Guillermo Pérez Luque
El Gobierno nacional puso en marcha una iniciativa para modificar el tratamiento que reciben los animales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Actualmente, la legislación argentina los considera dentro del régimen de las cosas muebles, aunque existen leyes específicas que los protegen del maltrato y la crueldad.
A través de la Resolución 548/2026, el Ministerio de Justicia creó una comisión de 16 especialistas que deberá elaborar un anteproyecto de reforma.
La iniciativa busca revisar una legislación que, según reconoce el propio Gobierno, no contempla adecuadamente situaciones que se han vuelto habituales en la sociedad. Entre ellas, el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía, y los conflictos que surgen cuando una pareja se separa.
El artículo 227 del Código Civil y Comercial establece que son cosas muebles aquellas que pueden desplazarse por sí mismas o mediante una fuerza externa.
Dentro de esta clasificación, la doctrina jurídica incluye a los animales como cosas muebles semovientes, una denominación tradicional que alude a su capacidad de desplazarse por sus propios medios.
Esto no significa que sus propietarios puedan disponer de ellos sin restricciones. En Argentina rige desde 1954 la Ley 14.346, que castiga el maltrato y los actos de crueldad animal con penas de entre 15 días y un año de prisión.
Por ejemplo, la ley sanciona no proporcionar alimentación suficiente a los animales domésticos o cautivos, provocarles sufrimientos innecesarios, torturarlos o hacerlos participar en riñas.
Lo que ahora se plantea revisar es su condición dentro del derecho civil, donde todavía no existe una categoría general que los reconozca expresamente como seres sintientes, es decir, capaces de experimentar sensaciones como dolor, sufrimiento y bienestar.
El Ministerio sostiene que esta clasificación ha quedado desactualizada frente a los avances registrados en otros países y en algunas decisiones judiciales argentinas.
Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa es el reconocimiento de una realidad cotidiana: los animales de compañía ocupan un lugar importante en numerosos hogares, donde se desarrollan vínculos afectivos que trascienden la relación tradicional entre propietario y mascota.
La resolución menciona expresamente el concepto de familia multiespecie, utilizado para describir hogares en los que conviven personas y animales con vínculos afectivos significativos.
El problema aparece, por ejemplo, cuando una pareja decide separarse. ¿Quién se queda con el perro o el gato? ¿Puede la otra persona seguir viéndolo? ¿Quién debe pagar la alimentación, los medicamentos o los tratamientos veterinarios?
Actualmente, el Código Civil argentino no establece un régimen específico para resolver esas situaciones.
Las parejas pueden llegar a acuerdos particulares, pero cuando existe un conflicto los tribunales no cuentan con reglas nacionales expresas semejantes a las que se aplican para determinar el cuidado de los hijos.
Por eso, una de las tareas de la nueva comisión será estudiar cómo incorporar a los animales de compañía dentro de la regulación de las relaciones familiares, especialmente en los casos de divorcio o ruptura de uniones convivenciales.
Esto no significa que se pretenda equiparar jurídicamente a las mascotas con los hijos. La discusión consiste en determinar si corresponde establecer reglas propias que contemplen el bienestar del animal y los vínculos desarrollados con sus cuidadores.
La cuestión ya llegó a distintos tribunales del país, aunque las respuestas no fueron uniformes.
En algunos casos, los jueces admitieron acuerdos o medidas para que las mascotas continuaran manteniendo contacto con ambos integrantes de una expareja.
En cambio, en julio de 2025, un juez de Familia de Córdoba rechazó homologar un acuerdo de cuidado compartido de dos perras. Los excónyuges habían convenido que los animales permanecieran alternativamente 15 días con cada uno y compartir determinados gastos.
El magistrado consideró que el concepto de cuidado personal previsto en el Código Civil corresponde a los hijos y que el acuerdo excedía la competencia de los tribunales de familia. No prohibió el entendimiento entre las partes, pero se negó a homologarlo bajo esa figura jurídica.
