En el marco de un acuerdo de conciliación, el Juzgado Federal de Rio Gallegos sobreseyó a un varón trans que utilizó el DNI de otra persona desde la última Dictadura cívico militar.

El portal digital fiscales.gob.ar indicó que el imputado había sido procesado por dos delitos: uso de documento falso destinado a acreditar identidad y estafa. El hombre explicó en la causa que nació con sexo femenino en San Juan. De joven se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de buscar trabajo, aunque no le fue sencillo.

En ese momento, Argentina se encontraba en plena dictadura cívico militar, a lo que se le sumó que su “apariencia física” no coincidía con lo que se reflejaba en su DNI, es decir, su nombre femenino.

Sostuvo que esto le impedía acceder a un empleo formal y fue lo que hizo que sobreviviera en los primeros momentos a través de “changas” y en negro.

Contó que durante una entrevista laboral donde se buscaba un “parrillero”, utilizó un DNI de un hombre, que había encontrado en la calle. Allí comenzó la usurpación de identidad.

Dijo que hizo eso por necesidad de “estricta supervivencia” y sostuvo que fue lo que le permitió conseguir el trabajo, desempeñarse como gastronómico, llevar adelante un emprendimiento con su familia y luego mudarse a El Calafate.

En 2012 el caso comenzó a ser investigado a partir de una deuda fiscal que acumuló. Las intimaciones de la AFIP le llegaron verdadero dueño del documento, que fue embargado. El damnificado probó que no tenía ningún emprendimiento comercial en Santa Cruz y a la vez denunció la usurpación de su identidad ante la justicia federal de la provincia de Buenos Aires.

Fue en 2015 cuando la investigación derivó en un allanamiento en el domicilio de El Calafate, donde se encontró el DNI libreta.

En su defensa dijo “nunca he tenido la voluntad de dañar a nadie; desde hace casi 40 años que mi vida dio un giro de 180 grados y ninguna de mis acciones tuvo una finalidad distinta que no sea la de ‘supervivencia’”

Finalmente, hace algunos años, debido a ley de identidad de género, pudo realizar el cambio de sexo y de nombre en su documento, adecuándolo a su identidad.

Para el Ministerio Público Fiscal, no hay dudas de que el hombre padeció toda su vida “un contexto de profunda discriminación y exclusión social basada en su identidad de género, que lo sumergió en un cuadro de vulnerabilidad que afectó su autodeterminación para el desarrollo de sus conductas conforme a derecho”.

La fiscalía había considerado entonces que la conducta del imputado debía ser analizada bajo este contexto.

A eso le sumó incluso que, aún en Democracia, “el andamiaje social excluyente y disciplinador de las identidades, orientaciones y expresiones de género diversas continúa en muchas dimensiones tanto en Argentina como en toda la región”.

El Ministerio Público Fiscal explicó que él transitó prácticamente toda su vida adulta como varón trans aunque eso no lo excluyó de una “estructura social discriminatoria”.

En el acuerdo la fiscalía hizo foco en que el imputado construyó su vida bajo el apellido de otra persona (utilizando ese DNI) porque “tuvo nulas posibilidades” de trabajo como persona trans.

“¿Qué opciones laborales reales tenía una persona trans en la Dictadura en nuestro país? ¿Qué opciones laborales reales tienen las personas trans actualmente?”, se preguntó el Fiscal.

El acuerdo con la defensa fue impulsado por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En la resolución se dejó constancia del pago que realizó el imputado, acordado en la conciliación, de nueve UMAS (Unidad de Medida Arancelaria) a favor de la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en concepto de reparación del daño causado. El actual valor de la UMA es de caso 35.000 pesos, por lo que el pago rondaría los 315.000 pesos.

El juez Claudio Marcelo Vázquez requirió a la institución carcelaria que, con esa suma, dé cumplimiento a la compra de insumos y elementos necesarios para los talleres.

La resolución se dio en el marco de lo previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal con respecto a una reparación hacia la persona afectada por la estafa y, por el otro, la solicitud de sobreseimiento con respecto al uso del DNI ajeno. El juez tuvo además en cuenta que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal puso en vigencia en noviembre de 2019 herramientas valiosas para la solución de conflictos, como el caso del artículo 22, que insta a los/as magistrados/as a procurar la resolución de conflictos mediante soluciones que puedan restablecer la paz social.

“Esta nueva perspectiva nos exhorta a analizar los delitos en su carácter de conflictos sociales, que requieren de abordajes complejos por tratarse de fenómenos multicausales, así como a ser abiertos a la búsqueda de soluciones que no se limiten a la aplicación de una sanción, sino antes bien a alternativas que procuren una restauración del orden social convulsionado por la transgresión de la norma”, indicó el juez Vázquez.