autorizó una excepción a la restricción que impide la adquisición de tierras por parte de extranjeros dentro de áreas protegidas provinciales.
La decisión habilitó excepcionalmente la transferencia de dos parcelas que suman aproximadamente 21 hectáreas, pertenecientes a Lacustre del Sud S.A., a favor de ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina vinculada a capitales de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
La operación está relacionada con el emprendimiento turístico denominado Master Plan Ecocentro, proyectado dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, frente al Glaciar Perito Moreno.
Como informó Ahora Calafate en sucesivas publicaciones, la decisión del Ejecutivo generó cuestionamientos de legisladores provinciales, organizaciones ambientalistas, entidades vinculadas al turismo y vecinos de El Calafate.
Los principales planteos apuntan a la legalidad de la excepción otorgada, el procedimiento administrativo utilizado, las evaluaciones ambientales y la participación de la comunidad en las decisiones que afectan a un área natural protegida.
La controversia también llegó a la Justicia Federal. El 16 de octubre, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó que no se inscriban transferencias de dominio, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3 involucradas en la operación.
El magistrado se declaró incompetente para resolver el fondo del amparo y dispuso remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida judicial busca preservar la situación registral de las tierras mientras se define la competencia y el tratamiento del planteo. No implica la anulación ni la suspensión del Decreto 915.
Paralelamente, en la Legislatura provincial se encuentra en tratamiento un proyecto que propone dejar sin efecto esa autorización excepcional.
El 21 de octubre, la Comisión de Recursos Naturales resolvió solicitar informes y convocar a funcionarios provinciales antes de emitir un dictamen. Al día siguiente, el Concejo Deliberante de El Calafate aprobó por unanimidad una resolución de respaldo a la iniciativa legislativa que busca derogar el decreto.
