Juez falla a favor de amparistas y ordena a Parques Nacionales cumplir con los estudios de impacto ambiental
La polémica por la apertura de un nuevo sendero en la zona del Río Eléctrico, en el Parque Nacional Los Glaciares, sumó un nuevo capítulo con el fallo del Juzgado Federal de Río Gallegos, que ordenó a la Administración de Parques Nacionales (APN) suspender cualquier trabajo en la zona hasta tanto se cumplan los requisitos legales y ambientales.
La decisión judicial, que responde a un recurso de amparo presentado por vecinos de El Chalten, pone en tela de juicio la actuación de la APN y reabre el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente en la región.
Como viene informando Ahora Calafate, la controversia se desató a mediados de marzo de este año a raíz del inicio de trabajos de apertura de un sendero en la zona del valle del Río Eléctrico. Vecinos reaccionaron frente a la tala de unos ejemplares juveniles de lengas. Hicieron una manifestación y le reclamaron al entonces presidente de APN, Cristian Larsen, quien en esos días visitaba la zona.
El reclamo es que el trabajo se inició sin contar con la autorización previa y sin realizar el correspondiente estudio de impacto ambiental (EIA).
La defensa de Parques Nacionales
Ante la denuncia, la APN argumentó que la obra de apertura del camino se realizó dentro de sus facultades legales, que no se produjo un daño ambiental significativo y que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental, ya que se trataba de una intervención de escasa entidad y en un área ya destinada al uso turístico.
Además, la APN cuestionó la legitimidad de los amparistas para presentar la demanda, argumentando que no sufrían un perjuicio directo y concreto derivado de la obra.
El fallo judicial
Sin embargo, el juez federal Claudio Marcelo Vázquez (foto)desestimó los argumentos de la APN y falló a favor de los amparistas, ordenando la paralización de las obras.
En su escrito, el juez consideró que la APN actuó con "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta afectando derechos de los amparistas y en definitiva de la sociedad toda", al iniciar las tareas de desmonte y tala de bosque nativo sin evaluación de impacto ambiental y sin contar con las autorizaciones administrativas exigidas por la normativa vigente.
El magistrado basó su decisión en los siguientes fundamentos:
- La APN no presentó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto completo, ni obtuvo las autorizaciones administrativas necesarias previo al inicio de obra.
- La APN no contempló las instancias de participación ciudadana previa.
- La APN inició obras sin cumplir con las normas de seguridad e higiene aplicables, poniendo en riesgo a sus propios trabajadores.
- La zona donde APN inició la obra y tala de vegetación está protegida por la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos.
- La Secretaría de Ambiente y Áreas protegidas de Santa Cruz, confirmaron que no recibieron los estudios ni solicitudes correspondientes, previo al inicio de las obras.
El futuro del sendero
El fallo judicial no prohíbe la construcción del sendero de manera definitiva, sino que establece que la APN deberá cumplir con los requisitos legales y ambientales antes de poder continuar con la obra.
El juez difirió cualquier trabajo de recomposición hasta tanto se defina si se realizará la obra integral de trazado de nueva senda a la zona conocida como Laguna de los Tres.
La importancia de la participación ciudadana
El fallo del Juzgado Federal de Río Gallegos sienta un importante precedente en materia de protección ambiental, al reafirmar la importancia de cumplir con los procedimientos legales y de garantizar la participación ciudadana en las decisiones que afectan al medio ambiente.
La decisión judicial también es un recordatorio para todos los actores, estatales y/o privados, de que deberán cumplir con la normativa ambiental vigente y obtener las autorizaciones necesarias antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar al ecosistema.