“Los vecinos del Departamento de Caucete, gozan de los siguientes derechos conforme a las Ordenanzas [1] [2] que reglamentan su ejercicio, a saber:

1) A la salud integral, que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. (…)

3) A vivir en un ambiente sano, que conserve intactos los sistemas básicos naturales de sustentación de la vida, suelo, aire y agua.

4) A una vivienda digna y a un hábitat adecuado. (…)

7) A la igualdad de oportunidades y de trato.

8) A acceder equitativamente a los servicios públicos, participar en su control y gestión”. [3]

Carta Orgánica de Caucete (2007)

Las cartas orgánicas deben encausarse en forma operativa y fehacientemente, reflejándose expresamente en los presupuestos financieros y en las respectivas rendiciones de cuentas anuales.

En este sentido, es clave la participación ciudadana ejerciendo responsablemente los diferentes institutos atinentes como, por ejemplo: Presupuesto Participativo, Banca del Vecino, Defensor del Vecino, comisiones en los concejos deliberantes, Acceso a la Información, Iniciativa Popular, Voto, etcétera.

Lo aquí planteado está decididamente encuadrado en la democracia, en lo que son competencias inexcusables de los poderes públicos y en el sistema universal de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta que el crónico déficit habitacional y sus implicancias directas y aberrantes en numerosos habitantes es una situación que:

Denigra la condición humana
Es un gravísimo problema que, entre otras, menoscaba las posibilidades de desarrollo individual, familiar y comunitario
Es una cuestión compleja en el que intervienen múltiples variables interdependientes con notoria interrelación con los contextos: inflación, corrupción, especulación inmobiliaria, insatisfacción de las demandas por parte del sector inversor enfocadas, principalmente, a satisfacer a los sectores con mayor capacidad económica, discontinuidad de los programas habitacionales y los relacionados con el hábitat, aumento de la esperanza de vida, decreciente edad con respecto a la formación de parejas, inclusive de quienes carecen de recursos suficientes en tal sentido, altas tasas de desempleo y, además, de cientos de miles de cuentapropistas informales, trabajo temporario discontinuo, trabajo en el ámbito público en forma precaria, etcétera, que no están en condiciones económicas individuales para acceder al sistema financiero inmobiliario ni bancario, acrecentamiento de jubilados y pensionados pero, muchos de los mismos, con relativas bajas e insuficientes asignaciones como también desactualización arbitraria de los montos resultantes de los aportes oportunamente realizados, alta incidencia del empleo público con respecto al sector de servicios, comercial e industrial, escasa utilización de herramientas participativas, en cuanto a las graves condiciones del hábitat como las notorias carencias o deficiencias de los sistemas cloacales, pluviales, distribución de agua potabilizada y gas domiciliario, hacinamiento, inseguridad urbana, insuficiente iluminación pública, frecuentes inundaciones, calles sin cordón cuneta y asfalto, endeble generalización legal de las propiedades habitacionales familiares, etcétera
La solución, en la mayoría de los casos, son procesos de mediano y largo plazo con respecto a las demandas insatisfechas acuciantes
Dispares políticas públicas jurisdiccionales y distribución de los recursos aportados por los contribuyentes con foco en el proselitismo partidario
Relativa baja y discontinua promoción activa de cooperativas de viviendas, otras estrategias de ayudamutua, autoconstrucción, etcétera
Insuficientes soluciones habitacionales que contribuyan a que los precios de las ofertas en tal sentido desciendan a valores relativamente más accesibles en cuanto a los alquileres y adquisiciones
Alquileres y gastos que impactan negativamente en la amplia incapacidad de ahorro
Altas tasas de inflación a lo largo de prolongados períodos coadyuvando a la falta de previsibilidad en cuanto a los compromisos de endeudamiento personal y de las inversiones inmobiliarias
Costes de transacción elevados que complican y encarecen notoriamente las gestiones de la población para acceder a soluciones habitacionales
Carencias graves en la generalización de servicios públicos de infraestructura básica y transporte que impactan directamente en la calidad de vida de una parte significativa de la población más necesitada.
  
[1] Está en mayúscula cuando debe estar en minúscula pues está en plural.
[2] Las negritas son nuestras.
[3] Convención constituyente. Carta Orgánica. Artículo 13°. Caucete, Provincia de San Juan, Argentina. 23 de marzo de 2007.