Diputados rechazaron el veto al financiamiento universitario. Lo que dijo un legislador santacruceño en plena votación
Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, la oposición logró alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la norma y dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo. En plena votación, el diputado santacruceño José Luis Garrido justificó su voto negativo —es decir, a favor del veto de Milei— con fuertes críticas a la gestión de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Cruz, donde señaló hechos de corrupción.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, en una de las votaciones más relevantes de la sesión que también incluyó la discusión sobre la Ley Garrahan. Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, la oposición logró alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la norma y dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo.
El proyecto establece la actualización automática de los fondos para universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia y técnica y actividades de extensión, además de garantizar la recomposición salarial de docentes y no docentes en línea con la inflación.
En plena votación, el diputado santacruceño José Luis Garrido justificó su voto negativo —es decir, a favor del veto de Milei— con fuertes críticas a la gestión de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Cruz, donde señaló hechos de corrupción.
“Sí, universidad pública sí, gratuita también, pero corrupción no, por los robos que hicieron en la UTN en Santa Cruz: De Vido, Ozuna, Goicochea, Barata, Broto, Juan Vargas… todos santacruceños procesados, por el robo de la plata de los argentinos en la universidad de Santa Cruz. Mi voto es negativo”, afirmó Garrido en el recinto.
La norma ahora deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo y al Senado de la Nación, lo que constituye un revés político para el Gobierno nacional, que había vetado la ley sancionada por el Congreso en julio.
Según lo aprobado, desde el 1º de enero de 2025 los montos destinados al funcionamiento de las universidades deberán actualizarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se fija un mecanismo de actualización bimestral y se garantiza la incorporación al salario básico de las sumas no remunerativas durante el año en curso
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