“Un buen análisis de argumentación debería, en última instancia, estar integrado en un marco sociocultural y político”. (1)

Teun A. van Dijk (1995)

El ser humano es único e irrepetible que se desarrolla socialmente en libertad y responsabilidad, con obligaciones y derechos.

Hace mucho tiempo que los textos constitucionales contienen expresamente la obligación de los poderes públicos de difundir sus actos de gobierno de interés general, muy particularmente los que significan erogaciones.

El principio en que se sustenta esta cuestión es que las acciones de los poderes del Estado son públicas.

Así mismo, recordemos que el poder radica en la población y ésta la delega transitoriamente y bajo determinadas condiciones a quienes les otorga el mandato de administrar y legislar. Un ejemplo de lo antedicho es la Constitución de la Provincia del Neuquén que expresa en su Artículo 294°: “el municipio publicará mensualmente sus balances y anualmente una memoria general de la actividad desarrollada”.

Aunque con frecuencia, la responsabilidad inexcusable de difundir lo público injustificadamente se la emplea para hacer propaganda partidaria con recursos aportados por los contribuyentes. Las noticias pagas son un claro ejemplo en tal sentido que, además de lo ilegítimo, sustenta una notoria asimetría con los demás sectores de la comunidad.

Son muchos los medios de comunicación autocalificados de independientes que subsisten mediantes pautas publicitarias de los poderes públicos. Como es tanto el valor de lo recibido que, básicamente, en vez de avisos equivalentes a lo recibido incluyen textualmente gacetillas y fotografías dispuestas por sus clientes gubernamentales.

Por otro lado, posiblemente un gran porcentaje de los votantes nunca han leído ninguna Plataforma Electoral.

MÁS ALLÁ DE LA OBLIGACIÓN

Una política pública, en el contexto de la democracia de calidad, que incluye expresamente la concepción de que, en definitiva, está dentro de un proceso de administrar los intereses públicos ha de velar particularmente por la amplia difusión de sí misma, sus costes, las alternativas desechadas y sus fundamentos, el impacto esperado, etcétera.

La difusión de los actos de gobierno debe ser parte integrante de cada acción y nunca un hecho aislado o que esa responsabilidad es transferida difusamente con el resultado que queda relegada a la voluntad discrecional de vaya a saber quién.

En comunidades con baja participación cívica producto de la anomia generada por la demagogia y el autoritarismo, frecuentes prácticas corruptas, el amiguismo sin condena social, la malversación de las promesas electorales y los juramentos solemnes, etcétera, es necesario ponderar, muy particularmente, las políticas públicas que contribuyen a modificar esas aberrantes formas de actuar: la alta gravitación de la difusión generalizada de los actos de administración de los intereses públicos incidirá positivamente en fortificar los valores culturales que permiten construir procesos donde la equidad sea el vértice sin retorno para alcanzar la paz duradera.

SIN DUDA

En gran parte, el nivel de desarrollo de una democracia lo podemos justipreciar por la calidad de la información y su más amplia generalización. Esto significa una clara política en tal sentido, sobre todo a los efectos de lograr la mayor y mejor comunicación con la población.

Además se trata también de que cuando hacemos referencia a la democracia de calidad, tan diferente a la meramente formal y sin parangón con cualquier gobierno por eficiente y justo que pretenda ser si coarta cualquier libertad.

A veces, se emplean los recursos disponibles para el cumplimiento de esta obligación constitucional para hacer propaganda sectorial y, más específicamente, personalista como agregar en los avisos consignas partidarias, fotografías de determinados empleados públicos, emblemas proselitistas, etcétera. Otras veces se desvían fondos públicos para producir noticias pagas que, casi siempre, son laudatorias de los gobernantes. Por supuesto que los pagos pueden ser en favores de todo tipo, inclusive designaciones como asesores, acceso a concesiones públicas, etcétera.

En este sentido es importante tener presente que el Artículo 223° de la Carta Orgánica de Ushuaia expresa: “Durante el desarrollo de las campañas electorales, el Municipio se abstiene de realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto”, como una forma de menguar una práctica muy generalizada hasta tal punto que, muchas veces, no tiene ni condena social por la falta de claridad sobre esta cuestión entre los electores.

Dada la falta de control cualitativo del uso de los fondos públicos y el poder de la propaganda en la formación de opinión es que hay que insistir al respecto, sobre todo en la capacitación ciudadana. Cabe recordar que esta situación es muy antigua, basta tener presente la opinión adversa de Víctor Hugo el 30 de marzo de 1822, sobre la influencia de la prensa: “Está demostrado que los periódicos pueden lograr el buen éxito de una mala obra o impedir el de una obra maestra”. (2)

También es dable señalar que la información debe ser oportuna y completa pues, a veces, aduciendo razones de espacio se publica parcialmente la documentación lo que la hace confusa o irrelevante. La calidad de la información es clave.

UN BUEN TRABAJO

“El vacío de información respecto a la gran cantidad de recursos que las instituciones públicas distribuyen para avisaje y publicidad en los medios de comunicación. Dinámica que tiende a la concentración mediática y a la asignación discrecional, por lo que uno de los desafíos para la democracia y el pluralismo informativo es tomar medidas que impulsen mayor competencia. El problema, hasta ahora, no concita mayor interés por parte de las autoridades.

‘Hay un problema bien serio a nivel de Estado, porque decimos que nos preocupamos mucho de que la gente esté bien informada, de la calidad de la democracia, el pluralismo, las fake news, pero en la práctica no veo una real voluntad en cosas tan básicas como transparentar cuánta plata sale del bolsillo del Estado hacia los medios de comunicación’, señala.

En esa línea, Leturia también profundiza sobre el déficit de pluralismo informativo a nivel regional y sectorial. ‘Podríamos tener muchísimos medios de comunicación, regionales, comunales, que le informaran a la gente de los problemas de sus comunas, que fiscalizaran a sus alcaldes, que fueran independientes, que controlaran la corrupción. Porque en Chile todos los grandes casos de corrupción han sido descubiertos por la prensa’, sostiene.

Tal información fue advertida por el estudio ‘Avisaje y Publicidad en la Administración del Estado’, que dio cuenta de las características del gasto estatal en publicidad en los medios de comunicación durante los años 2019 y 2020. Información pública incompleta y poco transparente, pero que de todas formas constató una importante concentración en los grupos mediáticos”. (3)

NOTAS Y REFERENCIAS

Alejandro Rojo Vivot. Varios de sus libros son fácilmente accesibles en forma electrónica.

https://es.scribd.com/document/584107474/Elaboracion-de-Proyectos-de-Alejandro-Rojo-Vivot-Presentacion

1) Dijk, Teun A, van. Racismo y análisis crítico de los medios. Paidós. Página 178. Barcelona, España. 1997.

2) Hugo, Víctor. Cartas a la novia. Sociedad Editora Latino Americana. Página 113. Buenos Aires, Argentina. 21 de agosto de 1945.

3) Castillo, Francisco. El otro gran vacío en transparencia: avisaje estatal en medios de comunicación, ¿adónde va la plata? El Mostrador. Santiago, Chile. 16 de diciembre de 2023.

Por Alejandro Rojo Vivot - Escritor