Aprovechando el horario permitido de caminata recreativa se manifestaron en contra del cierre de cursos en secundarios, como consecuencia de la aplicación de la polémica resolución 612, que sacó la presidencia del CPE. Emitieron un comunicado denunciado la situación y que hubo aprietes. LEELO

Como era de esperar, se aplicó la resolución 612/20 sin ser debatida en el Consejo Provincial de Educación, y enviada a aplicar a como dé lugar. Esta resolución ha generado inconvenientes en instituciones educativas de la provincia. En el caso de nuestra localidad, hay colegios en los que tenían cursos a los cuales asistían 27 alumnos y hoy, mediante la aplicación de la resolución 612/20, quedan con trece o catorce.

Los alumnos promovidos, que dejan un aula con pocos alumnos, a su vez generan que el curso superior inmediato al que transitan cuente con hasta cuarenta o cuarenta y dos alumnos.

La solución implementada por el consejo frente a esta problemática es el cierre de secciones o como ellos le llaman: fusión, es decir, juntar a los alumnos. Lo que subyace detrás de esta aplicación es algo más grave y que el CPE no lo dice: la flexibilización laboral, puesto que el cierre de cursos deja a los trabajadores docentes, algunos con menos carga horaria y otros con la pérdida total de su cargo.

Todo esto, por supuesto, mediante el típico modus operandi del CPE: detrás de un teclado, mediante un mail o por whatsapp, van a exigir a los directivos que lleven adelante el cierre de secciones, esgrimiendo como argumentos los acuerdos 965/61, algunos artículos del anexo del 134/92 siendo que este último acuerdo permite el cierre de secciones, pero al 30 de marzo.  O sea que aplican lo que le conviene de cada Acuerdo o Resolución, sin respetar completamente las normativas vigentes.

La palabra clave que emplea el ejecutivo es: “le vamos a seguir pagando hasta que se solucione este tema”. Pero ¿Se puede creer en autoridades que no consultan, que aprietan, que no respetan la normativa vigente, que resguarden a más de 26 trabajadores? Siendo que ninguna autoridad pone una firma solo mandan al emisario a impartir y aplicar la orden.

En las escuelas existen valores democráticos, de autonomía y gestión, acciones construidas a través del consenso entre todos los miembros de una comunidad educativa. Por eso, se pensaba que abrazando la Ley Nacional  de Educación, se lograba la construcción  colectiva del proceso de enseñanza aprendizaje y con la aplicación de la resolución 26/2013 y el acuerdo 075/14,  se creía que se podían iniciar nuevos caminos.

Pero la aplicación de los decretos 965/61 y 134/92, no hace más que demostrar que encubren un sistema verticalizado de poder, que cuando se les acaban los argumentos, levantan la voz en desesperada reprimenda para acallar todo aquello que sea cuestionado, la subestimación de la conciencia en pos de la obediencia, seguramente por temor a perder la perpetuidad en el statu quo, temiendo  el trabajo colectivo docente.

                                                      ADOSAC FILIAL CALAFATE

                                                  EN DEFENSA DE LA EDUCACION