La crisis de los municipios desató un fuerte debate en Diputados y reavivó la pelea por el endeudamiento

Un reclamo por fondos para pagar salarios municipales terminó convirtiéndose en uno de los debates más extensos y tensos de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Lo que comenzó con la exposición del intendente de Río Turbio, Darío Menna, derivó en una discusión sobre la situación económica de la provincia, la distribución de los recursos y el proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares que el Gobierno de Claudio Vidal intenta conseguir desde mayo.

El tema no formaba parte del orden del día, pero ocupó buena parte del primer tramo de la sesión y volvió a instalarse al finalizar la jornada, cuando fracasó un intento de convocar a un plenario extraordinario de comisiones para buscar un acuerdo político.

Todo comenzó cuando la Cámara autorizó a Menna a explicar la situación que atraviesan Río Turbio y 28 de Noviembre, cuyos municipios enfrentan conflictos salariales y reclamos de trabajadores que mantienen medidas de fuerza.

El intendente rioturbiense relató que llevan aproximadamente tres meses realizando gestiones ante el Gobierno provincial sin conseguir la asistencia necesaria. Recordó que en julio presentaron toda la documentación requerida por Economía sobre ingresos, recaudación propia, planta de trabajadores y estructura municipal.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a la distribución de la ayuda provincial.

“Cuando en el transcurso de esta semana escuchamos que el gobierno provincial entregó más de 7.000 millones de pesos, no reintegrables, a diferentes municipios para poder resolver la cuestión salarial de esos municipios... Pedimos lo mismo desde la Cuenca Carbonífera”.

Menna explicó que, ante la falta de respuestas, solicitaron una alternativa de financiamiento mediante el adelanto de recursos de coparticipación equivalentes a dos masas salariales, que los municipios se comprometerían a devolver en doce meses.

Su planteo recibió el acompañamiento de diputados de la Cuenca Carbonífera, quienes cuestionaron que la Provincia asista económicamente a algunas municipalidades mientras otras, que también atraviesan dificultades, no obtienen respuestas.

La diputada Karina Nieto fue especialmente crítica con esos criterios: “¿Por qué la discrecionalidad? ¿Quién imparte la discrecionalidad respecto de la ayuda? ¿Por qué el ajuste lo tiene que pagar Río Turbio?”, preguntó.

El reclamo también puso en discusión la necesidad de modificar la ley provincial de coparticipación. El diputado José Bodlovic recordó que el régimen vigente tiene su origen en 1982 durante la última Dictadura, cuestionó las diferencias en la distribución de los fondos entre los municipios. Sostuvo que Río Gallegos y Caleta Olivia concentran una proporción muy importante de los recursos municipales, mientras las localidades más pequeñas deben repartirse el resto.

La discusión dejó planteados dos problemas diferentes: la necesidad inmediata de fondos para afrontar salarios y aguinaldos, y una cuestión estructural vinculada con la forma en que se distribuyen los recursos públicos en Santa Cruz.

Verbez expuso el déficit y volvió a plantear el endeudamiento

Luego de la intervención del intendente, fue invitado a hablar el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, quien realizó una extensa exposición sobre las dificultades financieras que enfrenta el Gobierno provincial.

El funcionario sostuvo que Santa Cruz atraviesa un problema estructural que se agravó por la caída de los ingresos y el incremento de los compromisos salariales.

Según sus estimaciones, el presupuesto provincial contemplaba originalmente un déficit cercano a los 350.000 millones de pesos anuales, que habría aumentado hasta aproximadamente 450.000 millones, considerando los acuerdos paritarios y otras obligaciones. Esto representa un desequilibrio estimado de alrededor de 40.000 millones de pesos mensuales.

Verbes reconoció que la Provincia también está buscando alternativas para afrontar los próximos compromisos salariales y el pago del aguinaldo.

“La provincia también está buscando ver cómo hacemos para poder pagar aguinaldo. La proyección está, los fondos todavía no”, manifestó.

