En red: Unos 200 científicos de 23 países expresaron en una carta su preocupación por el ajuste en el INTA
En un acto de solidaridad internacional con sus pares de la Argentina, unos 200 científicos y técnicos de 23 países firmaron una declaración de apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que está en la mira de las autoridades del gobierno de Javier Milei, que quiere achicar la estructura de personal, ajustar el presupuesto y hasta sacar a remate varios campos experimentales.
Las firmas de solidaridad llegaron desde Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Madagascar, Marruecos, México, Mozambique, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tailandia y Uruguay.
La nota fue dirigida a las autoridades del INTA, Nicolás Bronzovich y María Beatriz Pilu Giraudo. Dice que “los firmantes, comprometidos con el avance de la investigación y el desarrollo agropecuario a nivel mundial, expresan su profunda preocupación ante la posible disminución de sus capacidades operativas” del instituto.
“El INTA ha sido un pilar fundamental en la investigación aplicada y la transferencia tecnológica no solo en Argentina, sino también a nivel regional y global”, afirmaron los científicos en su declaración, que destaca la participación del organismo dentro del modelo de cooperación internacional. “Estos logros han beneficiado tanto a los productores rurales como a la sociedad en general”, se destacó.
Los firmantes advirtieron que la reducción de la capacidad operativa del INTA pone en riesgo su rol estratégico como interlocutor en redes científicas internacionales y como puente entre la investigación y las necesidades del sector productivo. “Estos vínculos son fundamentales para abordar los complejos desafíos globales que enfrentamos”, subrayaron en la nota.
Por ello, reclamaron a las autoridades responsables que se ocupen de proteger y fortalecer al INTA para que continúe desempeñando su papel como referente científico y tecnológico en el ámbito agropecuario. “Este compromiso es esencial para garantizar el bienestar de las comunidades rurales y la sostenibilidad de los sistemas productivos”, concluyeron
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