También existen antecedentes sobre la condición de los animales como sujetos de derecho. La resolución nacional menciona los casos de Sandra, una orangutana en Buenos Aires, y Cecilia, una chimpancé en Mendoza, que recibieron reconocimiento judicial como sujetos de derecho no humanos en decisiones de 2015 y 2016.
Sin embargo, fueron sentencias para situaciones concretas y no modificaron la clasificación general establecida por el Código Civil.
La reforma argentina podría tomar como referencia experiencias internacionales que ya reconocen una condición jurídica particular para los animales.
Francia incorporó en 2015 el reconocimiento de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, aunque mantiene la aplicación de las normas patrimoniales cuando corresponde.
Alemania establece que los animales no son cosas y que están protegidos por leyes especiales.
En España, una reforma aprobada en 2021 fue más allá y estableció reglas específicas para los animales de compañía cuando se produce un divorcio o separación.
Allí, un juez puede determinar con quién permanecerán las mascotas, cómo se distribuirán los períodos de convivencia y qué responsabilidades económicas tendrá cada integrante de la expareja, considerando el bienestar del animal.
Portugal también incorporó disposiciones sobre el cuidado de mascotas después de una separación.
Estas experiencias constituyen antecedentes para el debate argentino, pero ninguna de esas disposiciones tiene aplicación automática en nuestro país.
El debate tampoco es completamente nuevo en Argentina.
En 2018, una comisión de juristas que estudió modificaciones al Código Civil elaboró un anteproyecto que incluía reconocer a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.
También proponía establecer que, después de un divorcio, los animales de compañía pudieran quedar al cuidado de uno o ambos cónyuges, considerando el bienestar del animal y los intereses familiares.
Incluso contemplaba proteger a las mascotas frente a determinados embargos judiciales.
Aquellas propuestas no llegaron a incorporarse al Código Civil vigente. Ahora, el Gobierno vuelve a abrir la discusión mediante una nueva comisión.
La comisión estará coordinada por Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus 16 integrantes hay especialistas universitarios en Derecho Animal, magistrados, profesionales del derecho y representantes de organizaciones protectoras, como El Campito Refugio, Callejero Casa Quiere y Pájaros Caídos.
También participan representantes de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, entre ellos juezas con experiencia en derecho de familia.
Los integrantes desarrollarán sus tareas sin remuneración adicional y podrán convocar a otros especialistas, representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
El anteproyecto deberá presentarse dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera reunión formal de la comisión, plazo que podrá prorrogarse por otros 45 días mediante una decisión fundamentada.
Por el momento no se estableció en la resolución una fecha para esa primera reunión.
La eventual reforma podría modificar la clasificación jurídica de los animales e incorporar disposiciones específicas sobre sus necesidades de bienestar y los vínculos con las personas que los cuidan.
También podría establecer criterios para resolver los conflictos familiares relacionados con mascotas.
Sin embargo, la Resolución 548/2026 no modifica ninguna ley ni concede nuevos derechos a los animales. Su función es poner en marcha el trabajo para elaborar una propuesta legislativa.
En Santa Cruz, municipios como El Calafate y El Chaltén ya cuentan con normas de tenencia responsable y control de animales, que regulan aspectos sanitarios, de seguridad y de convivencia. Esas disposiciones pertenecen a un ámbito diferente del régimen civil nacional que ahora se pretende revisar.
Tampoco debe confundirse esta iniciativa con las normas que regulan la producción ganadera, la fauna silvestre o la conservación de especies en áreas protegidas, aunque cualquier modificación general del Código deberá tener en cuenta esos regímenes.
Una vez concluido el anteproyecto, el Gobierno deberá decidir si impulsa su tratamiento legislativo. Cualquier modificación del Código Civil requerirá la aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional.
Por ahora, el cambio más importante es que el Estado nacional abrió formalmente el debate sobre cómo debe reconocer y regular jurídicamente la relación entre las personas y los animales.
