Santa Cruz adhirió al desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal
La legislatura provincial adhirió en todos sus términos a la ley nacional que regula la cadena de producción, comercialización nacional y exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso medicinal. Los detalles
En la sesión del pasado 12 de junio, la Legislatura provincial aprobó la adhesión total a Ley Nacional 27.669, que establece el “Marco Regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial”.
La ley a la que adhiere Santa Cruz como ya lo hicieron otras provincias, regula la cadena de producción, comercialización y exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso medicinal. También regula la investigación científica y el uso industrial.
Los usos del cannabis y sus productos derivados que regula la Ley 27.669 y su reglamentación son los usos vinculados al uso medicinal humano, veterinario, nutricional, cosmético, industrial, de sanidad y fertilidad vegetal. También aquellos usos que surjan de la investigación científica y del desarrollo tecnológico e industrial.
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Esta ley no se aplica a los cultivos y proyectos previstos y autorizados en la ley 27.350, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
La ley a la que acaba de adherir Santa Cruz, creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Es el organismo competente para reglar, controlar y dar las autorizaciones administrativas para el uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.
Las personas humanas o jurídicas que produzcan cannabis medicinal no pueden iniciar sus actividades sin tener la previa autorización de la ARICCAME.
Cualquier fusión, cesión o transmisión de sus acciones o fondos de comercio también requiere de una autorización previa y expresa de la ARICCAME.
Con el voto en mayoría de 17 de los diputados presentes en la Legislatura santacruceña, ahora la adhesión debe ser analizada por el Ejecutivo provincial, y quedará en vigencia a partir de su promulgación.
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