El ministro explicó que el Gobierno intenta asistir prioritariamente a las municipalidades que no consiguen cubrir sus obligaciones salariales. Puso como ejemplo a Caleta Olivia, donde sostuvo que unas 2.000 familias quedarían sin percibir sus haberes si no existiera acompañamiento provincial.

En cambio, señaló que Río Turbio, aunque con dificultades y utilizando adelantos bancarios, todavía consigue afrontar el pago de salarios.

Esa explicación no conformó a los legisladores de la Cuenca, que insistieron en que los trabajadores necesitan respuestas inmediatas y cuestionaron que la asistencia dependa de la gravedad alcanzada por cada municipio.

La discusión también incluyó críticas a las prioridades de gasto del Gobierno.

Agostina Mora, del bloque Unión por la Patria, cuestionó distintas decisiones presupuestarias y planteó dudas sobre los recursos destinados a la empresa estatal Santa Cruz Puede, las inversiones en telemedicina, el manejo del fondo UNIRSE y las exenciones impositivas otorgadas en determinadas operaciones.

La legisladora sostuvo que el Ejecutivo debe explicar mejor sus decisiones financieras antes de responsabilizar a la Legislatura por la falta de recursos.

En ese contexto, Verbes volvió a defender el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico, mediante el cual el Gobierno solicita autorización para obtener crédito por hasta 600 millones de dólares.

La iniciativa fue presentada en mayo y discutida durante varias reuniones de comisión. El 16 de junio, en una sesión extraordinaria a la que asistió el propio gobernador Claudio Vidal, no se alcanzó el acuerdo necesario para aprobarla y el proyecto regresó a comisiones.

El Gobierno sostiene que ese financiamiento permitiría ejecutar obras de infraestructura y, al mismo tiempo, aliviar las cuentas provinciales.

¿Cómo funcionaría? Según explicó nuevamente Verbes, la Provincia actualmente utiliza recursos propios para financiar obras públicas. Si consiguiera créditos de largo plazo destinados a esas inversiones, podría reemplazar parte de ese financiamiento y liberar recursos del Tesoro para otras obligaciones, entre ellas salarios, funcionamiento del Estado y asistencia a los municipios.

El ministro mencionó obras energéticas que, una vez terminadas, permitirían disminuir gastos permanentes. Como ejemplo, afirmó que la conexión de Perito Moreno al sistema interconectado podría representar un ahorro de aproximadamente 2.500 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, también aclaró que una eventual autorización legislativa no significa disponer inmediatamente de los 600 millones de dólares. La operación requiere auditorías, calificaciones de riesgo y negociaciones con posibles financiadores, por lo que sus efectos no serían automáticos.

La oposición rechazó nuevamente la propuesta de deuda en dólares

La explicación del ministro provocó una extensa respuesta de Agostina Mora, quien ratificó que su bloque no está dispuesto a acompañar el financiamiento en las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

La diputada advirtió sobre los riesgos de endeudarse en moneda extranjera y sostuvo que la evolución del dólar desde mayo demuestra que una deuda de esas características podría comprometer las finanzas provinciales durante varios años.

También planteó que la Provincia debe analizar otras herramientas, especialmente créditos de organismos multilaterales destinados a obras específicas, en lugar de recurrir a emisiones de bonos en el mercado internacional.

Mora cuestionó además que el Gobierno presente el endeudamiento como la principal alternativa para responder a las necesidades financieras.

Desde el oficialismo se insistió en que el financiamiento en pesos tiene plazos más cortos y costos más elevados, mientras que los créditos internacionales podrían obtenerse con períodos de gracia y condiciones que permitan financiar inversiones de largo plazo.

Verbes recordó que el proyecto contempla obras distribuidas en distintas localidades y señaló que el listado puede ser discutido y modificado por los legisladores.

