Las clases reinician con paro y el gobierno advierte con descuentos salariales
La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó el inicio de un paro de 72 horas a partir de hoy lunes 28 de julio. El gremio argumenta que el gobierno provincial no ha presentado una oferta salarial que mejore los acuerdos firmados en marzo, los cuales debían ser revisados en julio.
ADOSAC reclama la reapertura de las paritarias y una propuesta que eleve el salario para alcanzar la canasta básica total de la Patagonia, estimada en $1.480.000 según datos de la Universidad San Juan Bosco.
"El gobierno no cumple con lo acordado en marzo de discutir salarios en julio, y mantiene una brecha del 40% respecto a la Canasta Básica", sostiene el comunicado de ADOSAC. Además, el gremio denuncia el incumplimiento del 25% del presupuesto educativo establecido por la Ley 3305 y exige mayor inversión en infraestructura escolar.
El gobierno descontará los días no trabajados
En respuesta al anuncio del paro, el Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó que se descontarán los días no trabajados a los docentes que adhieran a la medida de fuerza. Aravena fundamentó su postura en la política de "día no trabajado, día no pagado", que se aplica en otras provincias del país.
"El que no trabaja, no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y del marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea", afirmó Aravena.
El funcionario también recordó que ADOSAC no acató la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo y que el gremio ya acumula 26 días de paro en lo que va del año. "El paro es un derecho, pero también lo es la educación. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. La ley es clara: si hay conciliación obligatoria, debe cumplirse", insistió Aravena.
Se agudiza el conflicto
La decisión del gobierno de descontar los días no trabajados tensa aún más la relación con ADOSAC y agudiza el conflicto docente en Santa Cruz. Mientras el gremio reclama mejoras salariales y denuncia el incumplimiento de acuerdos, el gobierno defiende su postura y advierte sobre las consecuencias de las medidas de fuerza.
La comunidad educativa permanece a la espera de una solución que permita destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del ciclo lectivo.