El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso que no pueda inscribirse ninguna transferencia, cesión ni constitución de derechos reales sobre las parcelas involucradas en la operación autorizada por el Decreto 915. Al mismo tiempo se declaró incompetente para resolver el fondo del amparo y ordenó remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida regirá hasta que el máximo tribunal se pronuncie.