Que la dislexia no sea motivo de exclusión escolar: qué establece la nueva ley de Santa Cruz

Imagen Ilustrativa

Santa Cruz cuenta con una nueva ley destinada a mejorar el conocimiento sobre la dislexia, facilitar su detección temprana y evitar que las dificultades en el aprendizaje de la lectura se conviertan en motivo de discriminación o exclusión escolar.

Se trata de la Ley Provincial 4031, que crea el Programa Provincial de Sensibilización y Concientización sobre Dislexia, una iniciativa que había sido presentada en octubre de 2025 por la diputada Rocío García, del bloque Unión por la Patria.

La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2026 y promulgada por el gobernador Claudio Vidal mediante el Decreto 1089, firmado el 19 de octubre. Su publicación se concretó en el Boletín Oficial del pasado 5 de noviembre.

La legislación establece campañas de información, capacitación docente, herramientas de orientación temprana y actividades en todas las regiones educativas de Santa Cruz. Su implementación estará a cargo del Consejo Provincial de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente.

Qué es la dislexia

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico, que afecta principalmente las habilidades relacionadas con la lectura.

Las personas con dislexia pueden presentar dificultades para relacionar letras con sonidos, reconocer palabras con precisión, leer con fluidez y desarrollar habilidades de escritura y ortografía.

No está relacionada con una menor inteligencia, falta de voluntad o desinterés por aprender. Una persona con dislexia puede desarrollar sus capacidades académicas y profesionales, aunque necesite estrategias y apoyos específicos para determinadas tareas.

Su identificación temprana y un acompañamiento educativo adecuado son importantes para evitar que las dificultades se acumulen y afecten la confianza, la autoestima y la trayectoria escolar.

Precisamente, este es uno de los problemas que la nueva ley busca abordar.

En los fundamentos del proyecto original, la diputada Rocío García advirtió que el desconocimiento de la dislexia en los establecimientos educativos puede generar prejuicios y demoras en la identificación de las dificultades.

Señaló que esa situación suele traducirse en “etiquetas negativas, demoras diagnósticas y frustración que comprometen el desempeño y la autoestima”.

Qué establece la nueva ley

El programa provincial contempla una serie de medidas dirigidas a estudiantes, familias, docentes, equipos de salud y a la comunidad.

Una de las principales acciones será la realización de campañas públicas anuales de sensibilización, que deberán difundirse a través de escuelas, hospitales, medios de comunicación y redes sociales.

También se establece la elaboración de guías y materiales accesibles para las familias y los establecimientos educativos, con recomendaciones para facilitar la lectura y comprensión de los contenidos.

La nueva norma a cuyo texto accedió Ahora Calafate, menciona expresamente el uso de lenguaje claro, tipografías legibles, interlineado adecuado y contrastes que mejoren la accesibilidad.

Otro aspecto importante es la elaboración de protocolos de detección temprana y orientación para los equipos escolares, en articulación con los servicios de salud.

El objetivo es que, cuando se adviertan dificultades compatibles con la dislexia, las instituciones cuenten con herramientas para orientar a las familias hacia una evaluación y los apoyos correspondientes.

Diputada Rocío García - autora del proyecto que se convirtió en Ley

El programa también promoverá prácticas pedagógicas inclusivas, adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

En los fundamentos del proyecto, García mencionó algunas de estas estrategias, como otorgar tiempos adicionales para determinadas actividades, utilizar modalidades alternativas de evaluación y ofrecer materiales accesibles.

Las acciones estarán dirigidas a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, además de la educación de jóvenes y adultos.

Capacitación anual para docentes

La ley dispone que el Consejo Provincial de Educación desarrolle instancias anuales de formación y actualización para directivos, docentes y equipos de apoyo escolar.

Estas capacitaciones podrán realizarse mediante plataformas virtuales y contemplar certificación gratuita.

También se organizarán jornadas provinciales de sensibilización y actividades territoriales en todas las regiones educativas, con la intención de extender el alcance del programa a las distintas localidades de Santa Cruz.

Este último aspecto había sido destacado por la autora del proyecto, quien sostuvo que, pese a existir herramientas normativas para abordar las dificultades específicas del aprendizaje, persisten problemas relacionados con la información pública y los recursos de los equipos escolares.

En particular, García hizo referencia a las dificultades para llegar a familias que viven fuera de las grandes localidades, una situación especialmente relevante en una provincia con las características geográficas de Santa Cruz.

Trabajo conjunto entre Educación y Salud

La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación, que deberá coordinar las acciones con el Ministerio de Salud y Ambiente.

La legislación también permite establecer convenios con municipios, universidades, colegios profesionales y organizaciones especializadas en dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje.

Asimismo, invita a las municipalidades y comisiones de fomento a adherir al programa y desarrollar actividades locales.

Otro punto es la obligación de publicar un informe anual sobre el funcionamiento del programa.

Ese documento deberá incluir información sobre las localidades alcanzadas, la cantidad de escuelas y equipos capacitados, los materiales difundidos y las actividades realizadas junto con otras instituciones.

Una nueva herramienta que se suma a la legislación existente

La Ley 4031 no constituye el primer antecedente normativo relacionado con la dislexia y otras dificultades del aprendizaje. En 2016, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.306, que declara de interés nacional su abordaje integral e interdisciplinario. Santa Cruz adhirió posteriormente mediante la Ley Provincial 3620.

La nueva legislación busca complementar ese marco mediante acciones específicas de concientización, capacitación, orientación y difusión de información.

En los fundamentos del proyecto, Rocío García sostuvo que las medidas propuestas buscan fortalecer las trayectorias escolares y mejorar las oportunidades educativas de quienes presentan estas dificultades.

La diputada resumió el propósito de la iniciativa con una frase: “sensibilizar es prevenir exclusiones y abrir puertas a los apoyos correctos en el momento oportuno”.

La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.

En esa instancia deberán definirse los mecanismos necesarios para poner en marcha las campañas, capacitaciones, materiales y protocolos previstos.

Por lo tanto, aunque la norma ya fue sancionada, promulgada y publicada, su aprobación no significa que todas estas medidas estén funcionando actualmente.