Pero las diferencias no se limitaron a las condiciones financieras. También surgieron cuestionamientos sobre las prioridades de inversión, las obras anunciadas que todavía no comenzaron y la necesidad de incorporar controles sobre los fondos.

La diputada Lorena Ponce, de 28 de Noviembre, preguntó qué garantías existen de que el endeudamiento pueda traducirse en respuestas concretas para los trabajadores y en qué plazos ocurriría.

De esta manera, la discusión sobre cómo ayudar inmediatamente a los municipios terminó nuevamente vinculada con un proyecto de financiamiento sobre el que oficialismo y oposición mantienen diferencias desde hace seis meses.

El intento de acuerdo que terminó en otra votación fallida

Durante el debate, el diputado Mario Piero Boffi (Santa Cruz Adelante) propuso que los distintos bloques buscaran una instancia de negociación para discutir el financiamiento y las prioridades de inversión.

El planteo recibió inicialmente expresiones favorables y generó expectativas de que pudiera abrirse un espacio para acercar posiciones.

Sin embargo, al avanzar la sesión, las diferencias volvieron a quedar expuestas.

Primero, tampoco prosperó el intento de tratar inmediatamente un proyecto de resolución que solicitaba asistencia financiera extraordinaria para Río Turbio y 28 de Noviembre. La iniciativa obtuvo 14 votos, pero no reunió la mayoría necesaria para habilitar su tratamiento en ese momento y fue enviada a comisiones.

Después de desarrollarse el resto del temario, Boffi retomó su propuesta y solicitó convocar a un plenario de las comisiones involucradas en el proyecto de endeudamiento para el 24 de noviembre, con tiempo suficiente para consultar a intendentes y otros actores.

Pero tras un cuarto intermedio, el legislador anunció que retiraba su moción porque no se había conseguido un entendimiento entre los bloques.

Entonces intervino el presidente del bloque oficialista Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, quien presentó una propuesta alternativa: realizar el plenario hoy mismo, a las 18 horas, invitando nuevamente a los ministros y al intendente de Río Turbio.

La iniciativa provocó otro intenso intercambio. Agostina Mora cuestionó que se pretendiera volver a discutir exclusivamente el proyecto de endeudamiento sin abrir la posibilidad de considerar otras alternativas.

“Para buscar las alternativas sentémonos a pensar en conjunto, no a extorsionar, ni a buscar una única alternativa, no a pensar que es esa o no hay nada”, expresó.

Desde el oficialismo respondieron que precisamente el plenario de comisiones era el ámbito institucional para modificar el proyecto, revisar el listado de obras y negociar las condiciones del financiamiento.

Aberastain defendió la convocatoria y reclamó que la discusión se realizara dentro de las comisiones, donde podrían introducirse cambios y buscar consensos.

Boffi manifestó su frustración por el resultado de las negociaciones y sostuvo que ambos sectores debían ceder posiciones para alcanzar un acuerdo.

La discusión continuó con nuevas intervenciones, entre ellas la del exgobernador Daniel Peralta, quien ratificó que no acompañará un endeudamiento en moneda extranjera, aunque se manifestó dispuesto a debatir otras herramientas de financiamiento. Finalmente, se sometió a votación nominal la propuesta de convocar al plenario extraordinario.

El resultado fue de 14 votos afirmativos entre 23 diputados presentes, una cantidad insuficiente para alcanzar los dos tercios requeridos.

De esta manera, la convocatoria no prosperó y el proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares continúa pendiente en la Legislatura.

La extensa discusión terminó sin una respuesta financiera concreta para los municipios de la Cuenca Carbonífera y sin un acuerdo que permita avanzar con el financiamiento que pretende el Gobierno provincial.

La sesión dejó nuevamente expuestas las dificultades económicas de Santa Cruz, los cuestionamientos a la distribución de los recursos y las diferencias políticas sobre cómo enfrentar una situación que afecta tanto a la administración provincial como a los municipios.