“No se eliminan controles, se fortalece la autonomía provincial”

El diputado José Luis Garrido defendió la reforma de la Ley de Glaciares y respaldó el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Sostuvo que la modificación se alinea con la Constitución y garantiza que las decisiones queden en manos de quienes habitan los territorios.

En el tramo final del extenso debate que culminó con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el legislador santacruceño José Luis Garrido (Por Santa Cruz) manifestó su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno, destacando la necesidad de fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos.

Durante su intervención, Garrido centró su argumento en el principio constitucional que otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, establecido en la reforma de 1994.

“El artículo 124 de la Constitución es claro: los recursos naturales son de las provincias”, señaló el diputado, al tiempo que consideró que la reforma de la ley “consolida esa línea de pensamiento”.

En ese sentido, remarcó que la discusión no debe centrarse en posicionamientos ideológicos, sino en respetar el marco constitucional vigente. “Estamos discutiendo normas que tienen que ser claras y que deben otorgar mayores facultades a las provincias”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la defensa del conocimiento y la responsabilidad de las comunidades locales sobre sus propios recursos.

“Nadie mejor que los santacruceños para cuidar sus glaciares”, expresó, mencionando también a otras provincias cordilleranas como Chubut, Jujuy y Catamarca. Para Garrido, quienes viven en esos territorios “son los que se criaron ahí, los que forman parte de esa comunidad y los que mejor pueden decidir”.

En esa línea, defendió la potestad de los gobiernos provinciales para intervenir en la gestión de los glaciares y los ambientes periglaciares.

El diputado también respondió a algunas críticas de la oposición, al asegurar que la reforma no elimina herramientas de control ambiental.

“No se dejan de lado los estudios de impacto ambiental ni los inventarios”, aclaró, aunque reconoció que las provincias podrán modificarlos en función de sus evaluaciones.

Para Garrido, esto no implica una flexibilización sin control, sino una adecuación a la realidad de cada territorio, con mayor autonomía para decidir.

Respaldo a la reforma

Finalmente, el legislador reafirmó su acompañamiento al proyecto aprobado, al considerar que avanza en una dirección coherente con la Constitución Nacional.

“Debemos ir por ese camino, darle más facultades a las provincias para que puedan decidir sobre sus recursos naturales”, concluyó.

Su postura se alineó con el bloque oficialista y sus aliados, que lograron aprobar la reforma en la madrugada, en medio de un debate atravesado por fuertes diferencias sobre el modelo de desarrollo y la protección ambiental en la Argentina.

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