La respuesta de la Fundación Valdocco al fallo judicial
En el escrito, Molina afirma que el fallo firmado por los jueces Eduardo Gabriel López y Carlos Enrique Arenilla no es una resolución técnica ni imparcial, sino que responde a una clara intencionalidad política alineada con la gestión educativa del gobierno provincial. Según expresó, la sentencia “desconoce pruebas fundamentales” y “simplifica el objeto del amparo” interpuesto por la Fundación, reduciendo una situación compleja —que involucra derechos fundamentales— a un mero conflicto patrimonial.
Afirma que el fallo judicial afecta especialmente a las Casas de la Fundación en El Calafate y en Cañadón Seco, poniendo en riesgo la continuidad de las propuestas educativas y sociales que allí se desarrollan. Molina denunció que se anulan resoluciones claves del Consejo Provincial de Educación (CPE), como la 2890/22 y la 3277/23 —que daban marco a tecnicaturas— y la 3339/23 y 3341/23 —referidas a plantas funcionales—. Esto, advierte, implicará:
- La baja de dos tecnicaturas en 2026, afectando a unos 100 estudiantes.
- La reducción de cargos y la pérdida de empleos, con al menos 43 designaciones pendientes de alta.
- La eliminación del proyecto pedagógico institucional, en favor de una propuesta convencional, en jornada simple.
Desmentida a funcionarios
El comunicado también apunta directamente contra tres funcionarios provinciales: la mencionada Franchini, el Secretario de Estado de Medios Sergio Bucci y la Coordinadora Regional de Educación Zona Sur, Prof. Noelia Di Lorenzo. Molina los acusa de difundir declaraciones “falsas” que “deben ser desmentidas con claridad”.
Entre las afirmaciones que refuta, menciona:
- Rendiciones de cuentas: Se asegura que la Fundación sí presentó todas las rendiciones en tiempo y forma, con documentación completa y aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social. Niega que haya deuda de información desde 2022.
- Supuestos fraudes e imputaciones: Molina denuncia que se lo señala como autor de delitos sin que exista causa penal, sentencia o resolución judicial alguna. “Se trata de denuncias sin fundamento, con fines políticos”, sostiene.
- Validez de las tecnicaturas: Aclara que las orientaciones de Deporte y Música fueron aprobadas por resoluciones del CPE (en 2023), con validez provincial, y que la tramitación nacional era responsabilidad del propio Consejo.
- Auditorías y mandatos vencidos: La Fundación afirma haber presentado toda la documentación exigida en cuanto la Inspección General de Personas Jurídicas habilitó su recepción. También desmiente haber impedido auditorías y recuerda visitas institucionales recientes a sus sedes, incluyendo al gabinete del gobernador y al área de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social.
“Una escuela vaciada no es continuidad educativa”
Molina también se refirió al argumento oficial de que la continuidad educativa está garantizada. A su entender, cerrar tecnicaturas, eliminar cargos y retener salarios configura un vaciamiento, y lo que se ofrece a cambio es una “escuela sin docentes pagos ni oferta técnica”.
En este sentido, criticó con dureza que el fallo de la Cámara “omite cualquier mención” a las responsabilidades del CPE y del gobierno de Santa Cruz. Según indicó, la sentencia “no interpela” al Estado por incumplir convenios, retener sueldos o desfinanciar programas ya aprobados, y esta omisión, remarca, “demuestra un criterio parcial, desequilibrado y político”.
Para Molina, los jueces de la Cámara no solo se alinearon con el relato oficial, sino que también desvirtuaron el fallo del juez Bersanelli, al que “le hacen decir cosas que nunca dijo”. Reitera que la causa del amparo no cuestionaba la potestad del Estado de definir la oferta educativa, sino el hecho de que el CPE diera de baja sus propias resoluciones, afectando derechos básicos sin cumplir con el debido proceso.