El representante legal, el cura Juan Carlos Molina, emitió un comunicado en el que cuestiona duramente el reciente fallo de la Cámara Civil, Laboral y de Minería de Santa Cruz, y critica declaraciones realizadas por funcionarios del gobierno provincial en relación con la situación de la institución educativa. “No se trata de un pronunciamiento técnico, sino de una decisión política”, afirma Molina.
Santa Cruz15/09/2025
Guillermo Pérez Luque
En el escrito, Molina afirma que el fallo firmado por los jueces Eduardo Gabriel López y Carlos Enrique Arenilla no es una resolución técnica ni imparcial, sino que responde a una clara intencionalidad política alineada con la gestión educativa del gobierno provincial. Según expresó, la sentencia “desconoce pruebas fundamentales” y “simplifica el objeto del amparo” interpuesto por la Fundación, reduciendo una situación compleja —que involucra derechos fundamentales— a un mero conflicto patrimonial.
Afirma que el fallo judicial afecta especialmente a las Casas de la Fundación en El Calafate y en Cañadón Seco, poniendo en riesgo la continuidad de las propuestas educativas y sociales que allí se desarrollan. Molina denunció que se anulan resoluciones claves del Consejo Provincial de Educación (CPE), como la 2890/22 y la 3277/23 —que daban marco a tecnicaturas— y la 3339/23 y 3341/23 —referidas a plantas funcionales—. Esto, advierte, implicará:
Desmentida a funcionarios
El comunicado también apunta directamente contra tres funcionarios provinciales: la mencionada Franchini, el Secretario de Estado de Medios Sergio Bucci y la Coordinadora Regional de Educación Zona Sur, Prof. Noelia Di Lorenzo. Molina los acusa de difundir declaraciones “falsas” que “deben ser desmentidas con claridad”.
Entre las afirmaciones que refuta, menciona:
Molina también se refirió al argumento oficial de que la continuidad educativa está garantizada. A su entender, cerrar tecnicaturas, eliminar cargos y retener salarios configura un vaciamiento, y lo que se ofrece a cambio es una “escuela sin docentes pagos ni oferta técnica”.
En este sentido, criticó con dureza que el fallo de la Cámara “omite cualquier mención” a las responsabilidades del CPE y del gobierno de Santa Cruz. Según indicó, la sentencia “no interpela” al Estado por incumplir convenios, retener sueldos o desfinanciar programas ya aprobados, y esta omisión, remarca, “demuestra un criterio parcial, desequilibrado y político”.
Para Molina, los jueces de la Cámara no solo se alinearon con el relato oficial, sino que también desvirtuaron el fallo del juez Bersanelli, al que “le hacen decir cosas que nunca dijo”. Reitera que la causa del amparo no cuestionaba la potestad del Estado de definir la oferta educativa, sino el hecho de que el CPE diera de baja sus propias resoluciones, afectando derechos básicos sin cumplir con el debido proceso.
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