Preocupa el ritmo de los desmontes: Greenpeace denunció que Argentina perdió más de 73 mil hectáreas de bosques nativos en 9 meses, el equivalente a 4 capitales porteñas

Y aunque la cifra no permite asegurar, por sí sola, que la totalidad de ese desmonte haya sido ilegal, el estudio sí demuestra que la deforestación sigue avanzando en el Gran Chaco argentino, una de las principales regiones de bosques secos de América del Sur, al tiempo que el gobierno nacional impulsa modificaciones y recortes a la Ley de Bosques.

El detalle del trabajo arroja que Santiago del Estero encabezó el podio de las pérdidas, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total desmontado. Detrás quedaron Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%); Chaco, con 9.339 hectáreas (12,8%); y Formosa, con 8.395 hectáreas (11,5%).

La comparación con el primer semestre demuestra que la deforestación no se detuvo durante el invierno. Entre enero y junio se habían registrado 40.862 hectáreas desmontadas, a las que ahora se sumaron otras 32.362.

En septiembre, cuando se presentó el proyecto del Presupuesto 2027, las cifras confirmaron que la protección ambiental está lejos de ser una de las prioridades de cara al año electoral.

Si bien la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fija pisos mínimos para financiar su aplicación, el gobierno viene pasando por alto sus obligaciones desde hace tiempo.

De acuerdo con el artículo 31 de esa norma, el fondo destinado a compensar a las provincias y propietarios de campos que conservan bosques nativos en su territorio estará compuesto, como mínimo, por partidas anuales no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agropecuarias y forestales del año anterior, además de otros recursos derivados de préstamos, subsidios o donaciones.

En base al gasto total que fija el Presupuesto para el próximo año, que será de 202 billones de pesos, si únicamente se toma en cuenta el componente del 0,3%, el fondo debería tener al menos 606.304 millones de pesos. Pero esa cifra dista mucho de los 24.668 millones que efectivamente recibirá, apenas el 4% de ese piso y sin tener en cuenta siquiera lo que corresponde por retenciones.

Sin embargo, hay que mencionar que aunque los recursos son menos del 5% del piso legal fijado por ley, representan una mejora frente al actual. Según dio cuenta Bichos de Campo en septiembre, en comparación con el 2026, el fondo recibirá un 29,2% más de recursos en términos reales, pero sigue un 62% por debajo de lo ejecutado al inicio del gobierno de Javier Milei.

Más allá de la cuestión presupuestaria, es cierto que el Poder Ejecutivo contempla modificar la normativa, que actualmente establece tres categorías de conservación: roja, para los bosques de mayor valor ambiental; amarilla, donde se permite el aprovechamiento sostenible pero no el desmonte; y verde, donde pueden autorizarse transformaciones del suelo sujetas a requisitos ambientales.

La propuesta del oficialismo contempla eliminar la autorización previa para desmontar bosques clasificados en categoría verde, reemplazándola por una obligación de informar la actividad.

Asimismo, plantea modificar el artículo 14 para que la prohibición expresa de desmontar se limite a la categoría roja, dejando de incluir a la amarilla.

No se debe perder de vista que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Glasgow, celebrada en 2021, Argentina acompañó el compromiso internacional de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.

Los registros, sin embargo, muestran que la deforestación persiste. Aquello no representa únicamente la desaparición de árboles. También implica alteraciones en los ciclos hídricos, degradación de los suelos, pérdida de hábitats y consecuencias para las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Por Bichos de Campo