El último día de marzo vencerá la vigencia del DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos por falta de pago, que fuera instrumentado por el Gobierno Nacional para evitar una de las consecuencias de la pandemia: la reducción de ingresos familiares y los eventuales problemas para hacer frente al precio de los alquileres.
La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de marzo próximo, y hasta el momento no está previsto que sea extendida, como ocurrió en enero pasado.
Ya a comienzos de mes, al conocerse esta decisión, en FM DIMENSION el referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, había adelantado que “no se iba a quedar de brazos cruzados” frente a esta posibilidad y que en el marco de la federación de inquilinos accionarían en diversos frentes.
MATIAS SOLANO - INQUILINOS SANTA CRUZ - FM DIMENSION
Las gestiones no prosperaron como pretendían y solo se consiguió que el Gobierno diera a conocer ayer un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. ACCEDE A LA RESOLUCION
Con este protocolo se prevé asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto, lo que “representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”, dijo el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
Para las asociaciones de Inquilinos este Protocolo es totalmente insuficiente ya que no establece mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país.
Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz, dijo en FM DIMENSION que casi la mitad de quienes pagan alquiler en el país está endeudado. “Algunas deben dos meses y otras 10 o mas meses. Nuestra provincia no escapa a esta misma situación. La situación es compleja y no es concebible que no se soluciones de alguna forma”.
Ayer también la Federación de Inquilinos con el respaldo de agrupaciones sociales, referentes como Adolfo Pérez Esquivel, sindicatos, pidió al Presidente Alberto Fernández y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi que:
• Extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que:
• Elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región.
“Hace dos meses el gabinete nacional firmó el decreto 66/21, donde se decía que la pandemia modificó la cotidianeidad y las previsiones de los argentinos, y que muchos trabajadores, comerciantes, profesionales y pymes vieron afectados sus ingresos “fuertemente”. ¿Qué cambió en apenas 60 días para que se anuncie que no habrá prórroga del decreto?”, preguntan los firmantes de la nota.
Además advierten que “La extensión del decreto, además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo, y cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos, incumplimiento de lo dispuesto por la nueva ley de alquileres y recurrentes amenazas, maltratos y hostigamientos hacia los inquilinos que intentan se cumplan sus derechos”
