Un cabo de la Policía de Santa Cruz fue finalmente exonerado de la fuerza al completarse el trámite formal con la publicación del decreto firmado por la Gobernadora Alicia Kirchner.

El hecho que dio origen a esta decisión se remonta al 6 de agosto de 2013, cuando el cabo Arturo Ayala protagonizó una riña en un lugar público de esta localidad, golpeando a un ciudadano al que posteriormente trasladó en un patrullero a la comisaría, sin que existiera un motivo para su detención. Una vez allí continuó propinándole lesiones graves que luego fueron certificadas por un médico policial.

Por el hecho tomó intervención en Juzgado de Instrucción de El Calafate y se inició una causa penal, mientras que la Policía también comenzó con una investigación sumarial y tomó como primera medida la suspensión del efectivo.

Semanas después el Juzgado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del cabo Ayala, por lo que la Policía lo declaró en situación pasiva. “Si bien se sugirió oportunamente la imposición de una medida sancionatoria -que nunca se efectivizó, las actuaciones quedaron en reserva hasta tanto existiera resolución definitiva en la causa que se instruía paralelamente en sede penal”, afirma el decreto al que accedió Ahora Calafate.

Ya en 2017 se levantó la situación de pasiva al Ayala, reintegrándose a sus funciones, cumpliéndolas en El Calafate. 

Pero finalmente el 16 de marzo del 2020, se emitió una sentencia judicial condenando al imputado a la pena de dos 2 años de prisión en suspenso y cuatro 4 años de inhabilitación especial, invocando el Artículo 144 bis inc. 1º. 

El mencionado artículo indica que “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal”.

La sentencia fue dejada en firme por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, por lo que desde la fuerza policial se elaboró un informe en el que recomienda la exoneración del efectivo policial, por “ser considerado autor del delito de Privación de la Libertad por Abuso Funcional calificada por el resultado de Grave Daño a la Salud”.

Finalmente días atrás se difundió oficialmente la decisión de la Gobernadora Alicia Kirchner, también firmada por el Ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre, y que tenía fecha de redacción el 7 de marzo de este año.