Cáñamo Sur da su versión después del acuerdo: “No hubo destrucción de evidencia”

La causa judicial que comenzó en agosto de 2025 con un allanamiento a un cultivo de cannabis en Río Gallegos tuvo resoluciones judiciales. El primero terminó con el sobreseimiento de Cáñamo Sur SAS. El segundo, relacionado con lo ocurrido posteriormente con 153 plantas que habían quedado como evidencia, se cerró mediante un acuerdo reparatorio por $1,3 millones destinado en partes iguales al Hospital Regional de Río Gallegos y al SAMIC de El Calafate.

Ahora, después de conocido el desenlace judicial, la empresa decidió dar su versión sobre ese segundo episodio.

En diálogo con FM Dimensión, el abogado de Cáñamo Sur, Tomás Guzmán de San Félix, aseguró que no existió una destrucción de evidencia y sostuvo que lo que ocurrió fue una cosecha del material vegetal porque las plantas habían llegado al final de su ciclo.

“No hubo destrucción de evidencia”, afirmó al explicar la postura de la defensa.

Dos hechos diferentes

El abogado remarcó una distinción que resulta central para comprender el expediente.

El llamado Hecho 1 era la investigación por una supuesta siembra o cultivo de cannabis sin autorización. Según explicó, se trataba del hecho principal y la Fiscalía había sostenido inicialmente una acusación que podía implicar una pena de prisión.

Ese capítulo terminó con el sobreseimiento después de que el propio Ministerio Público Fiscal retirara la acusación.

El fallo conocido por Ahora Calafate estableció que la Fiscalía entendió finalmente que la conducta investigada no había sido antijurídica, dado que existían autorizaciones estatales antes y después del período cuestionado y que durante 2025 se había producido una situación regulatoria y burocrática compleja.

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El Hecho 2, en cambio, surgió después del allanamiento. Las plantas encontradas habían quedado incorporadas como elementos de prueba y debían conservarse mientras continuaba la investigación. Según el fallo judicial, entre el 5 y el 10 de septiembre de 2025 fueron “alteradas, destruidas e inutilizadas” 153 plantas de cannabis sativa que formaban parte de la evidencia. Ese segundo episodio fue el que finalmente terminó mediante el acuerdo reparatorio.

“Es un activo biológico que se transforma”

Guzmán de San Félix planteó que el problema surgió de una particularidad evidente pero difícil de resolver judicialmente: las plantas estaban vivas.

Explicó que, después del allanamiento, quedaron en poder de la empresa pero bajo carácter de elementos secuestrados y debían ser conservadas hasta que pudieran realizarse las correspondientes pericias.

“Un cultivo es un activo biológico que está transformándose segundo a segundo”, sostuvo.

Según relató, las plantas ya se encontraban cerca del final de su ciclo y la pericia iba a realizarse tiempo después del allanamiento. A eso se sumó un intento de robo ocurrido pocos días después del procedimiento, que, según la defensa, también afectó al cultivo.

El abogado sostuvo que la empresa consultó a su defensa de aquel momento ante la necesidad de cosechar. Según afirmó, se les informó que la situación había sido comunicada a la Fiscalía y que podían proceder.

A partir de allí, explicó, fueron retiradas las inflorescencias de las plantas y almacenadas. “Del lugar no se retiró nada”, aseguró.

Según detalló, las flores fueron colocadas en bolsas tipo Ziploc y conservadas en freezers dentro del establecimiento. La defensa sostiene que de esta manera no se destruyó la prueba sino que, por el contrario, se buscó preservarla para el posterior análisis.

La gacetilla difundida por Cáñamo Sur agrega que los ingresos al establecimiento quedaron registrados por Prefectura Naval en las actas 16 a 27 y que el material fue luego analizado mediante la Pericia Química N.º 140.765 de Gendarmería Nacional.

Esos datos forman parte de la versión presentada por la empresa. El fallo que cerró el expediente, en cambio, utilizó la expresión “alteradas, destruidas e inutilizadas” al describir el segundo hecho.

Por qué aceptaron pagar

Otra de las preguntas que quedaba abierta después de conocerse el acuerdo era por qué se había aceptado una reparación económica si la defensa sostiene que no existió destrucción de evidencia.

Guzmán de San Félix explicó que fue una decisión destinada a poner fin al proceso judicial y remarcó que no significó admitir responsabilidad. “Sin ningún tipo de reconocimiento de culpa”, señaló al referirse al acuerdo.

El abogado sostuvo que, de continuar discutiendo el segundo hecho, podían abrirse nuevas instancias judiciales, apelaciones y meses adicionales de litigio.

“Lo que queríamos era terminar este calvario”, resumió durante la entrevista con FM Dimensión.

El comunicado de la empresa sostiene en el mismo sentido que la reparación fue ofrecida “sin reconocimiento de responsabilidad alguna” y afirma que los $1,3 millones ya fueron transferidos a los hospitales públicos de Santa Cruz.

Un allanamiento que terminó en sobreseimiento

La investigación había comenzado en julio de 2025 a partir de una denuncia reservada y derivó en un allanamiento realizado el 15 de agosto en un inmueble de calle Fagnano, en Río Gallegos.

En las primeras horas posteriores al procedimiento, medios de la capital provincial informaron sobre el hallazgo de unas 200 plantas de cannabis y una importante cantidad de material vegetal.

Con el avance del expediente comenzó a discutirse un aspecto que terminó siendo determinante: qué autorizaciones tenía Cáñamo Sur y cuál era su alcance.

La empresa contaba con antecedentes de investigación conjunta con el INTA y permisos relacionados con el cultivo. El expediente atravesó diferentes instancias hasta que, en septiembre de 2026, la Fiscalía dejó de sostener la acusación por el hecho principal.

Cáñamo Sur fue entonces sobreseída.

En su comunicado, la empresa sostiene además que el proceso implicó 75 días de custodia permanente de Prefectura, pericias de Gendarmería y más de un año de paralización de sus actividades.

¿Habrá otro reclamo judicial?

Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones por las consecuencias del allanamiento y del proceso penal, Guzmán de San Félix dijo que la alternativa fue considerada, aunque actualmente no constituye una prioridad para la empresa.

Reconoció que existen motivos para evaluar esa posibilidad, pero señaló que avanzar en una nueva instancia judicial implicaría destinar tiempo y recursos a otro proceso.

La empresa, mientras tanto, informó que recuperó los elementos que habían sido secuestrados y el banco de semillas correspondiente a seis variedades que tramita inscribir ante el INASE. También aseguró que continúa desarrollando su actividad bajo las mismas autorizaciones que tenía antes del inicio de la causa.